El Consejo de Estado condenó a la Policía y a la Armada Nacional a pagar 3.000 millones de pesos para indemnizar a los familiares de cinco campesinos asesinados durante la masacre de Pichilín (Sucre) el 4 de diciembre de 1996.
Para la Sección Tercera de este alto tribunal, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, los dos organismos de seguridad fueron cómplices de la masacre al remover los puestos de control que existían en las vías de la zona para permitir el libre tránsito de las autodefensas.
“La ayuda suministrada por los uniformados fue determinante para llevar a cabo el macabro plan de “limpieza” de las AUC”, dicta el documento de la sentencia.
Además, para el Consejo de Estado “está probado” que la Policía y la Armanda conocía con antelación que se iba a llevar a cabo la masacre.
“No sólo guardaron silencio al respecto y no hicieron nada por evitarla, sino que además, lo que resulta más reprochable, es que estuvieron de acuerdo con la misma”, se lee en el documento.
Para este tribunal, las Fuerzas Armadas permitieron que los paramilitares «actuaran con tranquilidad” pues, según las pruebas recolectadas dentro del proceso, los habitantes denunciaron ante las autoridades que eran víctimas de amenazas e intimidaciones.
Para la Sala recordó que el Estado tiene “la obligación ética y jurídica de reparar a las víctimas del conflicto” y, por eso, además de los 3.000 millones de pesos que deberá pagar la Policía y la Armada, tendrán que brindar tratamiento sicológico y sicosocial para los demandantes, realizar una ceremonia conmemorativa en el corregimiento de Pichilín para ofrecer disculpas públicas e instalar una placa en la plaza central con los nombres de los fallecidos.
Esta masacre, que se perpetuó hace 18 años, fue una de las primeras que realizaron los paramilitares en los Montes de María y en ella murieron cerca de 12 personas.
