Uno de los puntos más polémicos de la Comisión de la Verdad acordada en la Habana es que no solo servirá para que se esclarezcan los hechos cometidos en el conflicto por parte de guerrilleros, paramilitares y soldados sino también por otros protagonistas, como por ejemplo los empresarios que financiaron a los paramilitares. Y hay un caso en particular que muchos tienen en mente: el de los bananeros en el Urabá antioqueño denunciados por Raúl Hazbún.
“A mí me daban tres centavos de dólar mensuales por caja de banano y me entraban más o menos 400 millones al mes,” dijo en 2011 el jefe del bloque bananero de los paramilitares al denunciar ante Justicia y Paz que 270 bananeros y 400 ganaderos le entregaron dinero a su organización, como lo registró la revista Semana. “Sume otros 200 de los ganaderos y otros 100 de los comerciantes. Eran 600 millones de pesos mensuales, que anualmente serían 7.200 millones de pesos. Eso me entraba a mí al año solo de Urabá. Con 7.200 millones de pesos al año nosotros delinquimos durante diez años.”
Si bien varios empresarios del Urabá hoy son acusados de despojo por organizaciones de víctimas en la región, las peticiones de restitución de tierra han sido más numerosas contra ganaderos, y los reclamos han sido menos en la zona del eje bananero que va desde Apartadó hasta Turbo.
A excepción de un caso. Hay un proceso de restitución que es famoso entre organizaciones sociales y funcionarios, y debería ser fallado este año por tres magistrados de tierras en Medellín.
Cómo se defina este caso puede ser simbólico para los campesinos que sienten que los empresarios bananeros han pasado de agache en el proceso de restitución de tierras y también servirá de indicio sobre el tipo de participación que tendrían los empresarios en una eventual Comisión de la Verdad. Y este caso, además, está en el corazón del banano.
Plinio y John Jairo
Se trata del caso en una vereda llamada Rancho California, situada en la mitad de todas las plantaciones de banano del Urabá.
Para llegar a Rancho California se debe ir por la vía de Apartadó a Turbo, en la que de lado y lado hay plantaciones interminables de banano. En la mitad del camino, hay una entrada a las plantaciones, que permiten entrar a un mundo laberíntico de bananos. Y a partir de ahí, es todo un zigzag llegar hasta la vereda California: todo el banano se ve igual, todo el camino se ve igual, y hay que saber bien a qué lado cruzar cuando el camino se bifurca en dos.
John Jairo Pérez, un hombre de 46 años de San Pedro de Urabá, se sabe perfectamente el camino. El es uno de los reclamantes de tierras de la finca ‘la niña’ en la vereda Rancho California, y dice que llegó a esa tierra en 1984.
“Éramos una vereda de productores, parceleros, campesinos, que se tomaron esa tierra hace 28, 29 años,” dice John Jairo, mientras explica que llegaron 36 familias a ese lugar en el que cultivaban plátano. “El campesino siempre se ha sostenido del cultivo de plátano en esta zona. El banano no, porque el banano ya son empresas muy grandes que un pobre no le da cómo sostenerlas.”
Aunque la mata de banano y plátano parecen idénticas, John Jairo explica que la segunda necesita de menos mano de obra, menos distritos de riego o menos cuidado con pesticidas. Por eso es que los campesinos como él podían cultivar plátano con dos o tres hectáreas y pocos recursos.
“Y teníamos cultivos de pancoger también, como árboles frutales de mango, coco, teníamos aguacate, zapote, guanábana y noni” recuerda John. “Ustedes los rolos no saben qué es el noni, esa era una planta verde que usábamos como medicina, eso servía para todo.”
En medio del camino, John señala un cultivo de banano. “Esa era la entrada de mi finca,” dice. “Eso era mío, yo tenía plátano ahí. Ahora usted, si se fija, ve que eso no es plátano. Eso es banano, se llenó de banano después de que me desplazaron a mi.”
