Buenos días (Saludos a asistentes y mesa principal)
El Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre el año 2018 será presentado hoy 14 de marzo en Colombia y el próximo 20 de marzo en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos.
El Informe presenta un análisis de la situación de derechos humanos en Colombia, que surge de la observación y el diálogo con cientos de personas e instituciones con quienes trabajamos y a quienes acompañamos en más de 1.300 misiones de terreno por toda Colombia, durante el año 2018.
A todas las personas que son nuestras contrapartes del Estado y de sociedad civil, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus territorios y por trabajar hombro a hombro por la paz; y por la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Comenzaré con los temas relacionados con el Acuerdo de Paz. Para la Alta Comisionada “El Gobierno –actual- … tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, y urge a que “se incrementen los esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos en el Acuerdo de Paz, puesto que no puede haber vuelta atrás”.
Por otra parte, La Alta Comisionada recuerda que la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos que se ha delineado en muchos de los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte. Por lo tanto, su debida implementación reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.
La Alta Comisionada ha observado que el Estado, pese a los esfuerzos desplegados, no ha podido llegar de manera coordinada y con la oferta institucional requerida a nivel territorial, particularmente en las zonas rurales más alejadas y donde el conflicto generó los mayores impactos. En ese sentido, la Alta Comisionada alienta al Gobierno a priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo, en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginales.
DIH
Con respecto al Derecho Internacional Humanitario, DIH, la Alta Comisionada “hace un llamado al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que lo respeten, e insta al ELN a que se abstenga de tomar rehenes, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario.Asimismo, convoca a las partes a acordar un cese al fuego bilateral que permita seguir construyendo confianza para la reanudación de los diálogos de paz.”
Sobre este aspecto cabe enfatizar que el DIH brinda un marco de protección que todas las partes en conflicto deben respetar y que, en situaciones de conflicto armado sin índole internacional, el DIH consagra una serie de prohibiciones para proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Además, en situaciones como la de Colombia, el derecho internacional de los derechos humanos exige que todos los agentes estatales cumplan con el deber de respeto y garantía, incluso en situaciones de conflicto. Como recientemente resaltó el Comité de Derechos Humanos en relación con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la protección contra la privación arbitraria de la vida, las obligaciones internacionales del Estado continúan vigentes, y en relación con derechos inderogables, como el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, no hay limitaciones o restricciones que se puedan imponer. (UN Human Rights Committee, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 30 October 2018, UN Doc. CCPR/C/GC/36.)
Situación de Defensores y Defensoras de derechos humanos
“En el mes de julio de 2018, un presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC) fue asesinado en el sur del país. La víctima era un impulsor del proceso de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Conforme a la información recibida, las motivaciones del homicidio estarían relacionadas con esa actividad. Tres meses antes de los hechos, tanto las familias que suscribieron los acuerdos voluntarios de sustitución como este líder comunitario habían recibido amenazas, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades. Al igual que muchas otras personas en la misma situación, este líder buscaba alternativas económicas viables y legales para su comunidad, dados los altos índices de pobreza multidimensional en la región. Esta falta de oportunidades y las altas tasas de pobreza habrían llevado a la comunidad a vincularse a la economía ilegal para subsistir, lo que la expuso a la violencia ejercida por los grupos ilegales o criminales que manejaban esas economías…”
Cabe destacar, que un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socava la democracia y el Estado de Derecho, y que además de violar el derecho a la vida, siembra el miedo y el terror entre las comunidades, y termina afectando otros derechos como lo son la libertad de expresión o de participación. Y el miedo paraliza!
Quiero subrayar en este punto que estos casos de homicidios de defensores y defensoras no representan necesariamente el universo total de asesinatos de defensores. Sin embargo, son una muestra altamente significativa que permite a la Alta Comisionada identificar tendencias.
En este sentido, estamos comenzando a articular esfuerzos para apoyar al Estado en consolidar sus propias estadísticas aportando nuestra metodología y otras, como por ejemplo la de la misma Defensoría del Pueblo, con el fin de que se constituya un registro único de los homicidios.
En su Informe Anual, la Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 110 defensores en 2018.
