Confesiones de paramilitares han sido claves para encontrar tumbas clandestinas.
Cada semana de los últimos ocho años, en promedio, la Fiscalía ha recuperado de las fosas clandestinas los cuerpos de 12 víctimas del conflicto.
La escalofriante cifra –que podría dispararse si el proceso de paz con las Farc redunda en compromisos de verdad y reparación a las víctimas con un paso fundamental: decirles dónde están sus muertos– corresponde a la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, que en el 2005 le dio piso legal a la negociación con las Auc.
En este tiempo, según la Fiscalía, 5.279 cadáveres han sido desenterrados de 4.077 fosas halladas en todo el país. La mayoría son víctimas de los ‘paras’, pero también se han exhumado muchas con colaboración de antiguos guerrilleros.
Algunos de esos muertos llevaban hasta 30 años desaparecidos. Las denuncias ante Justicia y Paz hablan de al menos 18.000 personas asesinadas por los grupos armados y cuyo rastro sigue perdido. Y en departamentos como Putumayo, Caquetá, Córdoba y Magdalena se tiene información de al menos 3.000 fosas a las que aún no llegan las autoridades.
El pasado fin de semana, para 38 familias de Antioquia terminó la incertidumbre. Recibieron por fin los restos de sus seres queridos, a los que buscaban hace décadas. Después de meses de trabajo, los laboratorios del CTI lograron devolverles el nombre a esos cuerpos y ubicar a sus dolientes.
En esta lista de víctimas de todos los grupos armados aparecieron cinco menores de edad; tres de ellos no pasaba de los 15 años. En 37 de los casos fueron evidentes las huellas de ejecución, y detrás de cada uno de ellos hay una tragedia que cargan decenas de familias del país.
“Nosotros vivíamos en el municipio de Argelia, Antioquia. El 8 de abril del 2002 mi hija de 15 años salió para la escuela y nunca volvió (…) Lo único que nos informaron fue que la niña había sido interceptada por las Auc, que la habían subido a un carro. Después me mandaron a decir que prendiera una vela para las ánimas. Hasta ahora vengo a saber cuál fue su final”, relató la madre de Mónica Bibiana, una de las víctimas.
La familia Montoya Osorio acaba de recibir, 20 años después, los despojos de su madre y de su hermana. La muchacha, Rosa Ángela, desapareció a manos del frente 34 de las Farc en junio de 1993, al parecer porque había terminado una relación sentimental con un miembro de ese grupo ilegal. Su madre, doña María Teresa, fue hasta el campamento guerrillero a buscarla, pero nunca regresó. Hasta ahora.
La Unidad de Justicia y Paz ha entregado 2.038 restos plenamente identificados. También se han realizado 11 entregas simbólicas, en las que no se han podido individualizar los restos pero sí se confirma la muerte.
Hay centenares de cadáveres con identificación parcial, y muchos sobre los que aún se espera una pista que permita identificarlos.
En Arauca, la familia de Miguel Modesto Jiménez Espitia también acaba de recibir sus restos. Era un campesino del Catatumbo que llegó desplazado a Arauca.
Durante una versión de Justicia y Paz, el extraditado capo Miguel Ángel Mejía Múnera, el ‘Mellizo’, jefe del bloque ‘Vencedores de Arauca’, confesó que ordenó el crimen, ocurrido en el 2003. A Jiménez lo sacaron de su casa atado de pies y manos, lo golpearon, le dispararon en las piernas, permitieron que un perro lo atacara y, antes de pegarle dos balazos, los ‘paras’ le lanzaron dos culebras venenosas. El suyo es uno de los crímenes que más han conmocionado a los fiscales que llevan las cuentas de los abusos de los ‘paras’.
Ocho años después del nacimiento de Justicia y Paz –cuando las críticas a esa jurisdicción son fuertes por la falta de condenas contra los grandes jefes y por el incumplimiento de la entrega de bienes para la reparación–, esos 5.000 cuerpos recuperados de las tumbas en la selva salvan el balance del proceso de paz con los ‘paras’.
Los dramas detrás de las cifras
Cada entrega de restos le ayuda a una familia a cerrar un ciclo de zozobra que, en muchos casos, dura décadas.
Las historias detrás de cada cuerpo recuperado de las fosas son dramáticas, al punto que no pocos funcionarios judiciales han tenido que pedir asesoría sicológica y espiritual para seguir en la tarea de sacar a la luz los crímenes del conflicto armado.
Entre los restos entregados en Antioquia están los de José Ignacio Rojas y su sobrino Diego Andrés. Ellos manejaban un camión en La Ceja y desaparecieron desde septiembre del 2002, cuando los contrataron para un trasteo. El camión fue hallado a los pocos días, cargado de dinamita, frente a los juzgados del pueblo.
A los hermanos Ferney Antonio y Jesús Eliécer Franco, los ‘paras’ los mataron en pleno parque del caserío San José de Urama. Eso fue en julio de 1997 y apenas ahora sus familias pudieron recuperar los restos, a pesar de que sabían que estaban enterrados en una finca. También hay secuestrados: por Daniel Aguirre las Farc pedían 50 millones de rescate, a pesar de que lo habían asesinado. Su cuerpo fue inhumado en 1999 como NN y acaba de ser ubicado.
ANDRÉS ZAMBRANO LOZANO
Redactor de Justicia
http://www.eltiempo.com/justicia/rescate-de-cuerpos-de-fosas_12901145-4
