Restituir predios abandonados o despojados cuando el conflicto armado aún se siente con rigor en aquellas zonas donde se concentran las reclamaciones de tierras es una de las tareas más complejas que afronta hoy el gobierno nacional.
En terreno, las comunidades campesinas, indígenas y afros, pero también los funcionarios que documentan las reclamaciones, se han encontrado con la presencia de actores armados ilegales o de personas que se oponen a la restitución que hacen más difícil la tarea encomendada a la Unidad de Tierras.
Sabogal habló con VerdadAbierta.com sobre estos y otros temas, entre ellos la situación de algunas regiones donde se adelanta el proceso, las que aún están pendientes y respondió algunos cuestionamientos que desde diversos sectores le hacen sobre la puesta en marcha de esta política.
VerdadAbierta (V.A.): Si hoy hiciera un balance del trabajo de la Unidad de Restitución, ¿cuáles han sido los principales logros?
Ricardo Sabogal (R.S): Primero, una institucionalidad formada a lo largo y ancho del país: la Unidad de Restitución, los magistrados y jueces; un equipo en la Superintendencia de Notariado y Registro dedicado al tema de tierra; otro equipo en el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), en el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi); un equipo en la Policía Nacional dedicado a este tema y un programa especial de protección a reclamantes.
Dos, es la primera vez que en Colombia una norma transicional tiene un tránsito efectivo. Basta compararlo con la Ley de Justicia y Paz que en materia de tierras consiguió 22 restituciones, o la Ley de Extinción de Dominio, que si bien no es transicional, sí toca la propiedad de la tierra y a estas alturas se han extinguido un total de 750 predios rurales. Esta Ley, la de Víctimas y Restitución de Tierras, ha logrado recuperar más de mil 200 predios que habían sido arrebatados a los campesinos.
Otro gran logro es que en estos dos años de vigencia de la Ley hemos recibido un poco más de 65 mil reclamaciones de tierras. De esas, 35 por ciento están intervenidas (22 mil), es decir, estamos estudiando los casos y estamos midiendo los predios. De esas más de 20 mil reclamaciones, 11 mil ya están finalizadas en lo que le compete al gobierno, es decir, ya se presentaron a un juez o se rechazaron según los requisitos que estipula la norma.
(V.A.): ¿Y qué dificultades y obstáculos han tenido en este tiempo?
(R.S): La mayor dificultad, que se sabía desde un principio, era restituir en medio del conflicto. La seguridad complejiza el tema de la restitución. El otro asunto son las minas antipersonal, esos vestigios de la guerra que en muchas zonas del país no dejan que el proceso avance a la velocidad que se quiere. Hasta que no se desmine no es posible devolver la tierra.
Otro punto es el tema de la informalidad en la tenencia de la tierra, definitivamente nuestros campesinos no tenían títulos. Y paralelo a ello, hemos encontrado que los sistemas de información de las entidades que tienen por ley administrar la tierra en el país no son los mejores. En ese sentido, en algunas zonas el catastro está desactualizado, en otras no existe o la información que se tiene no corresponde con la realidad. Si el catastro está desactualizado eso continúa en el registro público y genera problemas.
(V.A.): En regiones como los Montes de María, Magdalena, Santander, Cesar y Córdoba se han presentado varios casos de opositores al proceso de restitución. ¿Qué patrones comunes han encontrado en esa zona? Por ejemplo, al leer las sentencias uno nota que entre 2006 y 2010, justo después de la desmovilización, hay una transformación de las tierras que los campesinos abandonaron por la violencia…
(R.S): Qué hemos encontrado en el análisis de las reclamaciones: uno, zonas donde actores armados ilegales se apropiaron totalmente de las tierras y ahora las tienen testaferros. Son casos que ha hemos documentado y presentado a los jueces. También hemos encontrado zonas donde empresas compraron tierras abandonadas por desplazados. En cierta forma terminaron comprando un ‘pan envenenado’, es decir, tierras con problemas. Son empresas serias que en el país son reputadas por su cumplimiento a la ley pero terminaron adquiriendo ese tipo de predios.
Hay otros que casos de empresarios inescrupulosos, o más bien, unos inescrupulosos que se hacen pasar por empresarios y vieron en esto una oportunidad para quedarse con tierras a precios ínfimos. También hemos encontrado en tierras abandonadas o despojadas a campesinos buenos, trabajadores, que adquirieron esa tierra sin saber que tenía problemas. También campesinos vulnerables que se asentaron en esos predios porque no tenían otra opción de vida. En otros casos, campesinos que fueron movidos por actores armados, gente vulnerable que está ahora en algunos predios.
