Respira profundo y baja la mirada. Un silencio nervioso la invade, mientras no para de entrecruzar los dedos de sus manos, como buscando palabras. El rostro de Marina Perales se marca de tristeza. En lo profundo de su voz suelta una frase entrecortada que parece resumir lo que vivió: “Me mataron el alma y las ganas de vivir”.
Una mañana del 2003, el cadáver de su hijo Héctor Julio Roa Perales, de 17 años, apareció en el río Upía, abierto por la mitad junto a otras dos víctimas.
Héctor Julio cruzó la línea divisoria que los grupos paramilitares de ‘Martín Llanos’ y ‘los Urabeños’ trazaron con pintura roja en el puente metálico que comunicaba a Barranca de Upía, en el Meta, con Villanueva, en Casanare, lo que se convirtió en su sentencia de muerte, por orden de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). (Lea también: Los ‘paras’, segundo grupo involucrado en el despojo de tierras).
Los dos grupos de autodefensas estaban en guerra por el control territorial y como parte del régimen que impusieron quedó prohibido que habitantes de uno u otro municipio cruzaran el puente para quedarse allí. Solo les permitían cruzar de largo hacia Villavicencio o Yopal.
Y para hacerlo tenían tiempo hasta las 5:00 de la tarde. A esa hora y hasta las 5:00 de la madrugada quedaba prohibido el paso de motos, automóviles y buses. Todo se paralizaba.
Esa guerra habría dejado por lo menos 1.500 muertos, entre paramilitares y civiles que nada tenían que ver en el conflicto.
Giselle Duque, víctima de los ‘paras’ en Barranca de Upía, dice que estuvieron secuestrados y que se perdió el contacto con los familiares y amigos. No se podían ver, solo era posible hablar por teléfono, a través de Telecom.
“Era como un muro de Berlín (Alemania), que separaba a las repúblicas del Meta y de Casanare”, dice.
El dolor que Marina Perales ha cargado por años le borró de su memoria la fecha de la muerte de Héctor Julio. Lo que no olvida es todo lo que pasó y sufrió.
“El niño estuvo perdido 20 días. Lo preguntamos por todas partes y nunca nos dijeron nada. Un día bajaron unos señores y dijeron que habían tres muertos en el río, al otro lado. Yo sentí cuando mi hijo llegó a la casa, era su alma; alguien pasó y me dijo Marina, su hijo está muerto.
“En la morgue no me lo dejaron ver. A él le pegaron un tiro aquí –señala su frente–, estaba hecho una desgracia, le quemaron las manitas, le quemaron los pies, la carita, muchos porquerías, mi hijo no se merecía esa maldad. El amigo (Nair) estaba muy mal, todo quemado también…
“Cuando lo trajimos después de la autopsia, le tocó a la Policía acompañarnos porque ‘los de Llanos’ lo iban a quemar con carro y todo.
“En el sepelio me mandaron a decir que no lo podía velar en mi casa. Les respondí que si querían que vinieran y me mataran en la casa, pero que a mi hijo lo iba a velar en mi casa. Dios es el único que perdona, ¿por qué me lo mataron?
Nadie de aquí podía estar allá y nadie de allá podía pasar acá, era una cosa muy espantosa”, relata la mujer.
Argemiro, o ‘don Miro’, como le dicen en Barranca de Upía, no sabe nada de su hijo desde el 29 de mayo del 2003. A Gelber Mendoza Correal, conocido como ‘Neco’, lo desaparecieron los ‘paras’ de ‘Martín Llanos’ por el solo hecho de vivir en Barranca de Upía y de pisar suelo casanareño.
‘Neco’ trabajaba como controlador de tráfico en la obra del puente nuevo, sobre el río Upía. Sus únicas herramientas de trabajo eran una paleta de ‘pare’ y ‘siga’ y un radioteléfono con el que coordinaba el paso de los vehículos.
Siempre había trabajado en el lado del Meta, pero ese 29 de mayo le pidieron que lo hiciera desde Villanueva y los ‘paras’ de las Acc se lo llevaron.
“‘Neco’ está desaparecido, pero seguro lo mataron, eso no perdonaban nada”, dice el acongojado padre. La única razón cercana sobre su hijo la recibió de un hombre que le mencionó que a ‘Neco’ lo vieron amarrado con dos hombres más y que “estaba muy mal, lo habían torturado”. Dejó tres hijas, una de ellas de dos meses. “A nosotros no nos han reparado y cuando vamos a la Fiscalía nos preguntan que qué sabemos de mi hijo, yo les digo: si no saben ustedes que son los que investigan…”.
“Un muchacho de Barranca (de Upía), que estaba en el grupo de las Acc, me dijo Giselle, me dieron la orden de recoger a su hija y hacerla llegar viva o muerta al seno de la organización. Necesito que recojas lo poco que tienes y te vayas ya…”.
Giselle Duque es la esposa de Humberto Olmos, el alcalde de Barranca de Upía en el 2003, a quien alias ‘HK’, jefe militar de los ‘paras’ de ‘Martín Llanos’, declaró objetivo militar por ser el mandatario del municipio donde delinquían ‘los Urabeños’.
“Ese muchacho le salvó la vida a mi hija, no se la quiso llevar ni matar. Fuimos compañeros de estudio, él me llevó hasta el puente donde cogí una Macarena a Villavicencio, independientemente de lo que haya hecho fue mi ángel”, recuerda Giselle.
La mujer duró cuatro años lejos de su familia para proteger a su pequeña de seis años. Su miedo por el posible secuestro de la niña la llevó convertirse en una habitante más del colegio donde estudiaba.
“La rutina era de la casa al colegio y del colegio a la casa, ni al parque la dejaba salir por miedo. Cuando un taxi o una moto se nos acercaba pensaba que eran los paramilitares”, recuerda.
El 27 de agosto del 2000, un paramilitar conocido con el alias de ‘el Ratón negro’, incursionó en un campero en el barrio Libertad Uno, con el fin de recoger a Carlos Ubaque, conocido como ‘Machopeludo’.
“Nosotros supimos que un sargento de apellido Súa, les dijo a los paramilitares que mi hermano era guerrillero y se lo llevaron, lo cual era mentira. Mi hermano era maquinista de las arroceras”, explica Niño.
Cuando la familia de acercó a alias ‘Mauricio’, el jefe de las Accu en la zona, el ‘para’ sentenció que si seguían preguntando les iba a pasar lo mismo.
Niño dice que hace unos años estuvo cavando en una finca donde, según una fuente, estaban los restos de Carlos. “Solo encontré unos brazaletes de las Auc y fundas de fusil”, dijo.
Era el 12 de mayo del 2003. El hombre de 36 años, quien vivía en Barranca de Upía, había salido con un amigo hacia el Casanare a cobrar el dinero de unos jornales en una finca papayera.
Pero no regresó. Tras la búsqueda desesperada que emprendió la mamá de Marquitos, Isabel Sánchez, la familia recibió información de que un paramilitar con el alias de ‘el Pollo’ lo vio en Villanueva y le hizo una advertencia: que si lo volvía a ver cuando pasara de nuevo por el lugar, entonces lo mataba.
Desde entonces han pasado más de 11 años, la familia no sabe dónde está y la Fiscalía no les ha confirmado quien lo mató. Además, luego de años de batallas los parientes aún no han recibido la reparación económica del Estado.
