Con panfletos, actores armados al margen de la ley, amenazan a los integrantes del Consejo Comunitario de los Olivos, en el corregimiento de Hato Viejo, zona rural del Calamar (Bolívar).
Según la Defensoría del Pueblo, se trata de una comunidad que desde el 2010 tramita titulación colectiva de 2.500 hectáreas con la asesoría de una ONG internacional y del Gobierno Nacional.
Las primeras intimidaciones fueron hechas a la presidenta del Consejo de la región y profesora, Danit Escorcia; así como al líder de restitución de tierras, Nicolás Barragán, quien decidió salir del territorio, informó la defensora delegada para Bolívar, Irina Junieles, quien visitó la zona. Según la funcionaria, las amenazas para estos dos líderes comenzaron desde el pasado 24 de septiembre, pero continúan y ahora se han extendido a otros labriegos que también buscan la titulación colectiva.
La Defensoría de Pueblo emitió ayer un comunicado de prensa en el cual señala que los panfletos son atribuidos al grupo armado ilegal de ‘Los Urabeños’. En los panfletos se les fijan plazos, para abandonar la zona, a estos dos líderes, y les exigen desistir de sus acciones en favor de la comunidad.
Según la entidad, los panfletos amenazantes volvieron a circular el 4 de octubre en los sectores de Barrio Arriba y Barrio Abajo, y piden el retiro de las reclamaciones que adelantan trámites ante el Incoder, y acusan a los líderes sociales de vínculos con los grupos guerrilleros, supuestamente, que operan en los Montes de María.
Más allá fue el defensor del Pueblo (e), Esiquio Manuel Sánchez Herrera, quien rechazó estas intimidaciones y pidió acudir ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y la Alcaldía de Calamar para que se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las personas amenazadas. Esta solicitud beneficiaría a comunidades afro que habitan en Calamar.
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