(V.A.): En estas zonas mencionadas hay grupos de palmicultores, ganaderos e industriales que se han resistido al proceso. ¿Cómo le han hecho frente a esa situación?
(R.S): Lo que hemos hecho con algunos de estos actores es tener un diálogo muy fluido, explicarles el proceso cómo es, qué derechos tienen, la forma de asistir al proceso y en algunos casos, a partir de la información que ellos nos dan sobre cómo han vivido el proceso, retroalimentar para mejorar lo que estamos implementando. Hemos sido claros en que no deben temer los que adquirieron los predios de debida manera y que si en dado caso alguno de ellos tiene que devolver tierra, será indemnizado de acuerdo con las pruebas que presente ante el juez. Hemos sido claros en que la restitución no la decide el gobierno nacional sino los jueces de la República. Y en ese sentido, hemos expresado que las actuaciones de ellos tienen que estar dirigidas a explicarles a los jueces la forma en cómo adquirieron sus fincas.
(V.A.): Como la Unidad lo ha dicho públicamente hacer restitución en medio del conflicto no es una tarea fácil. En varias zonas del país no solo hay presencia de las Farc sino desde hace varios años de bandas criminales. ¿Cuáles son de momento esas zonas vetadas para trabajar? El Pacífico, el Urabá, el sur de Bolívar…
(R.S): Recordemos que esta norma se aplicó en medio del conflicto y eso implica que en algunas zonas no podamos adelantar procesos de restitución. Hay zonas muy complejas como el Catatumbo (Norte de Santander), en el Urabá (comprende porciones de Córdoba, Antioquia y Chocó), en el sur del país el sur del Tolima que es difícil; el sur del Meta que también es complicado o Putumayo, Nariño y Cauca. En esas zonas se hace la restitución, pero obviamente no con la misma velocidad y determinación que se hace en otras regiones sino que se van cogiendo pequeñas porciones de municipios donde se comienzan a dar las primeras puntadas del proceso.
(V.A.): ¿Qué va a pasar con aquellas regiones donde el concepto sobre seguridad siempre es negativo, como en el Bajo Cauca antioqueño? ¿Persistirán? ¿Hay riesgo de que la Unidad se vaya?
(R.S): Nosotros tenemos diez años para intervenir en restitución de tierras. Y en zonas donde aún el conflicto está vivo la idea es avanzar poco a poco y a la Fuerza Pública se le puso la tarea de ir avanzando en la consolidación de estas zonas. De esta manera, la Unidad de Restitución obviamente no va a salir de ninguna zona que haya sido afectada por desplazamiento o despojo. Ahora, concentrará sus tareas en otro tipo de actuaciones que no le impliquen llevar los casos a jueces en zonas donde la gente por ahora no va a poder volver, estará trabajando en la ubicación de predios, identificación de personas, haciendo trabajos de alistamiento para preparar el momento en que si hay posconflicto, pueda intervenir y tener ya una tarea adelantada.
(V.A.): Los combates provocados por el Ejército, las fumigaciones del Plan Colombia y además las minas antipersonas que dejaron los guerrilleros en algunos territorios fueron otras causas de abandonos masivos de tierras en Nariño, Caldas o en municipios como San Carlos, Antioquia. ¿En qué otras zonas están documentando casos similares?
(R.S): Nosotros trabajamos en restitución en zonas donde los actores armados ilegales obligaron a la gente a salir del territorio. Si hay regiones donde hubo una anormalidad por intervención de la Fuerza Pública esos casos se dirimen por los procesos administrativos ante lo contencioso administrativo. Intervenimos en los casos donde es un actor armado ilegal es el que expulsa a la población. Las fumigaciones no son un factor de intervención de la Unidad.
(V.A.): Según datos oficiales, Casanare registra el mayor número de desaparecidos. VerdadAbierta documentó que en esta zona hay varios casos de despojo, con el agravante de que las víctimas de esta zona ni siquiera fueron tenidas en cuenta durante el proceso de Justicia y Paz porque las Autodefensas Campesinas de ‘Martín Llanos’ no se desmovilizaron. ¿Cuándo entrará la Unidad a esta zona?
