Si antes del 2 de noviembre del 2015 no hay acusaciones en firme, los autores materiales e intelectuales del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado quedarán blindados contra acciones de la justicia por haberse cumplido el tiempo de prescripción.
Por ahora, la Fiscalía sigue evaluando los argumentos jurídicos de los sectores que sostienen que ese crimen debe ser declarado delito de lesa humanidad y, de esa manera, evitar la impunidad con la prescripción.
Evitar que el crimen prescriba fue la intención que llevó a los expresidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe a pedirle, en una carta, al fiscal Eduardo Montealegre que le dé el estatus de lesa humanidad al caso. La misiva se suma a las peticiones de miembros de la familia de Gómez Hurtado, sectores políticos y la Procuraduría.
“Han pasado ya 19 años de impunidad, en los cuales muchos de los autores materiales y, lo que es peor, de los autores intelectuales han tenido plena libertad para continuar actuando dentro de la sociedad colombiana en contra del Estado social de derecho, del fortalecimiento institucional y de los principios y valores de una sociedad ética, justa y desarrollada, con los cuales Álvaro Gómez Hurtado expresó su pensamiento político”, dice la carta.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que aún no hay elementos concluyentes para hablar de un crimen de Estado. Pero, incluso, si así lo considerara la Fiscalía o le diera la calificación de magnicidio, esto no implicaría, explicó el exvicefiscal Wilson Martínez, que se afecten los tiempos de prescripción (20 años, la pena vigente en 1995 para homicidio).
Para que un delito sea declarado de lesa humanidad debe consistir en un ataque “sistemático y generalizado” contra la población civil, usualmente contra grupos políticos, étnicos o religiosos.
Hace un año, el fiscal Montealegre dijo que no había “riesgo de impunidad” en el caso y que la Fiscalía avanzaba “sobre hipótesis muy serias” en la investigación, que, sin embargo, hasta ahora no se han traducido en decisiones de fondo.
Por el magnicidio del líder conservador hay tres investigaciones, que realizan una fiscal delegada ante la Corte Suprema, un fiscal antiterrorismo y un fiscal de la dirección de análisis y contexto.
Además de la hipótesis del crimen cometido por militares, supuestamente para presionar la crisis de la presidencia de Ernesto Samper –quien no aparece como firmante de la carta– por la financiación del cartel de Cali en la campaña de 1994, se ha manejado la versión del capo ‘Rasguño’, quien sostiene que se trató de un supuesto ‘favor’ del cartel del norte del Valle al Gobierno. Pero tanto Samper como su ministro Horacio Serpa han negado cualquier responsabilidad.
Héctor Paúl Flórez es el único condenado por el asesinato de Gómez Hurtado. Flórez le dijo a la justicia que formaba parte de un grupo paramilitar supuestamente financiado por inteligencia militar y que había participado en el atentado.
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