La historia de Pérez no es la típica historia del despojo: a él ni a las familias que se desplazaron con él les dijeron que se fueran de un día para otro. Pero fue ligeramente parecido.
De acuerdo a John Jairo, el terreno en Rancho California que las 36 familias ocuparon en los ochentas, pertenecía al jefe paramilitar Raúl Hazbún que en esa época aún no dirigía un bloque de las AUC sino que era empresario bananero.
La guerrilla del EPL invadió Rancho California a mitad de los ochenta bajo el argumento de que no estaban siendo explotadas esas tierras. Y efectivamente no lo estaban siendo, porque el Incora –hoy Incoder- tenía las tierras en proceso de extinción de dominio por su falta de uso desde 1989.
Pero las familias como la de John Jairo que se beneficiaron por la apropiación nunca le pidieron al Incoder que les adjudicaran las tierras, por ignorar que estaban en proceso de extinción de dominio. “Sencillamente estábamos ahí, y ya,” dice John Jairo. “Pero luego en el 2000, aparece un señor diciendo que representaba al dueño de esos predios y quería negociarlas.”
El señor que se acercó se llama Felipe Echeverri, y junto a su madre Rosalba Zapata, dueña de Bananeras de Urabá S.A., es uno de los bananeros más importantes en la zona. Ambos exportan banano a Estados Unidos y Europa a través de comercializadoras de banano.
De hecho, él y su madre son claves para una de las comercializadoras más importantes en la zona: Uniban S.A. Esta empresa comercializó buena parte del banano de Chiquita Brands después de que esta última se fuera del país tras admitir su apoyo a los paramilitares.
John Jairo dice que seis personas de las 36 familias fueron a reunirse con Felipe Echeverri en una vereda llamada ‘La Teca’, a decirle que no tenían dinero para pagar esa tierra.
“Pero Felipe Echeverri estaba con dos paramilitares, Antonio Arboleda que era comandante de las Convivir, y con Rafael García, un paramilitar que llamaban alias ‘El Viejo’.”
Árboleda fue condenado en el 2010 por delito de concierto para delinquir agravado, y ‘El Viejo’ se suscribió a la ley de Justicia y Paz después de la desmovilización de los paramilitares en el 2006.
“Ellos pusieron armas encima de la mesa de negociación,” dice John. “Y dijeron que debíamos negociar, o negociar. Entonces se dijo que debíamos pagar cuatro millones de pesos por hectárea. Yo tenía dos hectáreas. Y no las pude pagar. No me alcanzaba.”
El pago no sería en efectivo. El pago era a través de Banacol, una comercializadora que compra plátano a campesinos en la región. “Nos iban descontando por caja de plátano que les vendíamos, pero entonces no nos quedaba nada de plata para vivir,” dice John. “Yo pagué 36 meses, tres años, pero no me alcanzó.”
Entonces, junto con otras 15 familias que no alcanzaron a pagar, John Jairo y otros se fueron de esas tierras. “Pero luego nos dimos cuenta de que esas tierras eran baldíos de la Nación, que no le pertenecían a Hazbún sino al Estado” dice John. “Pero ya nos habíamos ido, era demasiado tarde.”
Unos quince minutos después de entrar a las plantaciones de banano, cerca de donde John Jairo Pérez dijo que estaba su finca, se encuentra un ranchito en madera de color agua marina donde vive un hombre con su esposa y cuatro hijos. El se llama Plinio Cabrales, es cordobés, tiene 76 años, y es el suegro de John Jairo.
Plinio también dice haber sido víctima de la estafa, pero no se fue de ahí como lo hicieron sus vecinos. Por eso ahora él vive rodeado de banano.
“Yo alcancé a pagar,” dice Plinio. “Por eso no me fui. Pero tenía miedo, claro que tenía miedo, pero no me fui”.
Plinio y su esposa cuentan que no comieron sino plátano con café durante todos los meses que se demoraron en pagar esa tierra a Felipe Echeverri, y que sacaron a sus hijos del colegio porque no tenían cómo darles una lonchera.
