El gran desafío que se le presenta ahora al Estado es la reparación de estas víctimas. Será un sacrificio gigantesco, pero mucho menor que el sacrificio en vidas, recursos, degradación humana…
Tortura, violencia sexual, homicidio, masacre, minas antipersonales y desplazamiento forzado… estas son algunas de las atroces experiencias vividas por 5,5 millones de colombianos victimas del conflicto armado, según lo recuerda el ‘Proyecto Víctimas’, que acaba de publicar la revista Semana. El documento se suma al trabajo realizado por el Centro de Memoria Histórica.
El inventario no es definitivo. No solo porque el conflicto no ha terminado sino porque las negociaciones entre Gobierno y Farc se están dando en medio de la guerra y queda aún fuera de la mesa otro grupo armado de naturaleza política, el Eln. Esto exige una percepción más compleja que la simple y acaso explicable idea de que si se está hablando de paz, la guerrilla no puede seguir en pie de guerra.
Ha faltado una pedagogía masiva, convincente y sin tintes gobiernistas sobre riesgos y consecuencias de esta clase de negociación. Se evitarían el desencanto y la indignación que produce saber que quienes negocian con el Gobierno siguen perpetrando atentados criminales y matando militares y civiles sin renunciar al propósito de hacerle más daño al “enemigo”.
El documento de Semana recuerda que, a finales del 2011, 395.577 colombianos vivían fuera del país como refugiados. Según registros oficiales, 4’751.371 personas han sufrido desplazamiento forzado desde 1985, cifra que, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), eleva a 5’487.542.
Más de un millón de víctimas son niños menores de 12 años, un 20 por ciento aproximado del total. Entre 1990 y el 2012 se desmovilizaron más de 5.000 niños reclutados por los grupos armados. No se conoce el número de menores desmovilizados por la puerta trasera en el proceso con los paramilitares.
Los homicidios vinculados al conflicto pasan de 100.000. En la cifra figuran casi 3.000 sindicalistas, asesinados entre 1978 y el 2012; 3.000 víctimas de ‘falsos positivos’; 2.628 indígenas que no alcanzaron a sumarse al desplazamiento de 115.000. Según el Cinep, de 1990 al 2011 se dieron en Colombia 31.000 violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
Hay que guardar en la memoria las cifras escalofriantes de este y otros documentos recientes, como nuestra generación guardó, hace 50 años, las revelaciones de La violencia en Colombia, el libro de monseñor Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. No sabíamos entonces que estábamos a punto de sumar al anterior un nuevo ciclo de violencias, sin que se adelantaran reformas estructurales, aplazadas sine die por la clase política y los grandes propietarios rurales.
El gran desafío que se le presenta ahora al Estado es la reparación de estas víctimas. Será un sacrificio gigantesco, pero mucho menor que el sacrificio en vidas, recursos económicos, degradación humana y perversión institucional que ha costado medio siglo de guerras.
Más de tres millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas durante el conflicto. A esto ha respondido en gran medida la política de restitución del Gobierno y a esto responde el primer gran acuerdo logrado en la mesa de La Habana. La Ley de Víctimas fue un paso adelante y lo será aún más la eficiencia del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Una parte nada desdeñable del país ha seguido creyendo, en muchos casos con la mejor buena fe, en una intransigente salida militar. Por fortuna, se ha preferido la difícil solución negociada y, para probar que no se está en mal camino, la comunidad internacional ha empezado a dar su aprobación al modelo de La Habana.
