Hace un par de días, todo parecía indicar que el paro nacional agrario que comenzó el lunes lograría poner contra las cuerdas al Gobierno. Dos días después de iniciado, los reclamos de los campesinos no se han resuelto: ha habido protestas en 20 departamentos -es decir, dos terceras partes del país- ytodavía hay bloqueos en cuatro de ellos. Sobre todo en Boyacá, Cauca y Nariño, los dos grandes puntos donde el paro se le ha salido de las manos al Gobierno y donde muchas vías siguen paralizadas.
Pero el Gobierno está más en control de la situación y ha logrado bajarle el perfil a lo que amenazaba con convertirse en un Catatumbo nacional. Esto se logró con una mezcla de una estrategia focalizada en el Huila, una amenaza a los que bloquearan las vías y un golpe de suerte.
El domingo el presidente Juan Manuel Santos logró -en el último minuto y cuando muchos no lo esperaban- que no se sumaran al paro los caficultores del Huila, hoy el departamento de mayor producción del grano en el país y también uno de los puntos que se preveían más álgidos. Y esta vez sí funcionó el kilometraje de avión que le metieron los altos funcionarios del Gobierno, que volvían de otros paros como el del Catatumbo o del paro minero sin haber logrado nada.
La importancia de los cafeteros del Huila era central. Al fin y al cabo el de los caficultores era el movimiento más grande, el que dio origen a la jornada de protesta y el que más recursos tiene. Al dividirlos en dos, les restaba fuerza. Y también le quitaba todo el peso al Huila, que sumando cafeteros, camioneros y los campesinos que tenían pensado venir desde Caquetá -y fueron bloqueados en el camino- podía convertirse la papa más caliente.
Por eso, el Gobierno concentró todos sus esfuerzos en el Huila. En dos semanas los caficultores tuvieron una seguidilla de visitas y “últimas reuniones”: con el propio Santos, con el vice Angelino Garzón, con los ministros de Agricultura, Interior y Hacienda, con el secretario general de Presidencia, con el presidente del Banco Agrario y con el nuevo presidente de la Cámara. Como contóLa Silla, Santos incluso se quedó a dormir en Neiva, la primera vez en once años que un presidente se quedaba a dormir en la capital huilense.
Al final el Gobierno logró convencerlos de posponer su protesta, con la promesa de extender los subsidios hasta el año entrante y de pasar un proyecto de ley que controle el contrabando, propuesto por la Comisión Cuarta del Senado e impulsado por el senador caldense -y de La U- Mauricio Lizcano. Y también aprovechando la preocupación de los huilenses por una cosecha que se adelantó y que debía comenzar esta misma semana, elevando el costo que ellos tendrían que asumir si paraban.
Bajados del bus los cafeteros del Huila, Santos se anotó un punto decisivo y generó molestias entre los pequeños y medianos caficultores de otras regiones, reunidos en Dignidad Cafetera.
La gran pregunta sigue siendo cómo dialogará Santos con cada uno de los sectores en paro, ya que la mayoría insiste en que la cosa va para largo y que el problema es más estructural que coyuntural. “El balón sigue en el campo del Gobierno, porque los problemas que nos aquejan -los costos de producción, el precio de los agroinsumos, la caída de las exportaciones, el contrabando- están lejos de desaparecer. Lo mismo le sucede a los cacaoteros, lecheros, arroceros”, le dijo a La Silla Óscar Gutiérrez, uno de los líderes de Dignidad Cafetera.
Pero ni siquiera los cafeteros del Huila están ‘abajo’ del bus de manera definitiva. “Lo que más nos preocupaba a nosotros era que si uno trabaja todo el año en el cafetal y luego no lo recoge, la ruina sería total. Nosotros simplemente aplazamos la hora [del paro] y esperaremos a ver si el Gobierno cumple lo que pactamos en febrero”, dice Orlando Beltrán, ex representante a la Cámara liberal que hoy lidera el Comité Cafetero del Huila.
