Así lo reveló un sondeo de la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) que indagó sobre la participación y satisfacción de las víctimas en esta ley, que cumplió 9 años.
La investigación, que se hizo en zonas con más víctimas inscritas en el país (Bogotá, Medellín, Santa Marta y Valledupar), arrojó que una de sus principales preocupaciones es que este año se daría la salida de prisión de más de un centenar de ‘exparas’ sin que hayan participado de actividades de reintegración.
Ese temor se acentúa en un 33 por ciento que conoce dónde reside la familia de su victimario y tiene una cercanía geográfica con él.
Aunque el estudio muestra que el 78 por ciento no ha solicitado medidas de protección, más de la mitad de quienes sí las pidieron no tuvieron este beneficio.
Una de las críticas a la ley es la larga duración de los procesos y las pocas sentencias: el 69 por ciento de los encuestados lleva entre 4 y 7 años asistiendo a tribunales sin que aún se conozca una condena. Aunque un 30 por ciento ya está en la etapa final del proceso, el 17 por ciento apenas está en etapa indagatoria.
Una de las dificultades ha sido el acceso a la información: el 61 por ciento de los consultados aseguró que no conoce cuáles fueron los hechos que les imputaron a los postulados ni los delitos que aceptó. “Rechazan que muchas veces la única verdad reconocida sea la de los paramilitares”, dice el informe.
Por otra parte, el 49 por ciento de las víctimas afirma haber tenido inconvenientes con el fiscal del caso, en su mayoría, por las demoras para conseguir una sentencia.
Una de las alertas del informe, según la Cooperación Alemana, es que el 20 por ciento de los encuestados dice que la ley no ha sido útil en términos de verdad y reparación.
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