El pasado 22 de julio, la Fiscalía le advirtió al extraditado excomandante paramilitar que solicitará su exclusión de Justicia y Paz si no empieza a confesar sus crímenes.
En Estados Unidos, como regla general, se divulga la información de los casos que se llevan en sus cortes. Usar ese sistema público para establecer en qué va el proceso penal contra el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, sin embargo, no es posible. Los abogados penalistas de ese país saben que cuando los datos escasean o el expediente aparece sellado, es porque el detenido está colaborando con la justicia norteamericana. En Colombia, no obstante, no se tiene ni un detalle de lo que Tovar Pupo, alias Jorge 40, está negociando. Acá sólo se sabe que, en relación con el programa de Justicia y Paz, su colaboración ha sido nula. Y que en EE.UU., luego de cinco años de su extradición, no ha recibido condena.
Justicia y Paz, aprobada con la Ley 975 del 25 de julio de 2005, acaba de cumplir ocho años y es Jorge 40 quien simboliza las dos caras de la moneda. Fuentes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía le aseguran a este diario que 40 no es indispensable para reconstruir la historia del bloque Norte, el cual comandó durante al menos seis años y tuvo injerencia en toda la Costa Caribe. Tovar Pupo, por su parte, ha mostrado su desinterés en cooperar con el sistema legal colombiano desde que fue extraditado. Y en ese vaivén, son las víctimas las afectadas: Jorge 40, como tantos otros desmovilizados, sigue guardando sus verdades de la guerra, entregó para reparación sólo los bienes que quiso (nueve predios) y nunca ha pedido perdón.
La Fiscalía le dio un ultimátum: o en la próxima audiencia empieza a rendir una versión libre que muestre su compromiso hacia el proceso de desmovilización que él mismo protagonizó, o se solicita su exclusión. La audiencia en la que el organismo investigativo le iba a dar el último chance a 40 estaba programada para el pasado 22 de julio pero, por solicitud de sus abogados, la diligencia se aplazó. Fuentes de la Unidad de Justicia y Paz le confirmaron a este diario que a Tovar Pupo se le acabaron las oportunidades: o habla o se enfrenta a la justicia ordinaria. Allegados suyos, sin embargo, sostienen que poco le importa la advertencia: hace cinco años que fue enviado a Estados Unidos, pero su resentimiento por haber sido extraditado no cesa.
Pensando en el futuro
En tiempos en que se discute el Marco Legal para la Paz, el cual según el presidente Juan Manuel Santos es indispensable para que los diálogos con las Farc culminen de manera exitosa, los precedentes sentados por el programa de Justicia y Paz son el espejo retrovisor que las autoridades tendrán que mirar cuando se piense —si es que se llega a ese escenario— en cómo hacer que la guerrilla se responsabilice por su barbarie. En estos ocho años, durante los cuales la Unidad de Justicia y Paz ha estado bajo la batuta de tres fiscales generales elegidos por la Corte Suprema y dos encargados, son varias las cifras que indican que la iniciativa fue efectiva. Otras, sin embargo, dejan ver que un sistema igual no podría aplicarse a las Farc.
Gracias a Justicia y Paz se ha conocido en detalle el alcance de la sevicia paramilitar. Torturas, mutilaciones, asesinatos selectivos, persecuciones, intimidaciones, masacres, abusos sexuales; los delitos más crueles conforman el repertorio criminal de 39.546 hechos confesados por más de 4.400 postulados. Se han admitido más de 25 mil homicidios, más de mil masacres, casi dos mil secuestros. Los resultados en desaparición forzada, delito en el cual Colombia siempre ha estado rezagada —según cifras oficiales, en el país hay más de 60 mil desaparecidos—, son quizá por ese mismo rezago los más valiosos: 1.813 cuerpos han sido entregados a sus familias, 4.809 cadáveres han sido identificados y 3.929 fosas han sido exhumadas.
Gracias a Justicia y Paz, además, la justicia ha podido confirmar los nexos de los ‘paras’ con miembros de las Fuerza Pública (tanto rasos como coroneles y generales). La información de las versiones libres también se tradujo en la parapolítica: los colombianos parecen haber perdido ya la cuenta de cuántos excongresistas han sido condenados por su relación con las autodefensas (van más de 50). Relacionar el éxito de Justicia y Paz sólo con las cifras, sin embargo, es engañoso. A la fecha, la Fiscalía sigue con la gran deuda de esclarecerle al país qué empresas o élites económicas contribuyeron en la creación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares.
Y esa no es la única deuda. A la fecha, el organismo investigativo sólo ha solicitado la imputación de cargos a menos del 25% de los postulados. El enmarañado y burocrático sistema de Justicia y Paz ha derivado en que apenas se hayan obtenido 14 condenas contra exparamilitares, de las cuales sólo nueve han sido confirmadas por la Corte Suprema de Justicia. Es por ello que la Fiscalía de Eduardo Montealegre diseñó un nuevo sistema, en el cual se imputarán cargos en la primera semana de agosto a 13 exjefes paramilitares, dos de las Farc y uno del Ejército Revolucionario Guevarista. Serán imputaciones masivas que contendrán los delitos cometidos tanto por ellos como por su bloque. Se dejarían de ver hechos aislados y se empezaría a entender la “macrocriminalidad”.
No es claro aún si las Farc firmarán un acuerdo de paz ni cómo esa guerrilla asumiría sus graves crímenes, pero la apuesta del gobierno Santos es por un Marco Legal para la Paz que priorice actos violentos por su impacto, sistematicidad o autores, lo que implicaría no investigar otros episodios. Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y funcionarios como el procurador Alejandro Ordóñez le pidieron ayer a la Corte Constitucional que no le dé vía libre a esa iniciativa, argumentando que la impunidad estaría a la vuelta de la esquina. El presidente Santos, apoyado por el fiscal Montealegre, aseguró lo contrario: el sistema funciona porque es realista frente a la capacidad del Estado colombiano. En qué orilla se situará la Corte, sólo se sabrá el próximo 21 de agosto.
dduran@elespectador.com
@dicaduran
Por: Diana Carolina Durán Núñez
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ultimatum-jorge-40-articulo-436102
