Organismo sugiere que hubo uso excesivo de la fuerza del Estado. Ministros rechazan el señalamiento.
La crisis social en el Catatumbo precipitó este miércoles el más duro enfrentamiento que han sostenido hasta ahora el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
La confrontación se dio porque la ONU asegura que las muertes de cuatro personas en medio de la protesta en el Catatumbo, ocurridas entre el 22 y el 25 de junio pasado, pudieron haber sido provocadas por disparos de la Fuerza Pública. A juicio de la ONU “el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes” habría generado la muerte de los campesinos Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios.
Pocas horas después el Ministerio de Defensa emitió una declaración en la que calificó como “irresponsable y temerario hacer cualquier tipo de afirmación”, sin que haya concluido la investigación de la Fiscalía, solicitada por el mismo Gobierno.
EL TIEMPO pudo establecer que hay disgusto en el alto Gobierno por las afirmaciones de la ONU, pues dichas expresiones no tendrían fundamento en peritaje confiable alguno.
Según la ONU, su denuncia está basada en que “pudo constatar” que “en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública”.
El Ministerio de Defensa dijo que ese despacho es el principal “interesado en que se determinen las circunstancias en que presentaron estas muertes” y que en atención a ese interés pidió a la Fiscalía la investigación.
Además, el Ministerio recalcó que la Fiscalía también debe investigar y determinar “los responsables de las heridas a 42 miembros de la Policía que han sido víctimas del uso indiscriminado de armas de fuego, explosivos, ‘tatucos’ y otras armas letales utilizadas en contra de la fuerza pública durante los bloqueos”.
El reporte de la ONU también registró que “hubo agresiones por parte de los manifestantes” y que “en los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública”.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien ha estado en el equipo negociador del Gobierno, dijo que la declaración de la ONU es “inoportuna e improcedente”.
En su pronunciamiento, la ONU también manifestó su “preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo” y deploró que “pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas”.
Dijo que “la población allí asentada reclama al Estado desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno”.
A juicio de la ONU, en la zona hay frustración por “el estancamiento en el proceso de diálogo entre los campesinos y las autoridades estatales” y por los “retrasos en la creación de una zona de reserva campesina, la falta de inversión social prevista por el Plan Estratégico de Desarrollo, además de la falta de programas de apoyo para la sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito”.
La protesta en el Catatumbo lleva casi 30 días y hasta ahora no hay acuerdos entre los voceros de los campesinos y el Gobierno.
Intentan evitar el paro agrario
En un esfuerzo por neutralizar a los promotores del paro agrario anunciado para el 19 de agosto, el Gobierno citó a los gremios del sector a una cumbre. Examinarán qué se les ha cumplido y qué no. Invitarán a los organismos de control.
REDACCIÓN POLÍTICA
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