–Esta cifra no es completa, y lamentablemente crece en la medida en que se estudian a profundidad más casos pendientes de 2018; por ejemplo, a hoy, hemos documentado 3 casos más, subiendo a 113 el número de homicidios de defensores en 2018-. Con respecto a 2019, hasta hoy hemos recibido denuncias de homicidio de 29 defensores de derechos humanos de los cuales ya tenemos 6 casos documentados.
Volviendo a2018, de los 110 defensores y defensoras registrados, “…el 27 % de los casos afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)” .
La Alta Comisiona advierte en su Informe “que los asesinatos contra defensores ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, el Cauca y Norte de Santander”.
Cabe anotar que la Alta Comisionada “observa que el 93 % de los casos de homicidios a los cuales hizo seguimiento –en 2018- ocurrieron en contextos regionales … que registran una débil o nula presencia del Estado Y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos.
La Alta Comisionada señala que “el 66% de los asesinatos de defensores y defensoras estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo”.
“Los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %).”
Con Respecto a las Mujeres defensoras, la Alta Comisionada afirma que persisten los asesinatos, habiéndose registrado por lo menos nueve casos a lo largo del año pasado. La mayoría en municipios donde además existe un alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género.
“Igualmente, la Alta Comisionada expresa su preocupación por las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas LGBTI, incluyendo, según Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana.”
“En el caso de los periodistas, la Alta Comisionada toma el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que señala un aumento preocupante del número de amenazas y agresiones contra reporteros con respecto a 2017. Hasta el 2 de noviembre de 2018 se habían denunciado 3 homicidios, 200 amenazas y 477 agresiones en contra de la libertad de prensa, con evidentes consecuencias sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.
Con relación a los directivos de las Juntas de Acción Comunal, quienes viven en condiciones muchas veces precarias, la Alta Comisionada afirmó que el 59 % de los asesinatos se cometieron en su contra. Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo registran la mayoría de casos.
La Alta Comisionada con respecto a la Unidad de Protección observa “con preocupación –en 2018- que en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor”.
Por ejemplo: “la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el conflicto en el sur del país, quien fue amenazada en abril de 2018 recibió como medidas de protección en septiembre un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, no todos estos elementos eran idóneos teniendo en cuenta las dificultades de acceso y la falta de comunicaciones que existían en la zona donde la corregidora ejercía sus funciones”.
“La Alta Comisionada reitera que debe priorizarse el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal. Para tal propósito, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad entre otras instancias deberían ser espacios adecuados para abordar este enfoque”.
En este contexto hemos observado la importancia de fortalecer los mecanismos colectivos propios de prevención y protección de las comunidades, como por ejemplo la Guardia Indígena, que en Cauca desempeña un rol trascendental en materia de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
En 2019 he acompañado varias visitas de la Ministra del Interior, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría a distintas regiones del país –Tibú, Carmen de Bolívar, el Salado y Caucasia, entre otras zonas- donde el riesgo para quienes defienden los derechos humanos es extremadamente alto. Saludo estas iniciativas que contribuyen a la adopción de las medidas urgentes y que apoyan públicamente la labor de defensa de derechos humanos.
Con respecto a la Fiscalía, en un contexto en el que los niveles de impunidad en casos de homicidios dolosos han sido históricamente muy altos y oscilan actualmente entre el 86,58 % y el 94,30 %, en lo que concierne las investigaciones por homicidios y amenazas contra defensoras y defensores la Alta Comisionada reconoce los avances obtenidos y señala que “debe fortalecerse la investigación penal para poder (llegar a) sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican”.
Aprovecho la presentación de este informe para señalar que uno de los mecanismos de prevención más efectivos es acabar con la estigmatización en el discurso y los señalamientos frente a su labor, y por el contrario dar mensajes públicos de apoyo a su tarea, indispensables para fortalecer la democracia.
Participación
Con relación a la participación, la Alta Comisionada hace un énfasis particular sobre el derecho a la protesta social, y enfatiza en que acoge con beneplácito las declaraciones del Presidente de la República donde ratifica la protesta pacífica como un derecho y espera que todas las instituciones del Estado actúen en consecuencia.
