La condena a César Pérez es un mensaje claro a los sectores corruptos que desde el establecimiento colombiano le hicieron juego a la tenebrosa alianza de ‘paras’ y narcos que inundó de sangre el país en los 80 y los 90.
Hace 25 años, Segovia, municipio del nordeste de Antioquia, convulsionado desde siempre por la fiebre del oro, vivió en sus calles el terror de la violencia paramilitar. La noche del 11 de noviembre de 1988, un grupo de encapuchados llegó a la plaza central de la población. Lista en mano, la recorrieron y sin asomo de piedad fueron acribillando a sangre fría a quienes en ella figuraban. Como suele ocurrir en estos episodios de sangre, también cayeron transeúntes cuya ruta coincidió con la de este macabro piquete.
Al final, la incursión cobró la vida de 43 personas, entre ellos varios niños. Según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fue el castigo que el entonces presidente de la Cámara, César Pérez García, le impuso a Segovia por votar en contra de su candidato y elegir a una alcaldesa de la Unión Patriótica.
Un cuarto de siglo después de ese crimen cometido por paramilitares del Magdalena Medio, con complicidad de miembros de la Fuerza Pública, por primera vez la justicia colombiana profirió condena contra un político del orden nacional por el exterminio de la UP, el partido que nació de las negociaciones de paz entre el gobierno Betancur y las Farc.
Pérez, cuyo nombre siempre fue asociado con la masacre, logró mantenerse a salvo de las investigaciones por más de 20 años, en los cuales siguió haciendo política a pesar de haber perdido su investidura por un caso de corrupción y terminó a la cabeza de un poderoso proyecto universitario. También se hizo con una de las cuestionadas ‘megapensiones’ de más de 20 millones de pesos, que, desde julio, empezarán a bajar por orden de la Corte Constitucional.
Su condena, que le llega a los 78 años, es un mensaje claro a los sectores corruptos que desde el establecimiento colombiano le hicieron juego a la tenebrosa alianza de ‘paras’ y narcos que inundó de sangre el país en los 80 y los 90.
La justicia, como acaba de ocurrir en Guatemala con la histórica condena contra el dictador Ríos Montt, finalmente llega y con ella, la obligación de seguir adelante hasta establecer quiénes estuvieron detrás de ese doloroso y oscuro capítulo que en la historia de Colombia se conoce como el genocidio de la UP.
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