En qué consiste el proceso de paz de Colombia
De qué se trataría el post-conflicto
El post-conflicto no puede ni debe tratar de la re-estructuración del Estado; de reformas de profundo calado como la Ley de Restitución de Tierras y de Victimas, eso sí, pero no de desmontar el Estado para reconstruirlo a imagen de la guerrilla.
Ahora sí, es posible defender la visión de que la construcción de la paz en Colombia tampoco puede reducirse a una empresa minimalista que requiere solamente superar las secuelas específicas del conflicto. En un conflicto caracterizado por la existencia de potentes ideologías de violencia, que institucionalizan a la guerra como modus vivendi, por entramados de producción y tráfico de drogas, comercio ilícito de armas, desplazamientos masivos de comunidades y crímenes atroces la solución no puede más que ser integral y multidimensional.
Pero, no tiene porque ser tampoco una empresa maximalista. La paz no puede convertirse en sinónimo de una sinergia total entre desarrollo, equidad social y una democracia perfecta. La sociedad perfecta no existe, y si no que se lo pregunten a los suecos, la sociedad envidiada por todos que hoy esta inmersa en una profunda crisis de identidad. Mezclar las agendas de la paz y del desarrollo perfecto puede generar problemas de eficacia y de legitimidad de los acuerdos de paz. El desarrollo es un proceso continuo, y no existe un momento preciso en el que se pueda decir que los cambios socio-económicos son suficientes para no dar razón de fondo a un asalto contra el Estado.
Al fin y al cabo, el caso colombiano es típico de un conflicto que puede tener origen en reclamaciones estructurales, pero que se ha transformado en su transcurso en intereses de naturaleza económica, y aspiraciones políticas que dominan la agenda y las motivaciones de los combatientes. Hoy no necesariamente hay relación necesaria entre aquello que desató el conflicto y aquello que contribuye a su perpetuación.
No se trata, pues, de buscar soluciones económicas al conflicto, sino simplemente de cometer las políticas que el país necesita, con o sin la existencia del conflicto armado. No solo es imposible saber qué tanto bienestar económico o equidad son precondición de la paz, sino que es dudoso que un grupo armado ilegal este dispuesto a dejar las armas simplemente porque se hayan puesto en marcha políticas de desarrollo y de mayor equidad social. Puede que el grupo armado utilice esas políticas de desarrollo como el pretexto, el puente de oro, que necesitaba para dejar las armas; pero a la convicción de la total inutilidad de su lucha armada llegará por otras razones.
Por otra parte, no todo lo que es esencial para el desarrollo lo es para la construcción de paz. En el caso colombiano esta tiene que ser entendida como una empresa de serio calado, eso sí, pero no un esfuerzo sin claros horizontes. Tendrá que incluir el cese de hostilidades, la recuperación de los daños causados en el transcurso del conflicto, incluyendo en este caso una histórica reforma agraria – la Ley de Restitución de Tierras y de Victimas -y la instauración de los mecanismos judiciales, policiales, económicos y políticos necesarios para prevenir la reanudación de la violencia.
El post-conflicto no es una empresa inacabable. El post- conflicto seguirá atacando problemas como la pobreza y la inequidad, tal y como lo esta haciendo hoy, e igual que lo estan haciendo democracias avanzadas, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde las disparidades socio-económicas son abismales, o en el propio Estado de Israel, una economía altamente sofisticada que arrastra los niveles de pobreza más altos de los países de la OECD, sin que por ello signifiquen una amenaza de insurgencia revolucionaria.
Con base en la experiencia de varios países (como El Salvador, Guatemala y Sudáfrica), hoy existe acuerdo acerca de que el post-conflicto – o sea, políticas dirigidas a resolver tanto las secuelas directas del conflicto como cuestiones estructurales de desarrollo social y económico – no debe de esperar al fin del conflicto y el cese de las hostilidades. De esa manera, esas políticas desarrollistas y de cambio social y político ayudan a crear el ambiente propicio para el proceso de paz. Y ese, efectivamente, es el camino elegido por Colombia. Al crear las condiciones para la apertura de las negociaciones, el gobierno colombiano puso al mismo tiempo las bases del perfil de la Colombia del post conflicto en sus dimensiones esenciales, la domestica y la regional-internacional.
