Considera que a entidades encargadas de atender a esa población les falta «diligencia y prontitud».
La Corte Constitucional pidió a Procuraduría y Contraloría investigar a funcionarios encargados de la atención de víctimas por incumplimiento de las disposiciones de dos sentencias.
Ordena también el diseño de un esquema de protección inmediata para 30 mujeres representantes de ONG de desplazados que están en riesgo por el asedio de los grupos armados ilegales.
«El Gobierno Nacional, bajo la coordinación de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas no ha dado cumplimiento cabal de crear e implementar un programa de prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado interno. Como consecuencia, la Sala solicita a la Procuraduría y a la Contraloría que, en el ámbito de sus competencias legales y constitucionales, inicien las actuaciones a las que haya lugar (…)», señala la Corte.
Según el alto tribunal, mientras aumentan los homicidios y los actos de violencia sexual contra las mujeres víctimas de desplazamiento en Colombia, las entidades del Gobierno encargadas de auxiliar y atender a esta población actúan de manera desarticulada y «con falta de diligencia y prontitud».
Citando estadísticas de la Presidencia de la República y Medicina Legal resaltan que, en promedio, 149 mujeres son víctimas de una agresión sexual a diario en el país, los homicidios aumentaron 29 por ciento (solo en un año, 2009-2010, los casos pasaron de 24 a 54 muertes) y los hechos pasaron de 29 a 69 municipios. También resaltaron que de 219 agresiones sexuales atendidas por las autoridades en más de la mitad de los casos los autores fueron la fuerza Pública y los grupos armados ilegales (Farc, Eln o Bacrim).
«Esta Corte observa que la violencia sexual en el marco del conflicto sigue cometiéndose como una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano y se ha perpetrado de manera brutal y aterradora contra las mujeres defensoras de derechos humanos», dijo la Corte en su decisión.
Las versiones obtenidas por la Corte indican que los grupos armados ilegales persiguen a estas mujeres como una forma de disuadir a las comunidades para continuar sus reclamaciones en casos de tierras. En otros casos, buscan «castigar» a los desplazados por sus denuncias y para demostrar poder.
Muchas contaron a los magistrados que la misma comunidad las obliga a dejar el grupo porque se habían convertido en un riesgo para ellos mismos. Otras admitieron que acudieron a los jefes criminales con influencia en las zonas en las que residen para tranzar con ellos. De esa forma evitaron que sus hijos o familiares fueran asesinados, reclutados, abusados sexualmente o forzados a hacer trabajos domésticos.
A juicio de la Corte, la atención a las víctimas es precaria. Según los testimonios e informes analizados por la Corte, en casos de violencia sexual las mujeres son remitidas de una entidad a otra y no les brindan el auxilio. La atención médica es insuficiente lo mismo que el acompañamiento jurídico y psicológico. Tampoco cuenta con recursos para subsistir ni atención psicosocial.
«De acuerdo a la información allegada a esta Sala, se presentan serias falencias en la atención de las mujeres líderes desplazadas que son víctimas de agresiones violentas que conllevan a la vulneración de derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital y a recibir un trato digno de parte de las autoridades públicas y la atención integral debida y especializada en casos de necesidad y urgencia excepcional», agrega la Corte en su decisión.
En su pronunciamiento, el alto tribunal le ordena al Ministerio del Interior ajustar sus esquemas de seguridad para estas personas y en un mes presentar un informe sobre el avance de estas acciones
También le da al gobierno tres meses para que diseñe una política integral de promoción y defensa de los derechos humanos a desplazados y que incluya a comunidades indígenas y afrodescendientes en medio del conflicto armado y con un enfoque en violencia étnica y de género.
Para aplicar esta política, el gobierno tiene un mes para presentar ante la Corte un informe sobre el impacto del conflicto armado en el desplazamiento de comunidades y la violencia contra la mujer, los indígenas y afrosdescendientes.
El marzo pasado, la Corte Constitucional ordenó una inspección judicial a la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad de Víctimas, del Gobierno Nacional, en la que se verifique sus actuaciones en unos 150 hechos de desplazamientos que ocurrieron entre el 2012 y el 2013 en 15 departamentos.
“La Corte ha recibido informes permanentes de las entidades territoriales, de los órganos de control, de organismos internacionales y organizaciones humanitarias que atienden a las víctimas, de jueces de tutela y de víctimas, señalando un grave retroceso en materia de atención y protección a las víctimas y de articulación de esfuerzos entre la Nación y las entidades territoriales”, señaló el magistrado Luis Ernesto Vargas en la decisión.
REDACCIÓN JUSTICIA
