Son descorazonadoras las imágenes reveladas por los medios recientemente, en las que se aprecia a un centenar de jóvenes de dos colegios públicos de Bogotá liados a puños, piedras y palos. La Policía se vio en apuros a la hora de controlar el grupo de menores –de entre 12 y 14 años–, que querían salvaguardar no se sabe qué tipo de honor y hallaron en la violencia física la errónea fórmula para zanjar sus diferencias.
Duele como sociedad ver semejante espectáculo, protagonizado por muchachos que apenas dan sus primeros pasos en la vida y que deberían entender el colegio como un espacio de encuentro, amistad y conocimiento. Por el contrario, en tales instituciones parecieran estarse incubando laboratorios para concebir batallas y armar estrategias de lucha, mientras en el entorno otro cáncer, no menos grave, atenta contra la comunidad: el pandillismo, el microtráfico y el reclutamiento de menores.
Todo esto ha quedado expuesto tras las camorras entre estudiantes de los colegios Carlos Albán Holguín y Fernando Mazuera, en la localidad de Bosa, en el sur de la capital. Varios adolescentes terminaron heridos, otros 18 fueron aprehendidos, hubo vehículos y casas apedreados y hasta el comandante del cuadrante resultó lesionado.
Las primeras averiguaciones señalan que entre las causas del enfrentamiento están el matoneo, el uniforme del colegio rival y las características físicas de los propios planteles. Nimiedades que en ningún caso justifican los niveles de agresión a los que se está llegando, a no ser que subyazcan fenómenos mucho más complejos y difíciles de atender por las autoridades.
Sin querer afirmar que no pueden surgir desavenencias o desacuerdos propios entre muchachos que atraviesan por una edad en la que las rivalidades empiezan a aflorar, vale la pena examinar no solo qué está pasando dentro de los colegios –qué tipo de monitoreo se hace de esta clase de comportamientos y cuál es el papel que juega la familia–, sino lo que viene ocurriendo fuera de los centros educativos.
La Secretaría de Educación y la Policía han denunciado de tiempo atrás cómo va en aumento la presencia de personas ajenas a dichas instituciones, que buscan abrir espacios para el tráfico y consumo de estupefacientes. Paralelamente, han surgido grupos de pandillas de entre 50 y 60 jóvenes, que ya suman 36 en toda la ciudad.
La captura de estos lugares se estaría ejerciendo a través de bandas criminales venidas del sector del ‘Bronx’, cuna del microtráfico en Bogotá, que, ante la arremetida de las autoridades, han desplazado su accionar a populosos sectores de la capital.
La misma situación de violencia escolar se vive en el resto del país. A lo largo del año ya se han registrado 63 casos de riñas entre estudiantes de colegios públicos.
El sistema de alertas con que cuenta la Secretaría de Educación revela que, en el último año, si bien han disminuido las denuncias por agresiones a profesores, deserción, abuso y matoneo, no ha ocurrido lo mismo con el porte de armas, el consumo de drogas y el pandillismo.
No se puede permitir que conductas como las registradas esta semana se repitan. Es inadmisible que un colegio se vea obligado a suspender clases por hechos reprobables y cuyas causas deben examinarse desde todos los ámbitos: el familiar, el educativo y el de la autoridad. El día en que los palos y las piedras remplacen los textos y los profesores será el fin.
www.eltiempo.com/opinion/editoriales/editorial-violencia-escolar-editorial-el-tiempo-_13651596-4
