Los miembros del concejo municipal de Rivera se hallaban bajo la protección especial del Ministerio del Interior y de Justicia por amenazas de las FARC-EP contra ellos.
Esta grave infracción del derecho internacional humanitario pone otra vez de manifiesto el absoluto desprecio de las FARC-EP por esa normativa. Atentar contra la vida de miembros de la población civil es una conducta claramente prohibida por el artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra y por el artículo 4º del Protocolo II adicional, normas que los integrantes de los grupos armados ilegales están obligados a respetar en todo tiempo y lugar.
La Oficina reitera que en su reciente informe sobre Colombia la Alta Comisionada, señora Louise Arbour, instó a los jefes y demás integrantes de las FARC-EP a cumplir su obligación de respetar la vida y la integridad personal de todos los civiles.
Al condenar enérgicamente los asesinatos y las amenazas de muerte de las FARC-EP contra los concejales del país, la Oficina urge a los integrantes de este grupo ilegal a que respeten los derechos fundamentales de todas las personas que ocupan cargos públicos o participan en el proceso electoral.
La Oficina hace llegar su voz de condolencia y solidaridad a los familiares de las víctimas, y a las autoridades y la ciudadanía de Rivera.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2006/02/cp0608.pdf
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