Que haya verdad, que existan mecanismos para la no revictimización y que haya justicia sin impunidad fueron tres de las principales conclusiones a las que llegaron los participantes del primer foro regional de víctimas que se realizó este fin de semana en Villavicencio, por petición de la mesa de negociaciones de paz en Cuba.
Así quedó plasmado en las 450 propuestas que elaboraron los 521 participantes, según los registros de la ONU y la Universidad Nacional, organizadores del evento.
En el foro regional participaron víctimas procedentes del Meta, Guaviare, Caquetá, Cundinamarca, Casanare, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainía y Bogotá.
Fernando Luiz Lozano, presidente de la Asociación Campesina Nacional de Desplazados, llegó desde Bogotá para manifestar que “la verdad no es negociable” y que los comandantes de las Farc deben pagar pena de prisión, pero superior a los 8 años que se acordó en la negociación con las Auc.
“Hay cabecillas de las Farc a los que no se les puede perdonar el castigo. Las víctimas no aceptaríamos eso y no podemos caer en el error que se cometió con los jefes de los paramilitares, que pagan penas muy laxas. No hubo justicia”, afirmó Lozano, desplazado por las Auc en el Magdalena.
Dos de las 12 mesas conformadas para elaborar las peticiones plantearon la necesidad de crear comisiones de la verdad que den razón de las causas, orígenes y desarrollos del conflicto, así como la definición de responsabilidades y el reconocimiento de las víctimas.
Sobre estos equipos, las víctimas pidieron que tengan acceso sin restricción a los archivos estatales, públicos y privados, pero con la posibilidad de que la información llegue a los estrados judiciales.
Las víctimas consideran que, desde estas comisiones de la verdad, el país y el mundo deben conocer a los responsables de los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, así como de la persecución a los campesinos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos, comunidades afro, indígenas y LGBTI.
Policías desaparecidos
Gloria Marín, exsecretaria de Víctimas del Meta y esposa del intendente de la Policía Carlos José Duarte, que permaneció cerca de 13 años secuestrado por las Farc, también pidió a esa guerrilla garantizar la verdad, con el fin de aclarar temas como la desaparición de uniformados en medio del cautiverio.
Según Marín, las Farc deben decir qué pasó con los policías Édgar Bairon Murcia Panecio y Luis Hernando Peña Bonilla, tema sobre el cual no han sido claros. Las familias exigen respuestas.
Las víctimas también plantearon la necesidad de que haya comisiones concentradas en el establecimiento de la verdad y los responsables sobre todas las formas de violencia contra la mujer en el conflicto, en particular de la violencia sexual.
Otro de los temas planteados por los afectados por la violencia tiene que ver con su reconocimiento, por parte de los grupos armados, y la necesidad de un perdón público.
“Ese reconocimiento como víctimas debe incluir la petición pública de perdón a las víctimas por parte de los actores responsables, así como la reparación integral”, dice un aparte del documento síntesis del foro, revelado por la ONU.
En este punto, pidieron ampliar el tiempo de reconocimiento de las víctimas más atrás del año 1985, definido por la Ley 1448 de 2011.
Róbinson Martínez, de la mesa permanente de víctimas en el Guaviare, dijo que debatieron varios temas, pero que la propuesta fundamental es que “los mecanismos de participación propuestos sean eficaces, que no queden en un papel y que se fije un plazo de máximo 12 meses para que los procesos de reparación se cumplan”.
Agregó que la propuesta tiene que ver con el fin de la revictimización, que se acabe la tramitología y que sean creadas oficinas a las cuales las víctimas puedan acudir a resolver su situación.
También plantearon a las Farc que reconozcan el despojo y la apropiación de tierras. Los participantes además pidieron depurar las Fuerzas Armadas para evitar violaciones de los derechos humanos.
Con relación a la desaparición forzada, los asistentes al foro exigieron mecanismos para que tanto las fuerzas del Estado como la guerrilla reconozcan sus crímenes y entreguen información sobre el paradero de las víctimas y que hagan la entrega de los restos a los dolientes.
