La conveniencia sobre la explotación de oro en el Tolima debe partir no de consultas, sino de bases técnicas, algo que es imposible sin tener la información necesaria.
Un debate inédito en el país es el que ha comenzado tras la celebración el domingo pasado de una consulta popular en el municipio tolimense de Piedras, en la cual sus ciudadanos se opusieron en forma casi unánime a la presencia de actividades mineras en la zona. Sin poner en duda la legitimidad de un mecanismo de participación consagrado en la ley, existen posturas varias sobre si en esta materia prima la voluntad de los habitantes de la población mencionada o las normas que consagran que ninguna autoridad regional o local puede establecer áreas que queden excluidas de dicha actividad, pues esa competencia es del Gobierno Nacional.
Para complicar aún más la polémica, se le han hecho cuestionamientos a la pregunta formulada, cuyo sesgo en favor del ‘no’ era tan notorio que lo más sorprendente es que dos docenas de votantes se apartaran de la mayoría. Desde ese punto de vista, el instrumento de la consulta estaba viciado, un asunto sobre el cual deberían pronunciarse las instancias judiciales correspondientes.
Sin embargo, más allá de ahondar en la discusión puntual, queda claro que existe una profunda polarización en el Tolima respecto a la conveniencia del proyecto de La Colosa, que en principio busca extraer unos 26 millones de onzas de oro en un yacimiento situado en el filo de la cordillera Central. Contra lo que pudiera pensarse, la iniciativa se encuentra a años de volverse realidad. Dependiendo del resultado de los estudios que realice la empresa AngloGold Ashanti y de los permisos que en su momento se deben obtener, la construcción comenzaría en el 2019 y la operación en el 2022.
Por lo tanto, resulta prematuro cerrarle la puerta a una posibilidad cuya conveniencia tendrá que ser analizada oportunamente. Para que eso ocurra, habrá que contar con toda la información disponible, algo que hasta la fecha es imposible. Por ejemplo, la compañía asegura que apenas lleva algo más de un tercio de las exploraciones que necesita antes de determinar la factibilidad de una posible explotación.
En consecuencia, lo primero que requiere el país es conocer con precisión la riqueza del subsuelo para luego evaluar los beneficios de extraerla, al igual que los riesgos que implica hacerlo en una zona de alta montaña abundante en agua. Cuando tales elementos estén disponibles, será labor del Gobierno sopesar los argumentos en pro y en contra.
Buena parte de la dirigencia política del Tolima, con su gobernador a la cabeza, ha asumido la oposición a La Colosa como bandera política de manera prematura. Debido a ello, se han hecho afirmaciones que no necesariamente concuerdan con la verdad, como la de asegurar que varios ríos emblemáticos del departamento se secarán irremediablemente.
Semejante ofensiva puede producir réditos electorales, pero es irresponsable, por lo menos por ahora. Cerrarle la puerta a la minería será siempre una opción si los estudios técnicos muestran que los peligros superan sus potenciales beneficios. No obstante, puede ser que el impacto ambiental sea manejable, tal como lo es en sociedades más desarrolladas que la nuestra.
Mientras se acerca un veredicto, es labor de la administración Santos asumir un rol más activo en el asunto. Tanto los tolimenses como los colombianos en general aspiran a tener garantías de que el tren de la minería puede ser una vía al progreso, pero, mientras estas no se den, lo sucedido en Piedras será utilizado como precedente, así el debate sobre las competencias siga vigente.
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