Solo una verdadera reforma que construya un sistema de salud ordenado, eficiente y transparente evitará que la gente tenga que recurrir a la tutela para reclamar los servicios más básicos.
El creciente número de acciones de tutela en salud evidencia el caos estructural en el que está sumergido desde hace años el sector.
Sería fácil, sin embargo, quedarse con la idea de que las 114.313 acciones de esta clase interpuestas por ciudadanos el año pasado para reclamar servicios no son otra cosa que la violación de un derecho fundamental. Así, bastaría con señalar a los supuestos responsables y sancionarlos debidamente.
No obstante, el asunto tiene matices ligados a los cimientos del sistema.
Para empezar, hay que decir que la salud fue concebida por la Constitución como un servicio universal, que progresivamente se fue convirtiendo en un derecho; en el 2008, la Corte Constitucional lo consolidó como tal, con un carácter autónomo.
El problema es que ese proceso se dio sin que se ajustara a este concepto el andamiaje del sector –del que hacen parte el modelo de atención, las fuentes de financiación, el papel de los actores que lo conforman y el flujo de los recursos–, ni se definieran con claridad los beneficios para la gente. Todo ello, en medio de una enorme fragilidad regulatoria y una marcada debilidad de la vigilancia y el control.
En tal escenario, cada actor trata de moverse de acuerdo con sus propias reglas. Entre ellos se destacan los ciudadanos, necesitados de un esquema que solucione sus problemas y les garantice bienestar; el Gobierno y el Congreso, que tratan, a punta de normas coyunturales y puntuales, de taponar los huecos más grandes; unos intermediarios, que hacen cuanto sea necesario para que prevalezcan sus intereses; unos prestadores de servicios, que viven de atender enfermos en lugar de mantener a la población sana, y un sistema judicial, que, según el propio Defensor del Pueblo, hoy coadministra la salud.
Lo curioso es que todos ellos se sienten víctimas del modelo, razón por la cual tratan de imponer sus propias soluciones. El Gobierno y el Congreso buscan reformar nuevamente la salud; las EPS prestan servicios, pero también ponen en marcha mecanismos de contención de gastos para no afectar su patrimonio; los hospitales se preocupan ante todo por que se les paguen los servicios prestados y evitar cierres por deudas, y los usuarios hacen uso de los canales legales al sentir vulnerado su derecho.
En esta desarticulación abundan intereses de toda clase que, por lo general, se alejan del bienestar de la población. Politiqueros, corruptos y avivatos encuentran en este caos una fuente de lucro.
En semejante situación, un conteo anual de tutelas se vuelve parte del paisaje para muchos, incluso si este arroja datos inauditos, como que la ciudadanía tiene que reclamar por esta vía hasta los servicios básicos que ya tiene cubiertos.
Que quede claro que ni los hacedores de políticas ni las autoridades de la salud pueden permitirse a estas alturas caer también en ese marasmo general. Aún están a tiempo de abordar con seriedad un verdadero proceso de reforma, que le sirva a la gente y que sea capaz, por fin, de construir un sistema ordenado, eficiente y transparente.
Tienen la palabra la Corte Constitucional, que examina la recién aprobada ley estatutaria de salud, y el Congreso y el Gobierno, cuyo deber es revisar con lupa el proyecto de ley ordinaria que se tramita y que ya es blanco de toda clase de cuestionamientos. Es eso o asumir que el país seguirá, cada año, rasgándose las vestiduras ante cada nuevo informe de tutelas de la Defensoría.
