Intervención del Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, en la Mesa Nacional de Garantías

6 de mayo de 2026

Saludos al

  • Señor viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, y señora directora de Derechos Humanos, Jomary Ortegón.
  • Señor Ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo Restrepo,
  • Señora Lourdes Castro, Consejera Presidencial
  • Señora Diana Sánchez, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa
  • A todas las instituciones del Estado de diversos ministerios.

Saludos también:

  • Señora Iris Marín, Defensora del Pueblo
  • Señor Néstor Osuna, Procurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación
  • Señor Nelsón Andrés Escobar, director de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Saludos Especial

  • A las plataformas, procesos sociales, lideresas y líderes, defensoras y defensores de derechos humanos:
  • Participo hoy en este espacio con una certeza que no admite ambigüedades:

El ejercicio de la defensa de los derechos humanos debe poder realizarse sin miedo, sin amenazas y sin poner en riesgo la vida.

 

El 19 de marzo pasado, ONU DDHH presentó un informe sobre la situación de las personas defensoras en Colombia, con especial atención al periodo 2022-2025.

Este informe concluye que:

Primero: Los patrones y tendencias de homicidios, amenazas, ataques y desplazamientos forzados evidencian que la violencia contra personas defensoras no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una realidad persistente y estrechamente vinculada a causas estructurales subyacentes, como el control social y territorial ejercido por actores armados no estatales y organizaciones criminales, y a profundas brechas de presencia integral del Estado.

Segundo: El informe destaca que la violencia impacta de manera diferenciada y desproporcionada a Pueblos Indígenas, Comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas, Juntas de Acción Comunal, liderazgos ambientales, así como a mujeres defensoras, y personas con orientación sexual o identidad de género diversas.

Tercero: El informe resalta como positivo que durante el 2022 y el 2025:

  • El Gobierno haya reconocido y priorizado el problema de la violencia en contra de personas defensoras;
  • Que mantuviera un diálogo constante con organizaciones y movimientos sociales a través de la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías.
  • Que promovió acciones de prevención y respuesta inmediata ante algunas situaciones críticas y
  • Que desarrolló una política integral de garantías para las personas defensoras (pero todavía no aprobado), concertadas con las plataformas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil

Cuarto, el Informe señala que revertir las tendencias y patrones de violencia, así como superar los obstáculos estructurales que impiden garantizar una protección integral y sostenida a las personas defensoras de derechos humanos, es fundamental, y que se pueda avanzar, entre otros elementos en:

  • Una mayor articulación y coordinación en términos de prevención y protección entre autoridades nacionales, departamentales y municipales; fortaleciendo y financiando la respuesta en clave de protección de los entes municipales:
  • El fortalecimiento de la respuesta e implementación integral de las recomendaciones de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo;
  • La reforma profunda al actual modelo de protección para la adopción de un sistema que integre la prevención y la protección, que privilegie la protección colectiva, centrada en los procesos sociales que defienden derechos en los territorios y que integre plenamente los enfoques étnicos, de género y territoriales.
  • La implementación en todo el país de la metodología de investigación desarrollada por la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, articulando la política de desmantelamiento del fenómeno criminal;
  • Y avanzar en la implementación de las órdenes de la Sentencia de la Corte Constitucional de 2023.

Esto implica una responsabilidad compartida, pero diferenciada: para las instituciones del Estado, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia; y para todos los actores presentes, el compromiso de hacer de la Mesa Nacional de Garantías un mecanismo efectivo de transformación.

Esta Mesa Nacional de Garantías del día de hoy tiene un propósito particularmente relevante: realizar un balance del cumplimiento de los compromisos asumidos, y proyectar la agenda hacia el nuevo ciclo de gobierno.

Por ello, quisiéramos subrayar un elemento central para la efectividad de este espacio:

Es fundamental que las autoridades informen de manera clara, detallada y verificable sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías y en sus diferentes subgrupos.

Este ejercicio de rendición de cuentas es clave por varias razones:

  • Permite identificar avances concretos y no solo compromisos formales
  • Facilita medir el impacto real en los territorios
  • Ayuda a reconocer las brechas persistentes
  • Y fortalece la confianza entre el Estado y la sociedad civil

Con este objetivo, el Informe Temático del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al que me he referido antes, también contiene un conjunto de recomendaciones para el siguiente gobierno que buscan ser una hoja de ruta para superar los obstáculos estructurales que impiden hacer frente, de una vez por todas, a las vulneraciones y/o violaciones de derechos humanos contra las personas defensoras.

La legitimidad y eficacia de la Mesa Nacional y de las Mesas Territoriales de Garantías dependerán de tres condiciones fundamentales:

  • su funcionamiento regular,
  • la participación de alto nivel con capacidad de decisión,
  • y la existencia de mecanismos públicos y verificables de seguimiento.

Finalmente, quisiera reiterar el compromiso de ONU DDHH de continuar acompañando este proceso, aportando mediante el monitoreo, la asistencia técnica y el diálogo constructivo.

Las personas defensoras no son un actor más: son la fuerza esencial para la vigencia de los derechos y la construcción de un país más justo, y más pacífico.

Muchas gracias.