“Nunca había yo reunido 10 millones de pesos para nada, ni para comprarme un mercado, ni para bebérmelo en ron, ¡para nada!” dice Plinio. “¿Cómo se le ocurre a una persona de esas estafar a un pobre?”
La de Plinio es una de las 21 familias que alcanzaron a pagar el dinero a Felipe Echeverri y no se fueron, pero uno de los pocos que se han atrevido a denunciar la estafa ante los tribunales. Otra de las personas afectadas por esa estafa es la sobrina de Plinio, Carmen Palencia, la líder de víctimas que ahora vive en Bogotá por amenazas en su contra.
Los que no se fueron, cuando se enteraron de que las tierras eran del Estado, consiguieron que el Incora les titulara los predios. Pero eso no pudieron exigirlo las 15 familias que salieron desplazadas porque sus terrenos ya estaban cubiertos en banano de Felipe Echeverri.
“Yo quiero que ellos vengan otra vez, que les devuelvan sus tierras,” dice Plinio. “Yo quiero recordar los tiempos en que estábamos juntos acá, otra vez. Éramos una vereda muy unida, lo que no tenía el uno, el otro le daba.”
Alrededor de Plinio Cabrales ahora hay kilómetros de banano. “Y eso hace mucho daño,” dice Cabrales, “porque nos hace daño el veneno de las avionetas que fumigan la plantación. Ese veneno le puede hacer daño a la vista, inclusive los trabajadores no van a trabajar sino hasta que la avioneta ya haya fumigado.”
Plinio aún no entiende cómo no se fue: vio cómo se desplazaron sus familiares como John, cómo los paramilitares mataron a trabajadores de los sindicatos, y escuchó cerca de su casa los tiros de las peores masacres.
A pocos metros de su rancho, se llevó a cabo la masacre en la finca ‘Honduras’, el 4 de marzo de 1988. En ese entonces el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño –comandado por Fidel Castaño- asesinó a 17 trabajadores de una bananera, acusados de guerrilleros. La finca era de Rosalba Zapata, la madre de Felipe Echeverri.
“Se oía una tarrandanga de plomo,” recuerda Plinio. “Nosotros yo no entiendo cómo no estamos muertos del corazón, el corazón de nosotros es como de piedra, porque se aguantó. Esa masacre fue a la una de la madrugada, yo me desperté y oía: ¡tan tan tan!. La madre, yo me senté en la cama y no me podía parar. Yo pensaba que era acá al lado, que venían es por nosotros. Al día siguiente nos enteramos de lo que pasó.”
La versión de Felipe Echeverri
“Todo lo que dicen ellos es mentira,” dice Felipe Echeverri. “Y todas las mentiras que dicen han afectado mi reputación, los bancos me han cerrado el acceso a crédito, me han congelado una cuenta bancaria, fueron varios bancos los que me han cerrado las puertas por todo esto.” Ahora, sobre el proceso de restitución de tierras, Felipe Echeverri dice que le “parece un cheque en blanco para que lo extorsionen a uno.”
Este empresario paisa sabe que una de las personas que están apoyando las demandas de tierras en su contra es el abogado Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
Para Echeverri, Vega no tiene ninguna legitimidad política para estar ayudando como abogado a los campesinos por haber sido parte del EPL, guerrilla que promovió la invasión de tierras en los ochentas con el lema de que la tierra era para el que la trabaja.
“Él era parte del conflicto,” dice Echeverri, “ellos no pagaron ni un día de cárcel.”
Echeverri dice que él negoció con el Incora una tierra que le fue invadida en los ochentas por el EPL, colindante a la de Rancho California. “Y como eso salió bien, Raúl Hazbún me pidió luego que negociara los terrenos en Rancho California a favor de él. Entonces yo sí fui el negociador de Rancho California.”
