En las últimas dos semanas, en que el Gobierno se ha concentrado en intentar llegar a un acuerdo con los campesinos del Catatumbo y en desarticular los paros campesinos que amenazan con paralizar el país el lunes festivo, muchos de sus altos funcionarios han sacado tiempo para visitar Tumaco. Y es que en este municipio no hay ninguna posibilidad de un ‘nuevo Catatumbo’, pero se está convirtiendo en una bomba de tiempo silenciosa.
La seguidilla de visitas de alto nivel son la prueba de que algo anda mal en este municipio nariñense. Hace tres semanas estuvieron el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el vice de Interior, Carlos Eduardo Gechem, anunciando el lanzamiento de un plan de choque para frenar la inseguridad en la zona. Tras esa visita, el general Humberto Guatibonza del Gaula se quedó despachando desde Tumaco durante una semana entera. Un par de días después llegó el MinTrabajo Rafael Pardo para evaluar los problemas de empleo.
Esta semana ha tenido una agenda igual de agitada. Arrancó con una visita del Ministro del Interior Fernando Carrillo, para discutir la delicada situación de seguridad de los indígenas awá. El lunes debían ir el vicefiscal Jorge Perdomo y el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, para examinar las dificultades que tiene la justicia en Tumaco, pero tuvieron que aplazar su visita. Y este sábado estarán el MinAgricultura Francisco Estupiñán y el director de Consolidación, el nariñense Germán Chamorro, para mirar cómo se puede relanzar la economía de la zona.
Pero en Tumaco, a diferencia de lo que sucedió en el Catatumbo o de las protestas que se verán el lunes, la crisis es silenciosa. El arrinconamiento de la población civil por parte de las Farc y de los Rastrojos es tan grande que la mayoría de víctimas no se atreve a hablar y mucho menos a organizarse para protestar. Hasta el Obispo Gustavo Girón y Pastoral Social están amenazados por denunciar la realidad de Tumaco, con un casco urbano con una de las situaciones más alarmantes de desplazamiento en el país y una zona rural convertida en el mayor cultivo de coca del país.
“Nos sentimos completamente acorralados, sitiados por lo que está sucediendo. Aunque la cosa viene así desde hace años, sentimos que solo se está empeorando y necesitamos urgentemente que el Gobierno haga algo”, le dijo a La Silla un tumaqueño que ha sido amenazado varias veces este año, quien pidió -como las demás personas consultadas para esta nota- no revelar su nombre por miedo a las represalias.
Estas son los factores que convierten a este municipio de 180 mil habitantes en ‘tierra de nadie’:
El principal problema de Tumaco debería ser en realidad su mayor baza: está ubicado en una zona estratégica de la Costa Pacífica, en la frontera con Ecuador y muy cerca de la Cordillera. Es allí donde termina el Oleoducto Trasandino y se exporta el petróleo traído desde Orito (Putumayo), que le dejó al segundo puerto petrolero del país -después de Coveñas- 23 mil millones de pesos en regalías el año pasado.
Eso lo hace sumamente atractivo para los grupos armados, que han convertido al puerto en el punto de salida de la principal ruta del narcotráfico hacia México. Y también en un mercado perfecto para el microtráfico de drogas, la extorsión y la corrupción, negocios tan rentables hoy en día que tanto las Farc como los Rastrojos han ido cambiando las zonas rurales por el casco urbano.
Eso explica que hoy Tumaco sea el escenario de una dura disputa territorial entre ambos grupos: los Rastrojos y antiguos integrantes del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, por un lado, y el Frente 29 y la columna móvil Daniel Aldana de las Farc por el otro. Desde hace dos años hayevidencias de una alianza entre las Farc y las Águilas Negras -también herederas de los paras- contra los Rastrojos. Aún así, en los últimos meses son los Rastrojos quienes han venido creciendo y expandiéndose por la zona.
Esto a pesar de que Tumaco cuenta con un programa de Consolidación, dos fuerzas de tarea de la Armada y el Ejército, una brigada de la Infantería de Marina y una de Guardacostas del Pacífico. La situación llegó a tal punto de gravedad que en julio se realizó un consejo de seguridad extraordinario en Cali para buscarle salidas a la crisis.
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