No hay duda de que se ha tratado de contener el delito. Según cifras de la Policía, entre el 2010 y el 2014 han sido intervenidas 1.820 minas, de las cuales se han suspendido las dos terceras partes. Adicionalmente, se han incautado centenares de retroexcavadoras, dragas, volquetas y motobombas, que son usadas principalmente en la extracción del oro.
Sin embargo, la lucha es difícil. En más de una oportunidad los ‘empresarios’ que depredan bosques y riberas consiguen la devolución de esos activos, mientras que en otros se escudan en las necesidades de quienes buscan un golpe de suerte y escarban entre la tierra removida. Todavía está fresco en la memoria el recuerdo de las 12 personas que murieron hace menos de tres meses en una zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca, en una explotación cuyo sellamiento fue impedido poco antes de la tragedia.
Por tal motivo, queda claro que el desafío persiste. Frente al reto, es bueno recordar que la presente administración decidió aplicar la táctica de la zanahoria y el garrote. Así, amplió sus programas orientados a trabajar con los mineros informales, con el fin de que sus prácticas no agredan el medioambiente, respetando la que para muchos es una forma de vida ancestral.
Al mismo tiempo, buscó darles una vuelta de tuerca a los ilegales, amparado en una determinación de la Comunidad Andina que permitía la destrucción de la maquinaria apresada.
Como es de suponer, la facultad gubernamental llevó a que más de uno pusiera el grito en el cielo. De hecho, algunos de los paros que se presentaron en meses pasados, en departamentos como Antioquia y Chocó, buscaban una suspensión indefinida de la norma o el trámite de un proyecto de ley al respecto. En respuesta, el Ejecutivo estableció unos protocolos orientados a evitar abusos, pero que partían del principio según el cual quien nada debe nada teme. La validez de la práctica la ratificó el propio Consejo de Estado, en lo que bien podría describirse como todo un espaldarazo.
Con ese aval, es de esperar que la ofensiva contra la minería ilegal ganará impulso. La necesidad de que así sea se basa, además, en reportes provenientes de las áreas de frontera, en donde se han multiplicado las explotaciones, que, aparte de oro, buscan níquel, coltán y carbón. La aparición de este azote requiere una mayor articulación binacional, especialmente con Perú, Ecuador y Brasil, pero, sobre todo, acciones decisivas y continuidad.
Nadie puede decir que la lucha es fácil. A fin de cuentas, se trata de enfrentar a organizaciones poderosas, muchas veces con acceso a armas y con capacidad de intimidar a poblaciones enteras con el fin de que estas se movilicen para impedir el accionar de las autoridades. Pero no está de más recordar que aquí lo que hay es un ánimo de lucro para aprovechar un negocio que es más rentable que la coca. Y, a cambio de esas ganancias, el país no recibe sino una herencia de sangre y destrucción.
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