Los uniformados, contrario a lo que dijo Álvaro Uribe, sí ven viable acogerse a ese mecanismo.
Contrario a lo que cuestiona el expresidente Álvaro Uribe, quien no ve viable que los militares y exmilitares vinculados a delitos en el conflicto se acojan a la justicia transicional que se acordó entre Gobierno y Farc, esos uniformados están interesados en este asunto.
Así lo señaló el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), general (r) Jaime Ruiz, quien dijo que este es un tema que la reserva ha discutido y que consideran como “un buen mecanismo para la seguridad jurídica”.
Para ellos, esta es una opción de revisar procesos. “Es la mejor alternativa que tenemos en este momento”, dijo el oficial retirado, quien aclaró que al menos hay 20.000 militares, entre activos y retirados, que pueden encontrar en esta justicia una alternativa para rebajar sus penas o para solucionar sus líos jurídicos.
Ruiz reconoció que hace dos semanas tuvo una conversación telefónica con el expresidente Uribe, quien le dijo que era “inadmisible” que los militares estuvieran pensando en acogerse a la justicia transicional y que eso va contra de la dignidad y el honor militar en la medida que los iguala con los terroristas.
Dijo que le respondió que los militares no quieren que los igualen con los terroristas, pero que sí les interesa acogerse a los mecanismos que les pretenden aplicar a los guerrilleros, pero de manera diferenciada.
“Nosotros estamos convencidos de que esto es lo que nos favorece para poder sacar de esa tragedia a más de 20.000 hombres de nuestras Fuerzas Militares, que se sienten solos y desamparados”, dijo el presidente de Acore.
En diciembre pasado, cuando se anunció la jurisdicción especial para la paz, quedó establecido que los agentes del Estado que hagan parte de esta justicia especial también deberán aportar la plena verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos, columna vertebral de este punto de la negociación. (Lea también: Diego Palacio está interesado en acogerse a la justicia transicional)
El tratamiento especial que reciban los miembros de la Fuerza Pública tendrá en cuenta “los parámetros operacionales establecidos por el DIH”, es decir, si se cumplieron las reglas que se imponen dentro del llamado derecho de la guerra. Por eso, los llamados ‘falsos positivos’, como los de Soacha, no entrarán en esta jurisdicción, pero sí los que hayan ocurrido con ocasión del conflicto.
De acuerdo con el documento, “aportar verdad significa relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades”.
