Debajo de las normas, de los discursos machistas o de lo que, incluso, algunas mujeres tienden a decir sobre sí mismas, persiste una realidad innegable, sustentada en datos: por ejemplo, para el año 2010, según el DANE, los hombres con igual nivel de formación, experiencia y responsabilidades, recibieron ingresos mayores a los de sus equivalentes del otro género (¡en un 25%!).
Pese a la famosa ley de cuotas (esa iniciativa de acción afirmativa que pretendía poner a más mujeres en cargos de representación política), ellas sólo ocupan el 25% de los escaños en el Congreso, el aparato que, por excelencia, debería representar a los colombianos, sus intereses ideológicos, sus aspiraciones políticas. Y, como por situarlo en un plano geopolítico, a nivel de participación, Colombia ocupa el mismo lugar que la República del Congo.
Esta discriminación contra las mujeres, se sabe de sobra, es la misma que encarna la violencia contra ellas. En ese hombre normal, común y corriente, que tiende a ver la mujer como el “sexo débil” o como un objeto sexual o tal vez como una mandadera de sus caprichos más nimios, se esconde (y a veces suele manifestarse de forma brutal) la persona que la agrede. Veamos pues, temas más escabrosos: una de cada tres mujeres, para 2010, fue agredida físicamente por su pareja o expareja, 6% de las mujeres reportó (en un país que teme a la denuncia) haber tenido relaciones sexuales de manera forzada y el 66% asegura que los hombres ejercen algún tipo de control sobre ellas. ¿Pura quejadera? Bueno, miremos a las mujeres desfiguradas de por vida con ácido, o recordemos la brutal violación (con empalamiento de por medio) a la que fue sometida María Elvira Cely. Estos dos no son casos aislados, son pan de cada día.
Para focalizar un poco la legislación que protege a las mujeres, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela María Robledo, radicó un proyecto de ley, en coautoría con su colega del Polo Democrático Iván Cepeda, que tiene como marco general la violencia sexual. En especial la que tiene cierto asocio con el conflicto armado interno. Revisando el proyecto, artículo por artículo, se ve un juicioso análisis de la legislación internacional, un entendimiento del enfoque diferenciado para la violencia de género y un intento razonado de fortalecer las instituciones judiciales y los procedimientos.
De esta forma se modifican algunos tipos penales para que los delitos sexuales estén acomodados al conflicto interno que vive Colombia: esclavitud sexual en persona protegida, trata de personas en persona protegida, esterilización forzada en persona protegida, son sólo algunos de ellos. Se identifican los principales criterios para la investigación y el juzgamiento, como el contexto de los hechos y la no relevancia del pasado sexual de la víctima. Se flexibiliza el régimen probatorio (tema tan difícil en el caso de la discriminación). Y se atiende a disposiciones internacionales para que los funcionarios identifiquen, si es el caso, un delito de lesa humanidad o impulsen el proceso como obligación prioritaria de ellos y no de las víctimas.
Un proyecto de ley que, como es exigible, deberá tener un debate nutrido en el Congreso, dejando a un lado (porque es posible) la discriminación de género que abunda en Colombia.
Pese a que mucho de esto ya está dicho y legislado, ya que hacemos parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, estábamos quedados en materia de legislación nacional. Enhorabuena, pues, ya que la impunidad en la judicialización de estos casos es cercana al 100%. Es importante, también, por el mensaje: por fin se sitúa este tema en un debate de índole nacional. Ojalá no quede en letra muerta.
