Sectores políticos y defensores de derechos humanos, celebran que se hayan eliminado apartes que implicaban ‘impunidad’ para casos como los falsos positivos y reconocen que la reforma, como quedaría, no necesitaba pasar por el Congreso.
‘La reforma al fuero no es reforma’. Esa es la percepción de los conocedores del proyecto de reforma constitucional, presentado por el Gobierno, con el que será modificada la aplicación de la justicia penal militar. Si no ocurre algo extraordinario, esta semana el articulado será aprobado en su octavo y último debate, que se dará en la plenaria de la Cámara de Representantes. La mayoría de expertos consultados por este diario sostienen que, de la propuesta presentada en 2012 y del proyecto entregado en 2014, ambos por iniciativa del Ejecutivo, quedó muy poco que signifique una reforma trascendental al fuero militar existente.
En 2012, el acto legislativo pretendía modificar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución. La idea del Gobierno fue crear el Tribunal de Garantías Penales y delimitar expresamente los delitos que son competencia de la Justicia Militar, pero el documento fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma. Luego, en 2014, el Gobierno presentó una nueva reforma que excluía el Tribunal de Garantías, pero mantenía los cambios en los delitos que correspondían a las competencias de las jurisdicciones militar y civil, para el procesamiento de uniformados.
Hoy, lo que está claro es que la reforma presentada inicialmente, en 2014, era mucho más ambiciosa en comparación con el texto que será aprobado esta semana. El primer articulado planteaba que los delitos contra el DIH fueran de conocimiento de la justicia penal militar, salvo unas excepciones que eran: delitos de lesa humanidad y tortura, genocidio, desaparición forzada, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. Pero, luego de pasar los primeros cuatro debates, el texto cambió.
De acuerdo con fuentes cercanas al Tribunal Superior Militar, lo que quedó “no es algo trascendental y no requiere de una reforma constitucional. Los reparos a la reforma de algunos congresistas, el ambiente político y las manifestaciones contrarias que expresaron organizaciones como Human Rights Watch, hicieron que se redujera la reforma a esto que está actualmente”.
La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, por su parte, dice que, “inicialmente, el Ministerio de Defensa pretendía darle impunidad a los falsos positivos. Eso se aprobó en primera vuelta y en segunda vuelta el mismo ministerio lo cambió. Cambiaron la redacción del fuero, pero básicamente es el mismo. Lo están haciendo así para ahorrarse “el oso” de tener que reconocer que no hay ningún cambio. Esa ampliación que se pretendía era inconstitucional e inadecuada. Era una oferta de impunidad a nuestros militares que, además, no la estaban pidiendo”.
“Claro que tenemos que buscar una salida a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Tenemos que buscarles una salida si queremos terminar este conflicto y tener una paz estable. Pero, esa salida no puede ser la ampliación del fuero penal militar para dar impunidad. Esa salida tiene que buscar caminos de justicia transicional para esos uniformados que son muy pocos o casos muy concretos”, señaló la senadora López.
El coronel Camilo Andrés Suárez, presidente del Tribunal Superior Militar, dice que la reforma sí amplía las garantías para los uniformados. “El acto legislativo no excede los fundamentos básicos y los límites del fuero penal militar. En el primer inciso la única modificación es técnica. En la nueva teoría del delito, la investigación no se hace sobre delitos sino sobre conductas punibles. Cambian esos términos. En el segundo inciso sí está el cambio de fondo. En un país en conflicto lo que se busca es que la conducta del uniformado se revise desde el Derecho Internacional Humanitario”, señaló.
Pese a que la probable aprobación de la reforma, con las modificaciones hechas para la segunda vuelta, ha sido vista con buenos ojos por defensores de derechos humanos, organismos internacionales y el grueso de los sectores políticos; ya levanta ampollas en algunos sectores relacionados con las Fuerzas, como en la asociación de oficiales retirados, Acore. “Tenemos mucho temor con lo que se va a aprobar. Les pararon más bolas a los organismos internacionales y a la izquierda que a nosotros. Lo que desapareció fue lo que nos garantizaba a nosotros seguridad jurídica”, dijo a este diario el general (r) Juan Salcedo.
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