Las razones de las Farc para negociar
La razón por la cual las FARC finalmente respondieron al momento histórico está indudablemente relacionada con la brillante política regional del gobierno colombiano que ha diluido el eje bolivariano y ha achicado el espacio político regional en el que se movía la guerrilla.
En otras palabras, el proceso colombiano fue facilitado por el cambio geoestratégico que se produjo en el entorno regional de Colombia, cambio que por otra parte ha dado un estímulo considerable a las potencialidades económicas colombianas.
El caso del proceso colombiano no es, pues, muy diferente a lo que sucedió en el caso de Oriente Medio y América Central, donde fue el cambio en el entorno internacional y regional, surgido tras el final de la Guerra Fría, el que creó las condiciones para el inicio de un proceso de paz.
Aún antes de finalizar el conflicto, Colombia empieza a beneficiarse del post-conflicto en su despliegue económico regional.
El fin del conflicto colombiano tendrá sin duda un impacto histórico también más allá de las fronteras nacionales. Si la Venezuela de Chávez se ha convertido en un narco-Estado donde los seguidores del régimen son verdaderos señores de la droga, esto se debe a las relaciones privilegiadas que existen con la narco-guerrilla colombiana.
Una solución al problema colombiano no sólo tendría repercusiones en México, donde los carteles de la droga están desgarrando el país, sino que también afectaría significativamente al consumidor de drogas más importante del mundo, Estados Unidos. Esto afectaría igualmente al África occidental que se ha convertido en los últimos años en el punto de tránsito de las drogas provenientes de América del Sur y con destino a Europa. Sin embargo, la paz en Colombia tendría su principal impacto en la sociedad de Colombia.
La ley de víctimas y de restitución y la paz
Las nuevas y ambiciosas leyes que ofrecen reparación a las víctimas del conflicto y la restitución masiva de tierras a los campesinos desposeídos es ya un rasgo del post-conflicto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aborda dos cuestiones: la reparación de las víctimas y la restitución de millones de hectáreas de tierras robadas a los campesinos mediante repetidas violaciones de los derechos humanos a lo largo de un conflicto entre guerrillas de más de 60 años.
Santos ha encaminado Colombia hacia la paz desmitificando el atractivo de un grupo guerrillero que utiliza la bandera de la reforma agraria para justificar indecibles atrocidades.
Este es un enfoque muy original, ya que aspira a conseguir la paz en Colombia a través de la pacificación de las regiones violentas, haciendo justicia con los campesinos desheredados, y mejorando radicalmente la vida de millones de habitantes de las zonas rurales de Colombia. Devolver la tierra a los campesinos desposeídos y ofrecer una reparación económica a las víctimas y a todos los desplazados por el conflicto se ha convertido en el camino para alcanzar la paz. Normalmente, este tipo de leyes se aplican únicamente cuando el conflicto ha acabado. Sin embargo, en este caso concreto, la ley se está poniendo en práctica mediante un enorme esfuerzo fiscal y cuando aún el conflicto sigue vivo.
No cabe duda de que la Ley de Restitución de Tierras fue de vital importancia para las políticas de paz, ya que logró sus dos objetivos, dar justicia a las zonas rurales de Colombia y conseguir la presencia de la guerrilla en las negociaciones. Fue nada menos que Alfonso Cano, ex jefe de las FARC, quien definió la Ley de Restitución de Tierras como «esencial para un futuro de reconciliación» y como una «contribución a una solución real al conflicto». Si se ejecuta según lo previsto, esto constituiría la revolución social más profunda de la historia de Colombia.
El mensaje mixto para Colombia de otros procesos
La experiencia empírica transmite mensajes mixtos a Colombia. Por una parte, estudios comparativos indican que la construcción de paz se facilita cuando los conflictos no giran en torno a identidades étnicas o nacionales. Y el colombiano no es un caso étnico-nacional.
Por otra parte, la riqueza de Colombia en recursos naturales ofrece una causa, por artificial que sea, a los insurgentes. La experiencia conocida es que países que dependen poco de la extracción de recursos naturales tienen mayor probabilidad de éxito en la construcción de paz
Colombia tendrá que resolver este dilema y las exigencias de las FARC y del ELN en materia de recursos naturales a través de la participación política. Difícilmente, puede un país basado en el principio de la seguridad jurídica a los inversores, extranjeros y locales, aceptar un giro revolucionario en esta materia.
