El próximo 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El Espectador habló con la directora de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), Kathryne Bomberger.
En la identificación de los cuerpos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York estuvo presente la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés). Su trabajo ayudó al reconocimiento de casi el 100% de las cerca de 3.000 personas que quedaron entre los escombros tras el colapso de los edificios. Hicieron lo mismo en Tailandia tras el tsunami de 2004, en el que desaparecieron 2.800 personas que hasta hoy se siguen buscando.
En cambio su presencia en Colombia, un país en el cual, según la Fiscalía, existen más de 20 mil personas enterradas sin identificar, llegó hasta 2010 por falta de recursos económicos que hasta ese año habían dado gobiernos como el de España, Reino Unido y Alemania. Su directora, Kathryne Bomberge, habló con El Espectador sobre la urgencia de abordar esta situación, y dio algunas recomendaciones para que el trabajo de la Fiscalía y los organismos encargados de recuperar, identificar y regresar los cuerpos a sus familiares sea más rápido y con mejores estándares de calidad.
¿Cuáles fueron los principales desafíos de la ICMP mientras estuvo en Colombia?
Aunque nosotros salimos de Colombia en 2010, en los últimos años el Gobierno ha demostrado su interés en empezar a tratar el problema de las personas desaparecidas. Sin embargo, mientras estuvimos allí encontramos que existen muchas deficiencias en el proceso de recuperación e identificación, que debilitan los objetivos que se ha planteado el Estado: verdad, justicia y reparación para las víctimas.
¿A qué se refiere con deficiencias?
Me refiero, por ejemplo, a la falta de leyes relacionadas con el proceso de localización, recuperación e identificación de víctimas de desapariciones forzadas, así como la ausencia de esfuerzos de parte del Estado para determinar el tamaño de este problema. Pero también a la falta de compromiso de la propia sociedad civil frente a este tema.
¿Por qué es importante que un país como Colombia, con un conflicto de más de 50 años, enfrente el problema de los desaparecidos con todos los recursos posibles?
Porque se trata de un tema de derechos humanos que además es vital para la justicia transicional, pues ayuda a evitar que surjan nuevos conflictos en el futuro. Asimismo, en muchos de los casos que hemos trabajado, las propias autoridades han estado involucradas en casos de desaparición forzada y mientras están en el poder, tienen la verdad y los detalles de las desapariciones. Por eso, la creación de instituciones gubernamentales fuertes y una legislación con el mismo alcance son vitales para que la sociedad recupere la confianza en el Estado.
Un gran desafío en Colombia a la hora de identificar a personas desaparecidas son los cuerpos enterrados sin ninguna identificación. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema?
Aunque en Colombia hay un número grande de antropólogos muy bien entrenados, la Comisión considera que hace falta más y mejor capacidad a la hora de recuperar cuerpos encontrados en lugares complicados como La Escombrera en Medellín. La falta de experiencia y de buenas técnicas trae sus consecuencias, como por ejemplo la recuperación incompleta de los restos, una inadecuada separación de los cuerpos que fueron enterrados en una sola fosa o una deficiente separación en los laboratorios previa a la entrega a los familiares o a la entrada a los inventarios. Por esto es necesario el entrenamiento de los científicos y antropólogos para que su trabajo pueda realizarse con los mejores estándares de calidad y cuidado.
El tema de las ejecuciones extrajudiciales ha sido polémica nacional desde hace ocho años. ¿Qué recomienda la Comisión para enfrentar este problema?
Primero, es importante que se aseguren que el Gobierno y las autoridades estén dispuestos a resolver el problema. La creación de instituciones jurídicas sostenibles y la cooperación de todos los actores involucrados es otro punto fundamental para tener en cuenta. Segundo, la inclusión de la sociedad civil no se puede ignorar, pues normalmente tiene información importante sobre las desapariciones y referencias que son vitales a la hora de cruzar datos genéticos como el ADN.
¿Qué otras recomendaciones puede darle la Comisión a Colombia?
Por ejemplo, las autoridades tienden a concentrarse solamente en la desaparición y no obtienen datos sobre crímenes relacionados; no siempre investigan de manera apropiada las circunstancias que rodearon la desaparición, los posibles responsables o la presunta localización de las tumbas clandestinas; y si logran recuperar este tipo de información, no lo hacen con la precisión requerida. Colombia podría trabajar en eso.
¿Qué obstáculos encuentra para que este país garantice justicia?
Un obstáculo principal está relacionado con las fallas en las investigaciones. El tamaño del territorio colombiano, la estimación inicial de la magnitud del problema, que el sistema se base casi exclusivamente en relatos de testigos, y las categorías técnicas que existen para la información, hacen obligatorio que se tenga un alto nivel de uniformidad en el manejo de los datos. Si estas circunstancias no se abordan apropiada y oportunamente, las consecuencias son negativas para los desaparecidos y sus familias.
