El duro reto de alcanzar la paz sin sacrificar la verdad exige una discusión con ánimo constructivo.
Cuando todavía flotaban en el ambiente las reacciones que generó el informe de la Comisión Histórica, el entorno del proceso de paz se sacudió con la propuesta que hizo en este diario el expresidente César Gaviria de optar por una justicia transicional que cobije a todos aquellos que deben rendirle cuentas a la justicia por hechos ligados con el conflicto.
Diferentes sectores políticos reaccionaron ayer en distintos sentidos, aunque fueron más los que la acogieron positivamente. Ese fue el caso del presidente del Senado, José David Name; del Fiscal General, del senador del Polo Democrático Iván Cepeda y de Horacio Serpa y Hernán Andrade, estos dos últimos figuras de los partidos Liberal y Conservador. El Ministro de Defensa se pronunció en el mismo sentido, subrayando el que por esta vía los militares con problemas legales tendrían soluciones definitivas. Una de las pocas voces que expresaron reparos fue la del senador del Centro Democrático Alfredo Rangel, para quien “el expresidente quiere hacerle morder al país el anzuelo de la impunidad para las Farc con la carnada de impunidad para las Fuerzas Militares”.
Independientemente de la controversia, el planteamiento del exmandatario liberal es audaz. Se basa en aspectos que son ineludibles y que no pueden desligarse del desenlace de los diálogos, como la creciente polarización entre quienes respaldan y quienes se oponen al proceso, y el que ante los ojos del mundo sería impresentable recurrir a fórmulas como las de las amnistías para pasar la página. No son viables porque desconocen la dignidad de las víctimas y, sobre todo, impiden que aflore la verdad.
Nadie niega tampoco que las raíces del conflicto han penetrado muy diversos sectores sociales y, en esa medida, hay que tenerlos en cuenta a la hora de encontrar una fórmula que permita cerrar este capítulo. Así mismo, se debe procurar, como lo sugiere Gaviria, que, una vez firmada la paz, quienes fueron favorecidos por lo acordado tengan la seguridad de que podrán rehacer sus vidas en la civilidad sin temor a que deban volver a los estrados a rendir cuentas por actos de cuando fueron combatientes. Tiene sentido también utilizar un mismo rasero a la hora de castigar a políticos y empresarios que tejieron vínculos con paramilitares y guerrilla.
En suma, tanto la nuez de la fórmula –que haya justicia transicional para todos y poner punto final para evitar así que los acuerdos den pie a nuevas causas que en el futuro amenacen con derribar lo que tanto costó construir– como sus fundamentos principales constituyen un aporte que puede ser considerado en la mesa.
Pero hay que ser claros en que por más que la negociación necesite de una cierta dosis de pragmatismo, este ingrediente tiene que armonizarse con el principio que obliga a buscar el máximo grado posible de verdad, sin olvidar la reparación y las peticiones de perdón a las víctimas. El peor desenlace sería aquel en el que la verdad que se obtenga no se equipare con el nivel de impunidad que inevitablemente vendrá con la firma de la paz.
Se trata, entonces, de una tarea crucial a la que muy bien le cae una discusión paralela a la mesa. Dos rasgos que contiene esta propuesta que, ante todo, debe servir para abrir un debate de altura, con ánimo constructivo y que logre convocar más que dividir.
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/una-propuesta-audaz/15258636