El mensaje mixto que experiencias comparativas ofrecen a Colombia afecta también al hecho de que los conflictos de bajo costo en victimas y desplazamientos se asocian con mayor efectividad de la construcción de paz, ya que así los impedimentos sicológicos a la reconciliación suelen ser menores.
Por otro lado, y este podría ser el caso de Colombia, entre mayor sea la duración del conflicto, mayor será la probabilidad de que tanto las negociaciones de paz como una efectiva construcción de la paz acaben en éxito.
Ventajas de Colombia para construir la paz
En esta encrucijada vital, vale la pena destacar también la ventaja que posee Colombia al momento de enfrentarse a los desafíos de la construcción de la paz. Se trata de la solidez de sus instituciones, o sea de la fortaleza del Estado.
Es verdad que el débil control del Estado sobre vasta zonas del territorio nacional puede explicar en gran medida el auge del fenómeno guerrillero; pero los éxitos en la lucha contra las FARC van achicando constantemente el espacio vital de los insurgentes. El Estado gana terreno constantemente.
De todos modos, ya no se trata de una situación en la que se corre el riesgo del colapso, o incluso del debilitamiento, del Estado por la fuerte competencia por el control del territorio y por la legitimidad por parte de los grupos armados. Más aún, más allá de la cuestión territorial, están las instituciones democráticas del Estado colombiano. Un Estado fuerte como el colombiano posee el aparato institucional necesario tanto para conseguir un acuerdo de paz que sea avalado por las instituciones democráticas como para sacra adelante las políticas necesarias del post-conflicto.
Claves para la legitimidad de un acuerdo de paz
Con base en estudios comparativos, es posible deducir que sólo los acuerdos extensamente institucionalizados -que aporten garantías institucionales a las partes- tienen probabilidad de ser estables. La efectividad de la construcción de la paz será mayor donde los conflictos cesen por medio de un acuerdo que incluya a todas las partes relevantes, que provea garantías a las partes en conflicto, que especifique los requisitos, compromisos y pasos que se darán hacia la implementación y que cuente con respaldo institucional.
No cabe descartar la ayuda internacional en proyectos de post-conflicto, pero hay que tomarla también con cautela y sin demasiadas ilusiones.
A pesar del impacto positivo de la ayuda en las posibilidades de construcción de paz, en el caso de muchos actores internacionales, el paso del compromiso al desembolso efectivo de recursos ha sido difícil. En muchas oportunidades, las «buenas intenciones» no se han materializado, lo que ha dejado incompleta la labor de construcción y reconstrucción. En ello ha incidido la disponibilidad de recursos totales -menor entre más países compitan por ella- así como la importancia estratégica de los países para las grandes potencias internacionales.
Acuerdos de paz entre elites no son suficientes; es necesario que consigan legitimidad social. La participación de la sociedad civil en un proceso de paz puede contribuir a la legitimidad y la sostenibilidad de los acuerdos de paz. Desde los acuerdos de Oslo hasta los de Arusha, se ha demostrado que el enfoque en las negociaciones de paz de élite tiende a dejar a la población sin la percepción de haber participado en los marcos de construcción de paz acordados, socavando así la capacidad de los gobiernos para alcanzar una paz sostenible.
Así, al igual que en el caso de la Asamblea de la Sociedad Civil que operó en Guatemala paralelamente a la pista oficial de negociación, y los modelos participativos de Sudáfrica e Irlanda del Norte, la paz en Colombia ganaría legitimidad popular e iría mucho más allá de la finalización de un conflicto, siendo una verdadera reconciliación nacional.
Un nuevo concepto de seguridad para el pos-conflicto
Nadie espera que a muy corto plazo una paz celestial caiga sobre el campo colombiano; habrán guerrilleros que se resistirán a la desmovilización, y no es del todo imposible que nuevas versiones de BACRIM aparezcan en el escenario. No obstante, el fin de la marca FARC es el momento oportuno para que Colombia desarrolle un propio concepto de Homeland Security.
