Otros ejércitos han comprendido que para ponerle fin a una guerra de contrainsurgencia es muy importante negociar y buscar salidas políticas.
Muy alentador ha sido el anuncio que han hecho el Gobierno y las Farc de haber llegado a un acuerdo sobre el tema de la tierra. Lo que ha salido a la luz pública sobre estos avances no es una amenaza para la mayoría de los propietarios. El cobro de mayores impuestos a la tierra se propuso desde hace años como alternativa a la reforma agraria para estimular una mayor productividad o la venta de predios.
Las Farc aparentemente han aceptado que van a promover un mayor acceso de pequeños propietarios a la tierra, y por eso figura prominentemente entre lo que se destaca de los acuerdos que al parecer se han logrado. Este es un paso muy importante en el camino hacia la paz. Hay que respaldarlo y hacer que cumpla con su objetivo de democratizar la propiedad rural, lo que ojalá redunde en el fortalecimiento de una clase media campesina y mayor seguridad en el campo colombiano.
El Gobierno ha sido muy criticado por haber tomado la iniciativa de buscar una salida negociada del conflicto, a pesar de estar negociando en medio de una escalada muy significativa de las acciones de guerra de las dos partes que están negociando. Esta decisión debe de haberle costado mucho trabajo, después de que se le apostó a la guerra sin atenuantes, como lo hizo el país durante los ocho años de Uribe, de haber fortalecido a la Fuerza Pública y haber conseguido el debilitamiento militar de la guerrilla.
Aunque durante ese período se hizo mucho énfasis en los aspectos bélicos y puramente militares de la estrategia contrainsurgente, no se alcanzó la paz. Quizás no se le prestó toda la atención debida a la población afectada por el conflicto, que ha soportado las consecuencias de estrategias como el conteo de bajas del enemigo y la concesión de estímulos a los combatientes basados en dichas bajas. Estas estrategias, por ineficaces, están siendo abandonadas por otros ejércitos que han comprendido que para ponerle fin a una guerra de contrainsurgencia es muy importante negociar y buscar salidas políticas.
En Vietnam, la estrategia del uso indiscriminado de fuerza y el conteo de bajas condujeron a masacres y al hostigamiento de la población civil por parte del ejército de los Estados Unidos, que no le restaron ímpetu a Hanoi o a la guerrilla y condujeron a que la población norteamericana le quitara el apoyo político a la guerra. La doctrina de contrainsurgencia del ejército de los Estados Unidos ha cambiado, aunque muy lentamente, después de varios fracasos de su modelo de fuerza apabullante, y ahora entienden mejor que antes que una guerra de contrainsurgencia se gana con un «80 por ciento» de política y un «20 por ciento de fuerza» bélica, y no al revés. La revista New York Review of Books del 7 de marzo de este año contiene una artículo sobre este tema basado en varios libros que han salido sobre las estrategias de guerra antiinsurgente promovidas por el general Petraeus, cuya reciente caída en desgracia no le resta importancia a su contribución a la estrategia militar de su país (Warrior Petraeus, por Thomas Powers).
En Colombia, la Fuerza Pública, los paramilitares y la guerrilla han sido objeto de serias acusaciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. La práctica del conteo de bajas guerrilleras contribuyó a los ‘falsos positivos’ y a la mala imagen que ellos les crearon al Ejército y al Gobierno. El esfuerzo que hace la actual administración de negociar con la guerrilla y de resarcir a las víctimas del conflicto va en la dirección de aumentar el componente político en la resolución del conflicto. El presidente Santos conoce como pocos otros colombianos las limitaciones del uso exclusivo de la fuerza para alcanzar la paz.