Hay dos diferencias fundamentales entre la versión de los campesinos y la de Echeverri. La primera, que Echeverri dice que las tierras no habían pasado a ser del Estado aún, sino que estaban en proceso de extinción de dominio cuando arrancó el negocio y que los campesinos estaban advertidos de que eso podía pasar.
La versión de los campesinos dice que ya había pasado la extinción de dominio, y ellos no estaban enterados de ese proceso en el Incora.
Y la segunda diferencia, que es clave, es que Felipe Echeverri niega que en la mesa de negociación hubiera presión de los armados. Pero no niega que Rafael García haya estado. “Ellos [los campesinos] pidieron que él estuviera, él ya era de los paramilitares pero había sido EPL”.
Hubo un sector del EPL que, después de la desmovilización en 1991 se unió a los paramilitares tras ser perseguidos por las Farc, que los consideraba traidores a la causa revolucionaria.
Pero por otro lado, gente como Carmen Palencia que vivía en Rancho California se separó del EPL cuando esos excombatientes se unieron a los paras. Rafael García no era amigo de la comunidad de Rancho California, según cuentan John Jairo, Plinio y Carmen Palencia.
“Ya unos años después de la negociación, ya los campesinos se desesperaron y llamaron a Gerardo Vega para demandarme,” dice Echeverri. “Yo le dije que él era un aparecido en el Urabá.”
Felipe Echeverri aumentó el tamaño de sus tierras durante la expansión paramilitar, lo cual tiende una sospecha sobre su propiedad en el proceso de restitución de tierras. “Nosotros queríamos invertir en Colombia,” dice en su defensa, “no nos pueden acusar por eso.”
Lo otro que juega en su contra, es que Echeverri estaba negociando las tierras del jefe paramilitar más importante en la zona, Raúl Hazbún, también representante de la Convivir Papagayo en la zona.
“Pero yo no sabía que él era jefe paramilitar, de eso nos enteramos todos por unas declaraciones de alias H.H. ante Justicia y Paz” dice Echeverri. “Y claro que apoyamos las Convivir en la época, pero porque el gobierno nos pidió que las apoyáramos, por eso dimos tres centavos de dólar por caja de banano. No asociamos Convivir con AUC. Raúl Hazbún era sencillamente un bananero como yo, pero yo no sabía qué hacía. ¿Usted sabe acaso qué hacen todos sus amigos? Yo era su amigo, pero no su confidente.”
'El caso emblematico'
Para entender por qué este caso es tan emblemático en la región bananera, hay que remontarse casi un siglo atrás. Cuando en Colombia el banano se volvió un gran negocio en 1888 de la mano de la United Fruit Company [hoy Chiquita Brands], uno de sus trabajadores claves era el abuelo de Felipe Echeverri, el señor Arcesio Echeverri.
Arcesio trabajó para la United Fruit en los ferrocarriles que sacaban el banano del Magdalena, y luego la compañía le fue prestando dinero para que fuera comprador de tierras en varias partes del mundo. La United prestaba a empresarios en países como Honduras o Colombia, ellos compraban la tierra, y le vendían el banano a la United Fruit.
“Pero después por todas las huelgas, todos los sindicatos y todas las masacres, mi abuelo abandonó el Magdalena y se fue a Honduras,” dice Echeverri.
La masacre de las bananeras que sucedió en 1928 contra trabajadores huelguistas fue un evento que marcó el fin del emporio bananero en Colombia, temporalmente.
“Tengo el honor de informar que el representante en Bogotá de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas muertos por el ejército colombiano superó el millar,” dijo entonces el embajador de Estados Unidos en Colombia a la Secretaría de Estado.
Después de esta masacre, el abuelo y el papá de Felipe Echeverri, Diógenes Echeverri, hicieron negocios en Honduras hasta que en Centroamérica se dio una plaga del banano, llamada el Mal de Panamá (un hongo que acabó considerablemente con la producción centroamericana).
Mientras se recuperaban, la United Fruit Company decidió prestarle plata a varios empresarios bananeros de nuevo para que compraran tierras en Colombia y produjeran banano allá de nuevo. Pero ahora en el Urabá, no en el Magdalena. Y uno de esos empresarios pioneros en los 60’s, fue el papá de Felipe Echeverri, Diógenes Echeverri.