Eso significa un despliegue distinto al actual de la policía nacional; menos misiones netamente militares, y más misiones de protección cívica en el seno de la Colombia tanto urbana como rural.
Es necesario preparar las fuerzas de seguridad para los desafíos del futuro. Las líneas de la futura acción en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo en el plano nacional requieren que el aspecto netamente militar ceda a favor del aspecto inter-ministerial. El aspecto militar no es más que una dimensión dentro de un conjunto.
Es vital conquistar el apoyo de la población; por lo cual cuanto mas utilizas la fuerza menos eres eficaz. Las mejores armas son aquellas que no disparan balas. Lo humano, lo psicológico y lo cualitativo prevalecen sobre lo material y lo cuantitativo.
Es también necesario desarrollar sistemas de fuerza capaces de intervenir en beneficio de la población en temas civiles; las olas invernales por ejemplo. El jefe militar puede también ser un administrador, un negociador y un mediador en una época de transición del conflicto a la paz.
La reintegración de las fuerzas armadas
Es vital acelerar la llegada de los frutos de la paz a las zonas particularmente afectadas por el conflicto. Ha sido por los muy modestos progresos en la cuestión socio-económica que en Salvador y Guatemala -ambos son casos de procesos de paz exitosos– hubo un dramático incremento en la criminalidad. El éxito duradero de la paz requiere ofrecer logros tangibles en la economía y en la profundización de la democracia en la Colombia profunda.
El éxito de la paz requiere reintegrar y reinsertar en la sociedad a los insurgentes, y eso hay que hacerlo al mismo tiempo que se tratan las necesidades de las victimas.
En Mozambique y Sierra Leone eso se hizo con la integración de los rebeldes en las fuerzas de seguridad. No hay que olvidar que la paz puede crear una crisis en toda la industria de guerra –ejército, policía, personal carcelero, empresas de seguridad. Así que tanto las fuerzas del Estado como los insurgentes requieren integración; de otra manera se desestabiliza el post-conflicto.
La policía puede monitorear actividades de excombatientes y producir informes mensuales. En esta cuestión de la reintegración se pueden desplegar redes de Centros de Referencia y Oportunidad a través de los departamentos relevantes.
Eso requiere estimular a autoridades electas y sectores económicos a participar en proyectos de reintegración dentro de la comunidad a la que los excombatientes pertenecen. Eso es aconsejable hacerlo en el marco de un equilibrio entre los beneficios acordados a los excombatientes y los derechos de las victimas a la reparación.
Más aun, para frenar el inevitable resentimiento por parte de otros elementos en la comunidad por lo que a veces parece ser el trato preferencial a los desmovilizados, es necesario invertir en infraestructuras para el beneficio de toda la comunidad. Eso permitiría a Colombia hacer un salto cualitativo de las infraestructuras rurales, cosa que significaría mayor apoyo a las familias desplazadas por el conflicto, y mayores perspectivas de éxito contra el cultivo de la droga.
Paz vs. Justicia
Paz y justicia suelen ser incompatibles. En 2006, el Lord Resistance Army en Uganda se le ofreció amnistía para que deje las armas. Pero el ICC ordenó el arresto de los líderes. El jefe de la oposición en Uganda (Morris Agenga-Latigo):
“The ICC has become an impediment to our efforts. Should we sacrifice our peacemaking process here so they can test and develop their criminal justice procedures there at the ICC? Punishment has to be quite secondary to the goal of resolving the conflict” (“La Corte Penal Internacional se ha convertido en un obstáculo para nuestros esfuerzos. ¿Debemos sacrificar el proceso de paz aquí para que ellos puedan probar y desarrollar sus procedimientos de justicia criminal en la Corte? El castigo tiene que ser secundario a la meta de resolver el conflicto”)
La resolución de conflictos es una empresa de equilibrios. Todo intento de resolver el conflicto mediante la aplicación total y absoluta de la justicia puede resultar en que los rebeldes prefieran seguir viviendo al margen de la ley en una mentalidad de guerra permanente. Pero, de la misma manera, es inconcebible e inadmisible construir la paz sobre el olvido total, la impunidad y la mentira. Ahí está el dilema que nos obliga a buscar un equilibrio legítimo entre justicia y paz.
