Por: Rodolfo Arango
Los indígenas del Cauca tienen cierta razón en sus reclamos. Mientras las Fuerzas Armadas hacen presencia y las Farc violentan cobardemente a la población con sus demenciales ataques, ellos son los que ponen los muertos.
Y todo sucede en el territorio autónomo de los resguardos indígenas, espacio de vida protegido constitucionalmente, donde las autoridades tradicionales ejercen su mando bajo el amparo jurídico. Miembros de la comunidad paez quedan atrapados en el fuego cruzado de los guerreros. Es injusto acusarlos de estar infiltrados por la guerrilla. Su lucha pacífica muestra superioridad moral sobre la pusilanimidad de los violentos. Casos aislados de relaciones con las Farc no pueden desacreditar una tradición de organización, movilización y protesta pacífica que educa la precaria cultura democrática colombiana. Algo va entre defender el territorio con bastones a practicar una guerra de posiciones con bombas, morteros y minas quiebrapatas.
En lo que no tienen razón las comunidades del Cauca es en los medios escogidos para resolver sus reclamos. La demanda elevada a los señores de la guerra, consistente en que abandonen el territorio indígena, desconoce un principio constitucional fundamental que debe ser observado. Las autoridades públicas están instituidas para proteger vida, honra, bienes y demás derechos de los colombianos, por lo que no pueden abandonar a su suerte a ninguna persona residente en la zona. El medio escogido por los líderes indígenas discrimina a la población no indígena que merece la protección brindada a otros colombianos en cualquier parte del país. Le asiste entonces razón al presidente Santos cuando afirma que todo tiene límites. No obstante, la iniciativa de los grupos étnicos debería tomarse en serio. No parece razonable tolerar los actos de destrucción y muerte, que por oficio practican los grupos armados, si la inefectividad de sus métodos resulta tan evidente cuando se trata de proteger a la población indígena.
En esta peligrosa situación se avizoran dos medidas que podrían contribuir a evitar una tragedia de grandes proporciones. La primera es, por supuesto, el diálogo. El Gobierno debería dar prioridad a la solución del problema y darle un manejo en las máximas instancias. Un encuentro a puerta cerrada del presidente y los ministros del Interior, Justicia y Defensa con las máximas autoridades de la comunidad indígena es urgente. Las partes no deberían levantarse de la mesa sin alcanzar una solución de consenso. No habría que descartar la presencia de un representante de alto nivel del grupo guerrillero.
Lo que amenaza en convertirse en espiral de violencia podría ser un primer escenario para la aplicación del derecho internacional humanitario entre las partes en conflicto, con la presencia enaltecedora de una organización popular altamente articulada, pacifista y con autoridad moral como el pueblo nasa.
Una segunda medida —que podría extenderse a la violencia contra las mujeres y entre jóvenes— consiste en la conformación de grupos de académicos de probada calidad, encargados de rendir informes y recomendaciones para enfrentar los fenómenos sociales que, de no tramitarse adecuada y razonablemente, pueden tener efectos devastadores. El país cuenta con ilustres antropólogos, etnolingüistas, historiadores, filósofos, politólogos, psicólogos en sus universidades que, basados en información empírica, conocimientos e independencia intelectual, pueden dedicar sus esfuerzos y presentar propuestas a las instancias políticas en la búsqueda de salidas a los problemas de nuestra sociedad.
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