Gobierno y Comisión de Seguimiento se encuentran en orillas opuestas sobre los planes de financiación para las víctimas de la guerra. Antes sintieron los embates de la violencia y ahora el rigor de los recortes presupuestales en que está empeñado el Ejecutivo para cumplir sus metas fiscales.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo advirtió mínimos avances de la política de atención y reparación, que no se compadecen de ocho millones de personas afectadas, falta de caracterización, participación efectiva de las víctimas y desfinanciación de los planes y programas que la puedan implementar, se dice en un informe de la Contraloría General.
Ante esta inquietud, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que hay $12 billones que se encuentran presupuestados para 2017, “para las víctimas del conflicto”.
El temor de las personas allegadas a la problemática social de las víctimas del conflicto interno se fundamenta en que apenas estos recursos están presupuestados y no aprobados, y durante el debate en el Congreso, ese monto puede ser adelgazado para satisfacer el apetito de parlamentarios afectos al Gobierno.
“La Ley (1448) se quedó corta en cuanto a las metas trazadas para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”, dice el informe de la Comisión presentado por la Contraloría General. Advierte que “aunque la desfinanciación de la ley es evidente”, hay espacio para que este año se presente una reforma fiscal que permita atender las obligaciones y el posconflicto.
El Estado debe centrar sus esfuerzos en garantizar medidas que fortalezcan y optimicen las capacidades productivas y de empleo de las víctimas, más si se trata de entregar herramientas que puedan transformar verdaderamente sus vidas, señala la Comisión de Monitoreo.
Cárdenas explicó que de la totalidad de recursos presupuestados para las víctimas del conflicto interno, $3,8 billones se destinarán a inversión, $4,1 billones para educación de las familias de las víctimas, $2,6 billones para la salud, $700.000 millones para la reparación y $800.000 millones que forman parte del funcionamiento del sistema de víctimas. “Son $12 billones incluidos en el Presupuesto General de la Nación para 2017. Con esto estamos haciendo un aporte muy importante a una actividad que es característica (y) esencial del posconflicto”.
Señala el informe que la Comisión identificó dificultades para lograr la articulación y coordinación entre los ministerios de Trabajo y Agricultura, que son los que lideran la política de generación de ingresos y empleo.
El ministro de Hacienda recordó que en 2017 los recortes serán generales, pero “como excepción por la prioridad que tiene para el país por las normas que nos obligan en esta materia, el presupuesto de víctimas va a tener un incremento de $700.000 millones”.