(R.S): El Consejo de Seguridad Nacional es el que da el visto bueno si puede o no intervenirse una zona. Casanare todavía no ha sido focalizado, es muy posible que en próximos meses esto ocurra. Se están haciendo los estudios de seguridad y toca esperar que el Consejo diga si es posible o no. Es importante decir que no son muchas las reclamaciones por despojo en este departamento.
(V.A.): ¿Qué decisión está tomando la Unidad de Restitución frente a los casos de Ley 2 de 1959, es decir, los casos de reclamaciones que están sobre territorios que son considerados zonas de reserva forestal o parques nacionales naturales? Hay zonas como Buenaventura, El Copey, Valle y el Magdalena Medio que están totalmente intervenidas. ¿Están aceptando las reclamaciones y solicitando al Ministerio que levante la restricción?
(R.S): Frente a predios ubicados en Ley Segunda ocurre lo siguiente: primero, si el predio se solicita en restitución y tiene su título previo a la constitución de zona de Ley 2 se tramita normal. Si está en una zona de Ley 2 que es factible de sustracción (de la reserva forestal) entonces se le solicita al Ministerio de Ambiente que haga la sustracción y de inmediato se procede la solicitud ante el juez para que se le devuelva el predio. Eso ya lo venimos haciendo. En principio era un poco tortuoso este proceso de sustracción, el Ministerio lo ha ido suavizando. De hecho hace veinte días tuvimos una primera zona que nos sustrajeron en Nariño, en el Tablón de Gómez, y que ya lo vamos a llevar a juez para que se le devuelvan las tierras a esa persona que tuvo que abandonarlas por el conflicto. Estos casos de Ley 2 los hemos visto en el Cesar, en Magdalena y Cauca. De hecho, de las 200 microzonas que tenemos hay unas que se traslapan con zonas de Ley Segunda.
(V.A.): ¿Por qué en el Cesar hay tantas quejas de los reclamantes de tierras? En los casos de Santa Fe, El Toco y Copey, que están microfocalizados desde hace dos años, los campesinos señalan que les han prometido mucho, pero que en realidad el proceso ha sido lento…
(R.S): Es una zona donde los casos que se están adelantando son de una complejidad enorme. El que más recuerdo es caso del predio El Prado que ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia y aún se han tenido dificultades para su cumplimiento. Pues ese no es un caso que se ventiló por la Ley 1448, pero funciona como ejemplo para mostrar la complejidad de los casos. El Toco, que es un caso que tenemos en la Unidad, nos ha llevado tiempo entender qué fue lo que sucedió allá porque cada pequeña parcela tiene una historia.
Entonces lo que hemos hecho es ir desmenuzando los casos y en la medida en que los vamos entendiendo, los vamos enviando al juez. Los jueces también se han tomado su tiempo para entender qué fue lo que pasó. Aunque es una sola parcelación, cada familia vivió diferentes momentos de violencia. Cada caso tiene una complejidad y eso nos ha demorado. También nos ha demorado que tenemos allá muchas zonas con Ley Segunda. Ha habido factores que no han permitido que marchemos como lo hacemos en Córdoba donde definitivamente el proceso se ha realizado sin tanto traumatismo.
(V.A.): Esta última explicación ¿es una respuesta de por qué la restitución en los casos de parcelaciones no ha sido colectiva
(R.S): Cuando a uno le hablan de parcelación uno siempre se imagina que las familias originalmente tituladas fueron las afectadas por el conflicto y son a éstas a quienes debemos devolver la tierra. Pero la realidad es mucho más diferente. Hemos encontrado no solo en El Toco sino en Magdalena, como en el caso de Chibolo, que varias de las familias originales decidieron venderle a un campesino y ese campesino fue el que aguantó el rigor de la guerra y fue desplazado. En unos casos ese campesino le vendió a otro, entonces ahora tenemos un tercero que dice que compró de buena fe. Entonces cada parcela es todo un caso y eso hace que uno no pueda generalizar sobre las treinta o cuarenta parcelas de una gran extensión que se le entregó a los campesinos, sino que tenga que mirar uno a uno para no cometer injusticias o abusos contra campesinos que sufrieron la guerra y que no aparecen como los primeros titulados.
(V.A.): En la Guajira también hay varios casos de despojo. ¿Qué trabajo está haciendo la Unidad en esa zona?
