En La Habana, según afirman líderes del movimiento de reservas campesinas, se están frenando el reconocimiento institucional y la financiación de las zonas de reserva campesinas (ZRC).
César Jerez sostuvo que el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, “encabeza el veto institucional contra las zonas de reserva campesinas”. Jerez explicó en Semana en vivo cómo desde hace varios meses las ZRC han pasado a un segundo plano. Esto se estaría haciendo con el fin de mantener cierto margen de maniobra con las Farc.
En Tibú se reunieron, con estas preocupaciones, campesinos de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Denunciaron el incumplimiento en inversiones y la lentitud con la que avanzan los distintos procesos de constitución de ZRC. El líder Andrés Gil manifestó el interés de la asociación por tener interacción con los diálogos. “¿Que está en debate en La Habana? Lo vemos como algo positivo, pero no fue idea de ellos, ni de las Farc ni del Gobierno. Fue un insumo que nosotros les mandamos”, le dijo Gil a La Silla Vacía. Una de las conclusiones del evento fue declarar una parte del Catatumbo como ZRC de hecho. Creadas por la Ley 160 de 1994, las ZRC son “áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad”.
En Washington, funcionarios del Banco Mundial decidieron, en 1998, financiar proyectos pilotos para apoyar las ZRC, porque encontraron que su desarrollo podría contribuir al “aprendizaje y la innovación”. Con los años, como ya se sabe, estas zonas fueron perdiendo todo apoyo estatal durante el período presidencial de Uribe.
En Bogotá, el expresidente y hoy senador no ha cambiado de parecer. De hecho, tras el anuncio de la ZRC del Catatumbo publicó una foto en la que la tildaba de “cocalera”, “Santuario Frente 33”. El que sí ha cambiado (o siempre ha sido ambiguo) es el actual gobierno, con el que la asociación choca en un punto fundamental: el reconocimiento del campesino como categoría, no sólo para el censo rural, sino como interlocutor.
De Tibú a Bogotá, el recorrido lleva a dos reflexiones. La primera sobre escalas, pues en La Habana se definen espacios en los Santanderes o la Costa (y en algunos casos, como lo demuestra la anécdota del Banco Mundial, las decisiones o proyectos en el papel tienen consecuencias muy distintas cuando llegan a un territorio con procesos organizativos propios). La segunda tiene que ver con las categorías. La asociación lucha por el reconocimiento del campesino, y sus líderes afirman que deben ser interlocutores como “los afros”, “los indígenas” o “las víctimas”. Su petición, sin embargo, no genera empatías ni cubrimiento mediático. En palabras de Salud Hernández, que lo dice con toda la condescendencia y la desconfianza: “Cada vez que me preguntan en la región si creo que volverán las fumigaciones, porque siguen temiendo que reaparezcan y les acaben los cultivos, respondo: ‘Hágale duro, aproveche, que no verá una avioneta. Maduro y los señores de Cuba no lo permiten. Pero les suplico que no enriquezcan más a los Santo Domingo despilfarrando la plata en cerveza’”.