La difícil cuadratura del círculo requiere contextualizar la aplicación de la justicia, reconocer el marco político del debate sobre justicia y paz, no solamente su marco jurídico.
Se trata de una solución política, un gran pacto nacional de democracia y solidaridad. El marco jurídico tendrá que ser valorado como parte de una estrategia más amplia. La paz requiere pagar un precio que no es nunca fácil de digerir por parte de la sociedad civil.
La sociedad civil podrá acoplarse al alto precio que exige la paz, si esta se consigue mediante un proceso transparentemente democrático, que sea atento a objetivos de justicia social, desarrollo, reparación y, más que nada, garantías de finalidad del conflicto, de no repetición y de desmantelamiento completo de estructuras, aparatos de violencia y redes de soporte.
Visto de otra perspectiva: ¿Debe el debate centrarse en las penas a los desmovilizados, que sin duda son inadecuadas, o en las perspectivas de paz y el fin de la violencia? A las víctimas del pasado parece que no se les hará plena justicia. Pero ¿será este proceso y este sacrificio que se exige a la sociedad colombiana capaz de proteger a las potenciales víctimas del futuro? La tensión entre los imperativos de la negociación y la tentación de la impunidad no puede resolverse más que a través de un equilibrio sensato.
Me gustaría aclarar: Yo no tengo el derecho, ni es mi intención, recomendar a Colombia lo que debe o tiene que hacer en el tema de la justicia transicional. Simplemente, no me incumbe en este momento tan delicado del debate en el seno de la sociedad y la política colombianas. Por lo tanto, lo que sigue no es más que una rápida marcha a través de la experiencia histórica en torno a la justicia transicional.
Experiencia histórica en torno a la justicia transicional
Es verdad, la experiencia nos enseña que la amnistía no ha sido siempre una receta para la paz. Eso se vio en Haití, donde la amnistía acordada en 1994 entre Aristide y la junta militar que le depuso no evitó la irrupción de otra guerra civil; en Sierra Leona, donde en 1999 la paz con el Frente Unido Revolucionario se basó en una amnistía general que el Frente utilizó para reforzarse y reanudar la guerra en el año 2000; y en Kosovo, donde el ansia y la premura para llegar a un acuerdo llevaron a que los acuerdos de Rambouillet descartaran todo el elemento de justicia, dando así una especie de amnistía a los responsables serbios del genocidio, de tal manera que nada menos que Slovodan Milosevic asumió el status de «garante» de la paz en Kosovo. El resultado fue desastroso: los serbios aceleraron su campaña de exterminio y desplazamiento en Kosovo, lo que al final obligó a la comunidad internacional a invadir y doblegar a Serbia.
Por otra parte, leyes de amnistía llevan siendo utilizadas como herramientas para poner fin a un conflicto y facilitar una transición negociada desde hace más de 50 años. Así pues, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2009 se han registrado alrededor de 500 casos de amnistía en 130 países. Se trata de amnistías relacionadas con todo tipo de conflictos, entre Estados, conflictos armados internos, transiciones a la democracia, etc. Desde los años 70 hasta hoy, al menos 14 Estados en cuatro continentes diferentes han declarado amnistías para regímenes que habían cometido serias violaciones a los derechos humanos.
No pocos han sido los casos en los que amnistías por serios crímenes han facilitado transicionespacíficas. España, Suráfrica, Tajikistan y Mozambique son algunos ejemplos.
Todos estos casos, en los cuales las leyes de amnistía facilitaron la transformación del Estado en una democracia viable y respetuosa con el Estado de Derecho y los derechos humanos, desmienten el argumento de los críticos de las amnistías según el cual, sea cual sea el contexto, sin justicia por las violaciones de los derechos humanos no podrá haber paz.
Al contrario, en ciertos contextos, y siempre cuando la amnistía se ofrezca dentro de un contexto más amplio de justicia transicional y reformas democráticas, las leyes de amnistía pueden alejar a las sociedades de su pasado violento.
El caso de Surafrica es particularmente interesante por la amplia base democrática sobre la cual se otorgó la amnistía. Esta fue evaluada por el Comité de Amnistías de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y se otorgó desde luego no a grupos, sino a individuos, previa confesión de todos los delitos cometidos.
