La Fiscalía se prepara para un proceso de priorización de los casos de violaciones a los DD.HH.
Un revolcón en materia investigativa para darle a la Unidad de Justicia y Paz la dinámica que requiere el país y exigen los organismos de derechos humanos, se apresta a poner en marcha la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es doble: evitar una masiva excarcelación a partir de 2013 de desmovilizados del paramilitarismo y, al mismo tiempo, garantizar justicia en un escenario que hasta el momento sigue en deuda con el país.
La idea del ente investigador, que será formalizada en los próximos días por el fiscal Eduardo Montealegre, es priorizar los casos de mayor impacto social dentro del alud de violaciones a los derechos humanos realizadas por los grupos paramilitares, garantizando que los máximos responsables de tales hechos sean sentenciados y de esa manera la sociedad colombiana tenga resultados concretos de la Ley de Justicia y Paz.
Según conoció El Espectador, aunque en principio varias organizaciones de derechos humanos estuvieron renuentes a la iniciativa, porque, en su opinión, todos los hechos de violencia perpetrados por el paramilitarismo y otras organizaciones ilegales deben ser aclarados, terminaron por admitir que si no se priorizan ciertos casos, la realidad de una justicia pronta y efectiva no pasa de ser una quimera. De esta manera, la tarea es evaluar cuáles son esas investigaciones prioritarias.
De acuerdo con datos extraoficiales, hoy en Justicia y Paz puede haber más de 300.000 hechos por aclarar; si no se adopta una metodología distinta a la actual, el fracaso está asegurado. La idea se complementa con otra iniciativa de la administración Montealegre: crear una unidad de contexto de carácter interdisciplinario, para identificar con los expertos cómo se dieron los procesos de la violencia, cuáles fueron los hechos más significativos y quiénes fueron los principales causantes de las violaciones a los DD.HH.
La reingeniería que busca impulsar el fiscal Montealegre, y que prometió desde cuando era candidato a fiscal, está basada, además, en otra realidad estadística: en los últimos 20 años se han radicado casi 24 millones de denuncias. Pero la tendencia es que crezcan los requerimientos de la ciudadanía. Si a esta evidencia se suma el tema pendiente de Justicia y Paz, salta a la vista que urge una solución. En últimas, el objetivo es que Colombia contextualice qué fue la violencia paramilitar y constate cómo los principales hechos y autores quedaron aclarados.
A pesar del apoyo de varias ONG a la propuesta del fiscal Montealegre, muchas de ellas le han puesto algunos reparos. Consultado por El Espectador, el congresista Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), aseguró que la medida será beneficiosa en cuanto se atenga a los estándares internacionales y se modifique la metodología actual, “de lo contrario, no sería sino echar a la gaveta los sueños de reparación de las víctimas”.
Por su parte, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, aseveró que el éxito del proyecto radica en que “los ‘criterios de priorización’ no conduzcan a ignorar la investigación de delitos no priorizados, que sin embargo deben investigarse. Si no se tiene claro este principio, se corre el riesgo de terminar en una justicia ‘minimalista’, es decir, una justicia denegada para quienes no queden incluidos en los criterios de la Fiscalía”.
Gallón agregó que es necesario que “se depure a la Fiscalía y a su CTI de funcionarios que estén ligados a estructuras criminales. Son la minoría, por supuesto, pero no son pocos. Mientras continúen vinculados a este importante organismo de investigación, el nuevo enfoque no podrá dar todos los resultados positivos que se esperan de él”.
La propuesta no ha estado exenta de críticas. En diálogo con El Espectador, Fernando Vargas, director de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla, comentó que “el derecho de las víctimas no puede ser seleccionado subjetivamente por un ente de justicia. No pueden dejar por fuera algunos casos por el simple capricho de un ente de justicia. Si la propuesta es para no hacer una inversión que es necesaria, entonces lo que está haciendo es un atropello”.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, la propuesta será dada a conocer en un mes o menos; sin embargo, ya genera controversia. Lo que queda claro es que se está buscando una reforma de fondo a Justicia y Paz; miles de excarcelaciones y que la verdad quede a medias son los riesgos de que la “cirugía” no se realice.
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-361087-una-cirugia-de-fondo-justicia-y-paz
