El proyecto de ley del Gobierno con el que busca reformar el Estatuto de Estupefacientes (Ley 30 de 1986) ha sido visto por algunos sectores como un paso en la dirección correcta, mientras que otros la tildan de retroceso. Estas últimas consideran que la despenalización de la dosis personal es una especie de «patente de corso» que favorecerá el incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes.
Lecturas divergentes aparte, es un hecho que el proyecto incluye elementos entre los que están algunos ya debatidos ampliamente, otros que son esperanzas anunciadas desde hace tiempo y medidas que, aunque suenan osadas, pueden ser inocuas.
En primer lugar, ubica el problema del consumo de drogas en el ámbito de la salud pública, que es, de lejos, el lugar más conveniente para situarlo; sin embargo, al mismo tiempo, deja la responsabilidad de desarrollar las inaplazables estrategias de prevención y tratamiento en manos de los municipios, sobre la premisa de que estos entes son los que disponen de la estructura y los recursos suficientes.
Esto implicaría delegar la tarea en un sistema de salud que está desde hace años al borde del colapso y que ha demostrado su incapacidad para afrontar los costos de tratar a las cerca de 300.000 personas con problemas de consumo que, de acuerdo con datos oficiales, están afiliadas y requieren este tipo de asistencia.
La situación empeoraría si tiene que asumir las cargas de promoción y prevención que siempre han estado ausentes del sector. De no desarrollarse una reforma profunda que modifique las estructuras institucionales y organizativas de la salud desde lo nacional y lo local, será imposible llevar a la práctica la propuesta del Minjusticia.
Tampoco hay razón para que la despenalización de la dosis mínima de anfetaminas y éxtasis genere tanto revuelo. No es lógico que la medida ya cobije a sustancias más pesadas y adictivas, como la cocaína, y no al éxtasis y a las anfetaminas. Aunque la primera supone riesgos para la salud, no genera dependencia; su consumo, además, es menos frecuente y, por lo general, es recreativo. Lo mismo puede decirse de las anfetaminas, cuyo uso suele limitarse a población universitaria, como lo demuestra un estudio de la Comunidad Andina de Naciones. Eso querría decir que ninguna constituye un riesgo epidemiológico importante. Hay que agregar que medidas como las propuestas ya existen en casi toda Europa desde hace tiempo; de hecho, allí la judicialización es ajena al consumo.
En Colombia, el presidente Carlos Lleras Restrepo creó el concepto de dosis personal para la marihuana en 1968, y la sentencia C221 de la Corte Constitucional la generalizó en 1994. Si bien por entonces se aseguró que tal medida dispararía el consumo, la evidencia demostró lo contrario.
Es de aplaudir que el proyecto proponga fuertes sanciones penales a dos actores poco mencionados en propuestas anteriores: traficantes y distribuidores que traten de «desarrollar mercados» con menores de edad, y padres de familia irresponsables que consuman delante de sus hijos menores de edad, o que toleren o estimulen el consumo en ellos.
La iniciativa puede, en suma, contribuir a resolver problemas en este campo que han estado estancados desde hace años, y contiene pocas medidas que no se hayan probado en otras partes con resultados positivos. Pero por encima de todo, estimula un debate significativamente necesario para el país y confirma que existe el propósito de reorientar a fondo una estrategia que ha demostrado hasta la saciedad su ineficacia.
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