Hay que anotar que el solo hecho de que este asunto sea puesto en la mesa ya configura un evento histórico, en la medida en que nunca antes se le había dado a la voz de quienes más han padecido los rigores del conflicto el lugar que, por supuesto, merece. Procesos previos fallaron en este aspecto. Hoy, el país, y esto hay que aplaudirlo, ha entendido que el resarcimiento es un prerrequisito de cualquier paso que se quiera dar hacia mejores tiempos. Fue por esto por lo que el Gobierno sacó adelante, en el cuatrienio pasado, la ley con las herramientas que hacían falta para comenzar a cerrar heridas.
Así, para que el acuerdo que se firme no desconozca su dignidad y para que sea la hoja de ruta de la que tanto se espera que permita cicatrizar heridas abiertas por décadas, a los insumos que lleguen a la mesa luego de los foros previos, como el que tuvo lugar este fin de semana en Villavicencio, se les tiene que dar un trato preferencial. Cualquier avance en esta cuestión será en vano si no se tienen en cuenta sus pretensiones.
Y, justamente, por el peso que tendrán tales demandas, las víctimas deben saber aprovechar la oportunidad, encontrarse en sus coincidencias y minimizar sus diferencias. Es de esperar que sepan dimensionar la importancia de esta coyuntura –quizás irrepetible– y, en consecuencia, asuman un ánimo constructivo, que incluye prestar oídos sordos a voces externas a su causa y, sobre todo, a su drama, que buscan atizar los ánimos.
Por lo pronto, han pedido verdad, mecanismos para la no revictimización y justicia sin impunidad, tres demandas que están lejos de ser exageradas o desatinadas. Al contrario, son requisitos para que la paz sea duradera y están en sintonía con lo que un sector mayoritario de la opinión espera del proceso. Han insistido en su aspiración de que los victimarios pidan perdón, elemento fundamental para la reconciliación, como lo es la verdad para la reparación.
Y aunque las primeras señales son positivas, serán inevitables los desencuentros, fruto de aspiraciones que no serán plenamente satisfechas. El duro reto para los negociadores es encontrar el punto de equilibrio entre un acuerdo de paz, derecho del que deben gozar todos los colombianos, según reza la Constitución, y las demandas de quienes han sufrido en carne propia la guerra.
No es una tarea fácil. Lo que queda claro por ahora es que hay tareas inaplazables, que, de concretarse, no solo serán un alivio para las víctimas, sino un mensaje contundente para quienes aún ven con escepticismo esta negociación. Es fundamental que la sociedad conozca la verdad sobre crímenes atroces y que los comandantes de las Farc reconozcan a sus víctimas –aspecto en el que hay importantes avances– y expresen su arrepentimiento por el daño causado. Ligado a esto está el que haya algún tipo de castigo.
Si se cumple lo anterior, se habrá alcanzado el objetivo de sentar las bases para la paz, sin menoscabar la dignidad de las víctimas. Y, más importante, se habrán roto por fin esas cadenas de venganza que mueven el engranaje de una guerra que desde 1984 ha dejado más de 6 millones de ellas.
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