Nosotros monitoreamos protestas nacionales en noviembre y diciembre, brindando a las autoridades asistencia técnica en materia de prevención. En consecuencia, la Ministra del Interior dió directrices a todos los gobernadores y alcaldes para que se garantizaran el derecho a la protesta social.
Este año 2019 continuaremos monitoreando y dando seguimiento a la protesta social; de hecho ya estamos en Cauca y Huila haciéndolo, donde siguen las movilizaciones. Aprovecho aquí para hacer un llamado a que se aplique el protocolo sobre la protesta social aprobado en 2018.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, representa una oportunidad, sin precedentes, para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y los pueblos étnicos en todo el país, contribuyendo al reconocimiento de su carácter de sujetos de derechos y a la promoción de la convivencia pacífica.
Para que la JEP pueda cumplir con su mandato constitucional es fundamental que todas las ramas del poder público promuevan y respeten su autonomía e independencia, a fin de que los magistrados y magistradas puedan garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica a los reincorporados de las FARC y a los miembros de la Fuerza Pública que están compareciendo ante ese tribunal.
La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y de los estándares internacionales relativos a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y a la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes internacionales.
La Alta Comisionada reitera también que “Es esencial que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) cuenten con los recursos financieros necesarios para desarrollar plenamente su mandato”.
Ejecuciones Extrajudiciales del pasado
“La Fiscalía General de la Nación transmitió en junio de 2018 un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las muertes ilegítimamente registradas como “bajas en combate” por integrantes del Ejército Nacional. La Fiscalía identificó un total de 2.248 víctimas de ejecuciones registradas como bajas en combate entre 1988 y 2014, observándose una mayor incidencia entre 2006 y 2008.Con base en este informe y con información complementaria proveniente de distintas fuentes, entre otras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió abrir el caso núm. 003 sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
“La Alta Comisionada espera que el caso núm. 003 sea una oportunidad para esclarecer los hechos y contribuya a reducir los niveles de impunidad. “
Seguridad
La Alta Comisionada “sigue observando que… el Estado llega (en ocasiones) solamente a través del ejército, por lo que este debe desarrollar tareas que no son propias de su responsabilidad institucional, tales como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado o el fomento de la convivencia y el desarrollo, esto lo hemos observado en Antioquia, Chocó, Guaviare, Huila, Meta y Nariño, entre otros lugares. Esto contraviene normas regionales e internacionales de derechos humanos”. Y debilita aún más la escasa y/o precaria presencia de la institucionalidad civil.
“La Alta Comisionada recuerda que varios expertos de las Naciones Unidas han señalado que el uso del ejército en la lucha contra el crimen puede producir un incremento en las violaciones de los derechos humanos.” “Un Ejemplo de lo anterior es el homicidio de un defensor de los derechos humanos indígena en enero de 2018 en El Carmen de Atrato (Chocó), cometido por miembros del ejército durante una protesta social. Ese mismo mes, una niña sufrió lesiones en Cáceres (Antioquia) durante el desarrollo de una operación militar contra el Clan del Golfo.”
“La participación del ejército en situaciones en las que la naturaleza de su formación y disciplina no son las adecuadas genera riesgos para la población en términos de afectación por uso de fuerza letal y produce distorsiones en su relacionamiento con otras autoridades estatales, especialmente con las autoridades locales y étnicas y con la policía…. Esto pudo ser observado en Antioquia, el Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Vaupés, entre otros departamentos. En Bolívar, el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de uno de los municipios contempla expresamente la intervención principal del ejército para atender situaciones de convivencia y seguridad ciudadana”.
Asimismo, “La Alta Comisionada manifiesta su preocupación por los 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. En Arauca y Norte de Santander se han registrado casos por tercer año consecutivo. La policía nacional sería presuntamente responsable de seis casos, y el ejército, de cinco. Uno de los casos atribuidos a la policía ocurrió en el desarrollo de protestas sociales, otro en el transcurso de una operación contra el crimen y los demás podrían atribuirse al uso excesivo de la fuerza en tareas habituales de seguridad ciudadana.”
