Colombia: Se necesitan medidas urgentes para poner fin a la violencia generalizada contra las personas defensoras de los derechos humanos, de acuerdo con informe de ONU Derechos Humanos

GINEBRA (19 de marzo de 2026) – En Colombia, durante la última década, las personas defensoras de los derechos humanos han sido objeto de una violencia implacable, con un promedio de casi 100 personas asesinadas cada año, según un informe publicado por la Oficina de ONU Derechos Humanos.

El informe llama a las autoridades a tomar medidas urgentes para abordar los problemas estructurales y de política pública que contribuyen a esta situación.

«Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos», dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

«El Gobierno actual ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, pero, como muestra este informe, aún queda mucho por hacer», añadió Türk.

El informe reconoce que las autoridades colombianas han tomado acción para manejar la situación, incluyendo el reconocimiento público de la gravedad del problema, la apertura de un diálogo de alto nivel con organizaciones de la sociedad civil, la adopción de acciones preventivas e inmediatas en situaciones urgentes y el desarrollo de una política nacional sobre defensores de derechos humanos. También las autoridades colombianas han cooperado estrechamente con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin embargo, el informe también señala que “las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia contra Las personas defensoras de los derechos humanos, ni superar los desafíos estructurales que obstaculizan el esfuerzo por brindar protección integral y sostenida a estas personas defensoras”.

“El país se encuentra en un punto de inflexión. A menos que se tomen medidas efectivas para convertir esta situación en una prioridad estatal, con una agenda clara para la prevención, la protección, la investigación y el abordaje de las causas estructurales, la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos continuará”, afirma el informe.

Entre 2016 y 2025, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó 972 asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se produjo un aumento gradual en el número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, según el informe. Esta tendencia está vinculada principalmente con conflictos armados que involucran a actores armados no estatales en áreas previamente controladas por el grupo guerrillero FARC-EP, donde el Estado ha tenido dificultades para establecer una presencia constante.

En los últimos años, según el informe, se ha producido un aumento de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos por parte de grupos criminales vinculados principalmente al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas. El informe también señala la debilidad y la sobrecarga de las instituciones, los altos niveles de impunidad y la corrupción como factores que contribuyen a la violencia.

“Colombia sigue siendo un país muy peligroso para quienes defienden los derechos humanos. Los patrones y tendencias de homicidios, amenazas, ataques y desplazamientos forzados demuestran que la violencia contra las personas defensoras no es un fenómeno aislado ni temporal, sino una realidad persistente estrechamente ligada a causas estructurales subyacentes”, afirma el informe.

El informe ofrece un relato detallado de los sucesos ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, periodo en el que fueron asesinadas 410 personas defensoras de los derechos humanos. En total, el 23% de las víctimas eran indígenas, un porcentaje extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que la población indígena representa solo el 4,7% de la población total del país, según el informe. Las comunidades afrodescendientes y campesinas, las juntas de acción comunitaria, los líderes ambientales, las defensoras de los derechos humanos, las personas con diversas orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género, y los líderes políticos también fueron blanco de ataques.

Más del 70% de los perpetradores fueron identificados como actores armados no estatales.

Durante el mismo período, se registraron 2018 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras de los derechos humanos. Esta cifra representa solo una fracción de la magnitud real del fenómeno, ya que no existe un sistema unificado e integral para que las entidades estatales recopilen información sobre estos ataques, según el informe.

El informe recomienda consolidar políticas públicas eficaces, implementar reformas institucionales esenciales, promover investigaciones penales para desmantelar a los principales perpetradores y prevenir la impunidad, y desarrollar mecanismos de protección adecuados a las realidades sobre el terreno.

“Además de garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos ocurridos,  abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral debe ser la prioridad para todas las autoridades competentes en Colombia, a fin de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y permitirles llevar a cabo de forma segura, su labor esencial”, agregó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los recortes presupuestales de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2025 han disminuido profundamente su capacidad para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y de tomar  medidas preventivas.