El procedimiento fue ampliamente considerado legítimo dado que fue el producto de extensivos procesos de consulta democráticos y transparentes y que, además, eran respetuosos con los valores multiculturales de la sociedad surafricana.
En otras palabras: un consenso interno amplio, transparente y democrático puede ofrecer la necesaria legitimidad para la articulación de un cuadro generoso de desmovilización y reinserción que contemple beneficios judiciales hasta hoy impensables.
Es importante notar que durante el proceso preparatorio para la creación de la Corte Penal Internacional (Comisión Preparatoria de la CPI) muchos Estados se resistieron a la prohibición total de su derecho a aprobar leyes de amnistía, y se opusieron a la prohibición explícita de las amnistías en el Estatuto de Roma. Y en efecto, tal prohibición fue omitida del Estatuto de Roma.
Igualmente, las leyes de impunidad no son nada infrecuentes. Así, después de la creación del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia (Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – ICTY), la cuestión de la amnistía fue abordada durante las negociaciones de paz del 1995 en Dayton. El resultado fueron unas amnistías limitadas para cada una de las dos entidades que conformaban Bosnia-Herzegovina: la Federación de Bosnia y la República Srpska.
La amnistía puede ser también condicional, y combatientes que se niegan a participar de una forma genuina en el proceso podrán ser procesados. Más aún, individuos que han gozado de amnistía corren el riesgo de perderla si vuelven a cometer crímenes. Este tipo de amnistía condicional es aconsejable por su efecto de disuasión. Se trata pues de una amnistía por crímenes del pasado, no por los del futuro.
En muchas discusiones sobre leyes de amnistía se parte de la premisa según la cual las víctimas se opondrán. Y no es así. Sondeos de opinión en Uganda, Argelia, Uruguay han dado resultados sorprendentemente altos a favor de la amnistía. En 2007 en Uganda, solo el 3% de los encuestados afirmaron preferir la justicia al perdón. El 81% respondieron que la amnistía era el mejor camino para la paz. A veces, las sociedades necesitan aparcar la justicia para conseguir la paz.
Estos procesos de reconciliación requieren, eso sí, la creación de comisiones de la verdad, programas de reparación y proyectos de memoria histórica pues estos mecanismos sirven como reconocimiento del sufrimiento de las víctimas.
La autonomía de Colombia frente a justicia internacional
Si Colombia se decidiese soberanamente por fórmulas de penalidad atenuada como herramienta para salir del conflicto armado más antiguo y más sangriento en la historia del continente podría hacerlo no solo como una forma pragmática de salir del conflicto armado, sino también porque en este momento histórico en el que Colombia sale hacia un nuevo futuro, y se enfrenta al reto de la reconciliación nacional, que requiere el perdón también para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que hayan cometido violaciones de los derechos humanos, se requieren medidas excepcionales aplicadas a un caso excepcional en un momento excepcional en la historia de Colombia.
En ese caso, la comunidad internacional se quedaría en un segundo plano. Más aún, la Corte Penal Internacional no pondrá dificultades, ya que en sus propios estatutos existe una deferencia hacía el derecho soberano del Estado en esta materia. El estatuto no prohíbe explícitamente la amnistía. Los que redactaron el Tratado de Roma “querían tener en cuenta las iniciativas de reconciliación nacional que implicasen ofertas legítimas de amnistía o una paz internacional estructurada”.
El problema diplomático sería soluble. El mayor problema lo tendría el gobierno colombiano en casa, en la opinión pública, el estamento político y jurídico. El principal escollo al que se enfrentaría el gobierno sería interno. Por lo cual, posiblemente el debate podría girar en torno a fórmulas alternativas, tal como régimen de sentencia reducida para aquellos que colaboren con la justicia, régimen de sentencia alternativo pudiendose cumplir sus penas en un entorno no carcelario, indultos, suspensión condicional de la ejecución de la pena, asilo en un tercer país, o extradición de individuos que se nieguen a participar en el proceso de paz.
Ninguna de estas posibilidades descarta la necesidad de colaborar con la justicia, y participar en Comisiones de la Verdad.
