“No asistir a fiestas o reuniones que se hagan por fuera de su vivienda”. “No contactarse con sus víctimas sin previa autorización”. “No portar armas”.
Con compromisos como esos, además del de reportarse ante magistrados y Fiscalía al primer llamado, ya hay cuatro paramilitares –de los que se sometieron a Justicia y Paz– que salieron de las cárceles después de pagar ocho años de pena alternativa. Este año, al igual que ellos, otros 160 cumplirán las condiciones para pedir el beneficio de libertad, tras completar la sentencia impuesta por la justicia transicional.
Víctor Asís Quintero, Jhon Jairo Álvarez Manco, Ramiro de Jesús Rojas Álvarez y José de Jesús Pérez, quienes estuvieron con los ‘paras’ de Chocó, Bolívar, Risaralda y el Valle, firmaron los compromisos individuales y, según la justicia, cumplieron con la obligación de reparación, decir la verdad de sus crímenes y mantener buena conducta en los ocho años de prisión. Bander Caro Sánchez, exguerrillero del Ejército Revolucionario Guevarista, también recibió el mismo beneficio.
La primera excarcelación fue la de Álvarez Manco, alias el ‘Mono’, quien entregó las armas cuando hacía parte del Bloque Bananero de las Auc. Un juez ordenó su libertad en diciembre, pero se hizo efectiva en abril.
La libertad más reciente fue la de José de Jesús Pérez, alias ‘Sancocho’, desmovilizado en el 2004 del frente Farallones del Bloque Calima. Aunque en una primera instancia el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negó su salida de prisión, la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde. El lunes pasado, al verificar que no tiene más procesos pendientes, una magistrada del Tribunal en Bogotá ordenó su salida.
La de este ‘expara’ fue la primera libertad que concede esa instancia, que en el último año ha negado otras 200 solicitudes de desmovilizados que pedían la excarcelación.
Para conservar su libertad, los desmovilizados tienen la obligación de ‘matricularse’ en los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Esto implica participar en los talleres con otros desmovilizados que no entraron en Justicia y Paz, fijar un lugar de residencia donde los puedan ubicar e informar cualquier cambio de vivienda; no salir del país ni del municipio sin previa autorización y mantener buena conducta. También deben iniciar programas de formación académica y planes productivos.
Fuentes cercanas a Justicia y Paz le indicaron a EL TIEMPO que, durante el primer mes, los desmovilizados recibirán 600.000 pesos, y en los siguientes 11 meses del año tendrán un subsidio de 400.000 pesos mensuales, como sucedió con los que no fueron a la cárcel.
La Misión de la OEA que acompaña el proceso de paz con las Auc (Mapp-OEA) entrevistó a 65 de los 70 postulados que en agosto podrían solicitar su libertad, entre ellos a 21 exjefes. Según reveló, la mayoría de ellos tiene intención de radicarse en Antioquia.
Una de las principales preocupaciones de los exparamilitares, según el estudio, es su seguridad y la de sus familias. Ellos dicen que sus versiones han servido para que la justicia identifique a terceros y que por eso podrían correr peligro.
Gracias a las versiones en Justicia y Paz, la Fiscalía empezó a investigar a 1.244 políticos y 1.174 miembros de Fuerza Pública.
31 % viviría en Antioquia
El 31 por ciento de los 70 desmovilizados que podrían solicitar su libertad en agosto retornarían a Antioquia. Así lo estableció la Mapp-OEA en entrevistas que hizo con 65 de esos desmovilizados. El 21 por ciento se quedaría en Bogotá, como el exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias ‘don Antonio’, quien ya solicitó su libertad y por razones de estudio manifestó querer vivir en la capital del país. El 7 por ciento iría a Boyacá, Meta o Santander.
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