Como consecuencia de estos recortes, la Oficina se ha visto obligada a reducir significativamente sus misiones a zonas de alto riesgo, lo que ha afectado su capacidad para monitorear los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y de responder a las solicitudes urgentes de las comunidades en riesgo.

FIN.

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Colombia: Urgent action needed to end widespread violence against human rights defenders – UN report

GENEVA (19 March 2026) – Human rights defenders in Colombia have been subjected to unrelenting violence over the past decade, with on average just under 100 killed every year, a report issued by the UN Human Rights Office finds, calling for urgent measures by the authorities to address policy and structural issues contributing to this toll.

“It is heartbreaking that Colombia remains one of the deadliest places on earth to be a human rights defender,” said UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk.

“The current Government has implemented several important measures to address violence against human rights defenders, but, as this report shows, much more needs to be done,” Türk added.

The report acknowledges that the Colombian authorities have taken steps to address the situation, including publicly recognizing the grave dimensions of the problem, opening a high-level dialogue process with civil society organizations, adopting preventive and immediate actions in urgent situations, and developing a national policy on human rights defenders. They have also cooperated closely with the UN Human Rights Office in Colombia.

Nevertheless, the report also states that “state institutions in general have not been able to reverse the trends and patterns of violence against human rights defenders, nor to overcome the structural challenges that hinder the effort to provide sustained and comprehensive protection to human rights defenders”.

“The country is at a turning point. Unless effective measures are taken to make this a state priority, with a clear agenda for prevention, protection, investigation, and addressing the structural causes, violence against human rights defenders will continue,” the report states.

Between 2016 and 2025, the UN Human Rights Office documented 972 killings of human rights defenders.

Following the signing of the Peace Agreement in 2016, there has been a gradual rise in the number of killings of human rights defenders, the report states. This trend is primarily linked to conflicts involving non-state armed actors in areas previously controlled by the FARC-EP guerrilla group, where the State has struggled to establish a consistent presence.

In recent years, the report finds, there has been a rise in violence against human rights defenders from criminal interests linked notably to drug trafficking, illegal mining, illegal logging, and human trafficking. The report also points to weak and overwhelmed institutions, high impunity levels, and corruption as contributing factors to violence.

“Colombia remains a very dangerous country for those who defend human rights. The patterns and trends of homicides, threats, attacks, and forced displacement show that violence against defenders is not an isolated or temporary phenomenon, but a persistent reality closely linked to underlying structural causes,” says the report.

The report provides a detailed account of events between 1 January 2022 and 31 December 2025, when 410 human rights defenders were killed. In all, 23 percent of the victims were Indigenous Peoples, an extraordinarily high percentage considering that the Indigenous population represents only 4.7 percent of the country’s total population, the report finds. Afro-descendant and peasant communities, community action boards, environmental leaders, women defenders, people with diverse sexual orientations and gender expressions and identities, and political leaders were also targeted.

More than 70 percent of the perpetrators were assessed as non-state armed actors.

Over the same period, there were 2,018 cases of threats and attacks against human rights defenders. This number represents only a fraction of the actual magnitude of the phenomenon, as there is no unified and comprehensive system in place for state entities to gather information on these attacks, the report states.

It recommends consolidating effective public policies, implementing essential institutional reforms, promoting criminal investigations to dismantle major perpetrators and prevent impunity, and developing protection mechanisms appropriate to on-the-ground realities.

“Alongside ensuring accountability for the killings that have occurred, addressing the structural causes of this human tragedy with a comprehensive and integrated approach must be the priority, for all relevant authorities in Colombia, to protect human rights defenders and to enable them to carry out their critical work safely,”  added the UN Human Rights Chief.

Funding cuts to the UN Human Rights Office in Colombia in 2025 have severely hampered its ability to protect human rights defenders and carry out preventive measures. As a result of these cuts, the Office has been forced to significantly reduce its missions to high-risk areas, impacting its capacity to monitor the killings of human rights defenders and respond to urgent requests from at-risk communities.

ENDS