Aterradoras resultan las denuncias sobre las torturas llevadas a cabo por el Esmad publicadas por El Espectador en su edición del pasado domingo. La periodista que resume el caso, y en cuyo texto me baso, se refiere en su artículo a una demanda por reparación que acaba de llegar al Juzgado 37 Administrativo de Oralidad en Bogotá, por hechos acaecidos en 2013 en la localidad de Soacha. Según el relato, diez hombres que no se conocían entre sí fueron retenidos en momentos en que se desarrollaba el paro agrario y sometidos a golpes, patadas, disparos con pistola de paintball y maltratos con armas de electrochoques, así como a amenazas de muerte y otros atropellos. “Me metieron la cara al orinal —cuenta una víctima—. Me sacaron la cara y me empezaron a pasar corriente con el taser”. Las versiones de los afectados —que fueron exonerados de toda culpa en audiencia del 20 de marzo de 2014— fueron recogidas por el Equipo SiRa, una red española de apoyo en casos de tortura que actúa en varios países y que lo considera un caso “emblemático”.
No es la primera vez que se acusa al Esmad de excesos de fuerza. Habría que decir, en su favor, que su tarea no es fácil, pues están expuestos a la violencia de los vándalos, muchas veces desaforada. Pero una cosa es que en los momentos de refriega usen una fuerza moderada para defenderse y disuadir a los manifestantes, y otra que con sangre fría torturen a aquellos que detienen, sean o no culpables. Y es que su misión es controlar y lo otro es venganza, abuso de poder, delito.
No creo que haya que acabar con el Esmad, pero sí reformarlo de manera profunda. En estos momentos la paz tan anhelada exige cambios que comiencen por reforzar en las fuerzas armadas la conciencia de respeto por los Derechos Humanos. Y que les hagan saber que cuando los violan serán sancionadas tan severamente como cualquier delincuente, porque ellas son representantes del Estado y están llamadas a proteger al ciudadano, no a abusar de él. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tendría que saber que con una Policía sin depurar los abusos pueden ser incontables. Y por eso no debería estar tan satisfecho como dice con el Código de Policía, que en algunos puntos abre una compuerta peligrosa, como en el que dispone el traslado de una persona a una estación o unidad policial cuando “deambule bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas”. Tampoco está bien que se apresure a afirmar, antes de que la justicia se pronuncie, que “había un complot desde fuera para desprestigiar el mando policial” y que la llamada “comunidad del anillo” no existió. Los ministros de Defensa suelen ser defensores incondicionales de las fuerzas armadas, olvidando que estas serían más eficaces si tuvieran credibilidad y fueran admiradas por la ciudadanía. “Arranca una nueva época de la Policía en Colombia”, dice Villegas. Ojalá fuera así, pues hoy el 51% de los colombianos descree de ella. Nadie odia a la Policía porque sí. Lo que quisiéramos es policías bien entrenados, bien remunerados, honestos, confiables y amigos de la ciudadanía. Como la teoría dice que son.