Con este paro el Gobierno ha sido más estratégico que en ocasiones pasadas, enviando comisiones de alto nivel a intentar negociar con algunos sectores claves para evitar que se sumaran a las movilizaciones. Y al mismo tiempo concentrando sus esfuerzos en mitigar el impacto que podría tener el paro en las carreteras, para evitar un caos vial en un lunes festivo que reforzaría la imagen de que perdió el pulso y de que es demasiado blando con los sectores que protestan.
El Gobierno amenazó con detenciones para quien bloqueara vías y ordenó a los alcaldes impedir cualquier interrupción del tráfico, pero dejando a la Esmad como última opción. Y también con un mensaje consistente: el Gobierno sigue insistiendo en que sólo negociará con quienes no bloqueen vías, que hablará con cada sector por separado y que no hay recursos para subsidios.
Por otro lado, el Gobierno intentó bajarle el tono a los reclamos de los camioneros, un poderoso gremio con capacidad de paralizar al país, negociando con una pequeña disidencia que no ve con buenos ojos el liderazgo de Pedro Aguilar al frente de la Asociación Colombiana de Camioneros, pero que en realidad no reúne sino una quinta parte de los transportistas. Es decir, pactó con 50 mil camioneros, pero no con el que reúne a 180 mil.
Por eso el punto neurálgico seguía siendo el Valle, donde los camioneros tienen uno de sus fortines -y de donde es oriundo Aguilar- y donde la Policía concentró buena parte de sus esfuerzos de prevención. Eso explica que, siguiendo la orden del Gobierno de judicializar a quien bloqueara vías, fuera allí donde se dieron 20 de las 22 capturas del primer día de paro.
Al final, quedó en evidencia que el paro está teniendo mayor fuerza en Nariño y Boyacá, dos lugares donde el Gobierno no lo esperaba, donde la base de la protesta son los más pequeños agricultores -no los medianos, como sucede con cafeteros y arroceros- y donde los bloqueos continúan hasta hoy. Y en menor medida, en Putumayo y Arauca.
En Boyacá han bloqueado las vías principales y muchas secundarias, paralizando buena parte del transporte en todo el departamento y del oriente de Cundinamarca. Y en Nariño y Cauca, tanto el tránsito en buena parte de la Carretera Panamericana hasta el comercio en el puente Rumichaca -la frontera con Ecuador- llevan dos días reducidos a su mínima expresión.
La tercera angustia del Gobierno era que un paro que comenzó como algo puramente rural, se le volviera también urbano con la llegada de grupos como los maestros, los estudiantes y los trabajadores de la salud que habían dicho que se “solidarizarían” con el paro.
Eso no sucedió, en gran medida porque movilizar a la gente en la ciudad un lunes festivo es casi un imposible. Y ayer estas ‘marchas de solidaridad’ fueron concurridas pero no masivas. En Bogotá, por ejemplo, salieron profesores de Fecode, estudiantes de la Mane, campesinos de Acción Campesina Colombiana (cercana a la CGT, que dirige Julio Roberto Gómez) y -en menor medida- de trabajadores hospitalarios, afiliados a sindicatos como Sindess y Anthoc, pero nunca estuvieron cerca de llenar las vías y a mediodía ya se habían dispersado.
Sin embargo, la amenaza de una movilización social en la ciudad sigue allí. La Mane tiene prevista desde hace meses una marcha masiva para el 29 de agosto, en respaldo a su propuesta definitiva de reforma a la universidad pública que será lanzada un día antes.
Fecode, que reúne a 270 mil maestros y representa la mitad de los afiliados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), está en estos momentos reunido con la vice de Educación Roxana Segovia para continuar negociando su pliego de peticiones y decidirá en la asamblea convocada para este viernes si se va al paro también.
“El viernes haremos un balance del estado de ánimo de la gente y tomaremos la decisión. Si hay avances en la solución de los problemas que vemos -la salud de los maestros, las deudas del Gobierno y los acuerdos que pactamos en mayo, como el decreto para maestros amenazados- pues perfecto. Pero si no, nos toca organizar el paro nacional”, dice Luis Grubert, el nuevo presidente de Fecode desde hace un mes.