“Mi papá vino a desarrollar esta zona,” dice Felipe Echeverri. “Él consiguió mil hectáreas.”
Echeverri trabajó de la mano de Emilio Hazbún, padre de Raúl Hazbún y también uno de los pioneros en conseguir tierras en el Urabá para la producción de banano. Raúl y Felipe, los hijos de estos dos empresarios bananeros, crecieron juntos, puesto que sus fincas eran colindantes.
Una de esas fincas fue la Honduras, donde sucedió la masacre contra trabajadores en 1988, la masacre que muy bien recuerda Plinio a la una de la mañana un 4 de marzo. “Uno escuchaba los tiros acá, al ladito,” recuerda Plinio.
Pero este caso es emblemático no solo por su historia empresarial, sino porque fue el que impulsó a los campesinos en la zona –liderados por Carmen Palencia- a pedirle a la Unión Europea que exigiera a las comercializadoras bananeras pagar 3 centavos de dólar por caja de banano exportada para la reparación de las víctimas.
“Nosotros les entregamos un informe al Parlamento Europeo con toda esa información,” dice Palencia. “Y al Presidente de Alemania Joachin Gauck.”
Palencia cree que es difícil que los europeos acepten dejar de recibir banano como rechazo a este historial de violencia en el Urabá, pero sí cree que pueden terminar al menos presionando al Gobierno de Colombia para que la restitución de tierras avance, o avance la verdad sobre la responsabilidad de los empresarios en el conflicto.
El caso de Felipe Echeverri contra los campesinos de Rancho California será una pequeña muestra de eso para personas como Carmen Palencia, John Jairo o Plinio.
'la pelea judicial y el talón de aquiles'
La pelea de las familias campesinas de Rancho California contra Felipe Echeverri tiene un gran talón de Aquiles: el 15 de julio del 2014, un juzgado penal en Turbo absolvió a Echeverri del delito de estafa. La denuncia había sido interpuesta en el 2005 y John Jairo sintió que “el proceso se dilató, porque ese proceso pasó por muchos juzgados.”
Al conocer la sentencia final que absolvía a Echeverri, las víctimas apelaron a la decisión, pero en septiembre pasado un magistrado de Antioquia prescribió la apelación.
Aun así, a las familias les queda la esperanza de que los jueces de tierras fallen a su favor. Sobre todo porque la Unidad de Tierras los respalda.
“Nosotros argumentamos a los magistrados de tierras que sí hubo despojo,” dice Paola Cadavid, directora de la Unidad de Tierras de Antioquia “que a esas familias sí las obligaron en esa negociación. Sabemos que tenemos en contra ese fallo del juez penal, pero en ese fallo igual no quedó probado que no obligaron a los campesinos.”
A la pelea judicial se le añade una arista más: los predios que reclaman las 14 familias están cubiertas de banano. De acuerdo a la ley de restitución, cuando en los predios reclamados se encuentra un proyecto agroindustrial y se demuestra la mala fe del poseedor, la Unidad de Restitución pasa a administrar la tierra y lo producido del proyecto puede pasar a programas de reparación colectiva. Eso, en caso de que el reclamante esté de acuerdo. Si no lo está, dice la ley, debe recibir una “reparación económica adecuada”.
Este es un tema que no ha desvelado a John Jairo, ya que por ahora está esperando el fallo de los tres magistrados de Antioquia. “Nosotros, cuando pensamos qué nos gustaría hacer si ganamos el fallo, pensamos si hacemos casitas para vivir juntos de nuevo, o si intentamos vender el banano a nivel nacional, no a nivel internacional,” dice John Jairo.
“Pero no sabemos aún, estamos esperando.”
Si no reciben nada, les quedará esperar -si se firma el acuerdo de paz en La Habana- a que algún día se cuente la verdad.
