La Oficina se une a la Defensoría del Pueblo en el llamado urgente para que se articulen y cumplan con su deber de garantía de los derechos humanos de la población chocoana, entre otras entidades, los ministerios de Salud, Interior, Minas, Medio Ambiente, Agricultura, Vivienda, Educación, Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Oficina coincide con la Defensoría del Pueblo en que “La situación de violencia en el Chocó se ha agudizado debido al comienzo de una nueva etapa de confrontación armada por el control de zonas y corredores estratégicos para el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico”. Esta situación generó durante lo corrido del año, el desplazamiento forzado de más de 3.000 personas.
La Oficina está preocupada también por el número de muertes por falta de prevención o tratamiento del sistema de salud. En su informe de 2014 la Defensoría registra que por lo menos 95 niños y niñas indígenas –menores de 5 años- murieron por enfermedad diarreica aguda, algunas de ellas pertenecían a poblaciones retornadas en la zona del Alto Andágueda. A su vez, en el municipio de Riosucio, la Oficina recogió información sobre 10 niños y niñas muertos, entre julio de 2013 y agosto de 2014, por enfermedades respiratorias y diarreicas agudas. La falta de acceso a agua potable y saneamiento básico de la población del Chocó es otro motivo de preocupación.
La Oficina, junto con la Defensoría, han podido observar en su visita al Río Quito los graves efectos de la explotación minera en el acceso y goce efectivos de la tierra y el territorio por parte de los pueblos étnicos, así como el incremento en la violencia, la explotación sexual y la pérdida de algunas de sus prácticas y valores ancestrales.
La Oficina reitera su llamado al Estado colombiano a garantizar el derecho a la consulta previa de los pueblos étnicos de acuerdo con los tratados internacionales con los cuales se ha comprometido Colombia, y que se encuentran integrados al bloque de constitucionalidad. La Oficina está trabajando con las Unidades de Víctimas y Tierras para fortalecer el proceso de implementación de los decretos-ley étnicos (4633 y 4635 de 2011) para la atención y reparación de los derechos de indígenas y afrocolombianos.
La Oficina reitera su compromiso de seguir trabajando por los derechos humanos en el Chocó y confía en que el Estado y la sociedad colombiana pondrán fin a la discriminación que sufren los pueblos afrocolombianos e indígenas que habitan en este departamento.
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