“La Alta Comisionada acoge con beneplácito la disposición del Ministerio de Defensa para establecer un espacio de trabajo conjunto con el propósito de que sus procedimientos y acciones institucionales se lleven a cabo de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. En esos espacios también se analizarán las situaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, coadyuvando así a los esfuerzos del Estado para prevenir su ocurrencia”.
Derechos económicos, sociales y culturales, y género
Avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, promover la igualdad de género mediante el acceso equitativo a los recursos económicos y garantizar una educación inclusiva y la disponibilidad de agua y saneamiento como garantías de salud y bienestar son compromisos asumidos por Colombia en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es de anotar que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país más desigual en la región, por lo que es esencial que el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 aborde la desigualdad con un enfoque de derechos humanos.
“Si bien los datos oficiales indican importantes avances en la lucha contra la pobreza, también reconocen la profunda brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas.Por ejemplo, el analfabetismo en los hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos”.
La Alta Comisionada menciona en su Informe las “vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas relacionadas con las actividades mineras. Esto se hace especialmente evidente en los pueblos Miraña y Bora, en el departamento de Amazonas, donde 450 personas que habitan en la ribera del río Caquetá se han visto gravemente afectadas por las actividades de explotación ilícita de yacimientos de oro. Las investigaciones demuestran que estas personas tienen concentraciones promedio de mercurio entre 15 y 20 veces superiores al límite fijado por la OMS, debido principalmente al consumo de pescado”.
“Las disparidades en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales son mayores en los municipios más afectados por el conflicto armado. Por ejemplo, los municipios considerados por el Gobierno como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado tienen en promedio un índice de pobreza multidimensional del 76 %, cuando la media nacional es del 49 %”.
En este sentido, la Alta Comisionada alienta al Gobierno a redoblar esfuerzos en la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz; en la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial; en los enfoques de género y étnico establecidos por el Acuerdo; en el avance de la implementación de las fases posteriores a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, y en los pagos de subsidios.
Es de destacar que la Alta Comisionada señala como un punto del Acuerdo de Paz muy importante el “que establece un abordaje distinto al problema de las drogas ilícitas, en concordancia con los avances en el debate internacional sobre las políticas antidrogas, que apuntan a la búsqueda de soluciones basadas en el desarrollo, la salud pública y la observancia del derecho internacional de los derechos humanos. La sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos… favorece la sostenibilidad de los esfuerzos de sustitución”. Y de acuerdo a UNODC el 92% de las familias inscritas en el programa cumplieron.
Reparación colectiva y restitución de tierras
La Alta Comisionada observó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha reconocido 634 sujetos de reparación colectiva, de los cuales en solo seis casos (el 0,9 %) ha habido avances significativos en la implementación de los planes de reparación. Respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.
Para continuar con el proceso de restitución en zonas de alta conflictividad y violencia se requiere de una actuación institucional coordinada que incluya a las autoridades locales. Así se evidenció, por ejemplo, en algunas veredas de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Turbo, en las que nuestra Oficina brindó asistencia técnica.
Impacto de la corrupción en los derechos humanos
Por último, la Alta Comisionada también advierte sobre los efectos de la corrupción en el goce de los derechos humanos ….Y que los recursos recuperados de la corrupción pueden ser una fuente importante de financiamiento para implementar los compromisos de reforma rural integral y sustitución de cultivos ilícitos contemplados en el Acuerdo.
Finalmente, la Alta Comisionada hace recomendaciones que he mencionado a lo largo de esta presentación y que pueden encontrar en el informe. Entre estas quiero destacar la que se cree una Comisión tripartita Estado y Sociedad civil para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales.
Muchas gracias
Recomendaciones:
- Acelerar el ritmo de implementación de los puntos 1,3 y 4 del Acuerdo de Paz
- Fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos; y trabajar en prevención y protección de sus vidas, lo mismo que abordar las causas estructurales de los ataques
- Dar seguimiento a la visita oficial del Relator Especial sobre la situación de defensores y defensoras
- Implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos y fortalecer la lucha contra la impunidad
- Al Gobierno y al ELN respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
- Respeto, por parte de las entidades del Estado, a la independencia del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
- Avanzar en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible
- Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
- Mantener el Proceso participativo para la construcción del Plan de Acción en Derechos Humanos