La paz en Colombia y la globalización
Colombia, según un reciente informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU esta destinada a ser una de las grandes sorpresas de la economía mundial. Eso no depende de la solución del conflicto armado; pero el fin del conflicto facilitaría que este despegue histórico sea más socialmente incluyente, y por lo tanto más potente y sostenible si cabe.
Instituciones inclusivamente democráticas son vitales para impulsar la globalización. Esa es la razón por la cual los países que mejor se adaptan a la globalización no son necesariamente los mas ricos ( Arabia Saudita, Irán, Nigeria), sino los mas democráticos (Polonia, Taiwán, Thailandia, Korea…). Rusia se encuentra en tal caos precisamente por sus problemas de estabilización democrática. Son las civilizaciones débiles las que ven una amenaza cultural en la globalización
Lo que la India es capaz de hacer lo es no menos Colombia, convertirse en un hub de economía del conocimiento, y la ventaja de Colombia es que tiene materias primas. Una globalización eficaz es aquella en la que la educación es más importante que el reparto, e incluso más que la reforma agraria. La educación es hoy la verdadera distribución de riqueza; es solo a través de la educación que las nuevas generaciones podrán entrar en la gran revolución de oportunidades de la economía del conocimiento. Sigue siendo verdad que sociedades polarizadas que carecen de una clase media robusta fracasan en su encuentro con la globalización.
La hora de Colombia
La paz en Colombia no depende del desarrollo, pero debe ser acompañada y cimentada por él. Este proceso de paz, no obstante, anuncia que esta podría ser la hora de Colombia, la hora de un despegue de dimensiones históricas de las infraestructuras en este país, infraestructuras que consoliden la paz a través de la plena integración del territorio nacional en un Estado que llega a, y controla eficazmente a través de sus instituciones, todos los rincones de su vasta geografía.
En esencia se trata de rehabilitar las lecciones fundamentales que el economista ingles John Maynard Keynes intentó inculcar a los estadistas europeos después de la Primera Guerra Mundial en su libro: “Las Consecuencias Económicas de la Paz”.
Keynes intentó explicar que los mayores desafíos para una era de paz no son políticos o territoriales, sino económicos. Hoy podríamos añadir ecológicos también, y que las grandes amenazas a la estabilidad no residen solo en cuestiones de fronteras y soberanías, sino en alimentación, transportes y carbón. Al derrotado, no hay que aplicarle un castigo, es más bien necesario integrarle.
Desde los escombros de la guerra, Keynes invitó a su generación a pensar en la reconstrucción del futuro, para el cual la demagogía y la mano dura del patriotismo vindictivo parecían irrelevantes. Mitos políticos son nefastos consejeros para una era de paz.
Franklin Delano Roosevelt, cuatro veces presidente, y el que lideró Estados Unidos a lo largo de prácticamente toda la segunda guerra mundial fue el gran alumno de Keynes. No en vano es recordado mas que nada como el hombre del New Deal, estructuras y trabajo social. Colombia necesita un proyecto titánico de infraestructuras a nivel del New Deal para la integración del territorio nacional.
La guerra solo pueden hacerla los insurgentes y las fuerzas de seguridad, los demás son sus victimas pasivas. Pero la paz, en cambio, debe construirla el conjunto de la nación.
El éxito del proceso de paz, y de la misma paz, depende de que haya un apoyo politico y social activo al proceso. La buena noticia es que las fuerzas armadas están hoy mas aliadas y compenetradas con el liderazgo civil de la nación, e incluso están representados en la mesa de negociación. Eso reduce el riesgo de una tensión entre civiles y militares que pueda dar al traste con el proceso, como en el pasado.
El actual gobierno ha tenido éxito en proyectar su visión y estrategia de paz a través de la administración civil y de la jerarquía militar, y también ha sabido empezar a resolver cuestiones cruciales de desarrollo rural, asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos.
También es una ventaja que sus interlocutores de las FARC dan la impresión de ser un grupo unido y cohesionado detrás de la política de paz. También es verdad que comunidades rurales en zonas de conflictos ya no consideran a las FARC como defensores de sus derechos. Lo cual requiere que el gobierno recupere la fe que podría haber perdido en su capacidad de resolver sus problemas. Esa es la razón por la cual es vitalmente necesario llegar a una participación óptima de las sociedades rurales e indígenas en el proceso.
El coraje para hacer la paz
