Cecilia Cabrera lucha por saber de su «presunto desaparecido» esposo, administrador de la cafetería.
“Nos vemos a las once. Apenas llegue tu mami a cuidar a Alejandra, salgo para el restaurante”. Un beso apurado, entre tazas de desayuno, fue la última escena que Cecilia Cabrera compartió, en la mañana de ese miércoles 6 de noviembre de 1985, con Carlos Augusto Rodríguez, su esposo y socio en el restaurante que ambos administraban en el Palacio de Justicia.
No hubo reencuentro. En su lugar, una tragedia. Nacional y personal. La muerte de su pareja y la muerte en vida de ella. El drama prolongado por 29 años de ser la viuda de un “presunto” desaparecido y su misión de persistir, con sus suegros y cuñados, en buscar que la justicia borre ese apelativo del nombre del padre de su hija y el manto de sospecha por su supuesta colaboración con la guerrilla del M-19 en la toma del Palacio.
Pocos saben que a principios de los 80, Carlos Augusto Rodríguez –cuyo nombre figura como titular del proceso que en diciembre la Corte Internacional falló a su favor– se cotizaba como el ‘chusco’ (buen mozo) en San Juan de Pasto, ciudad natal de su padre y de Cecilia Cabrera, quien lo conoció por las casualidades que orquestan, sin saberlo, los amigos comunes.
Él, bogotano, ejercía un empleo temporal en la ciudad, y ella era estudiante de economía. Era 1982, cuando se enamoraron, un año después se casaron, y en el 85 nació su hija. El 6 de noviembre de ese año les despedazaron el idilio. Carlos Augusto tenía 29 años; Cecilia, 25; Alejandra, 35 días de nacida.
Hoy, casi treinta años después, Cecilia habla del año uno, del año dos, del tres, y así sucesivamente en ese modo bíblico de cronología. Reconfortada por el fallo internacional, pero dispuesta a seguir buscando justicia en Colombia, su voz revela que las violentas sacudidas de la incertidumbre, el dolor y el desprecio, privado y oficial, no le han endurecido el alma. Curada de espantos podría definirse este momento en su biografía, compartida con el destino de un hombre a quien la justicia internacional devolvió la honra.
¿Cómo llegaron a ser los administradores de la cafetería?
Cuando nos conocimos, Carlos se había graduado de una carrera técnica en administración de negocios, pero en Bogotá no consiguió empleo. Se fue a Pasto, donde algunos amigos le ayudaron con un contrato. Nos enamoramos. Su papá lo llamó a Bogotá y le dijo que el magistrado Meneses Franco tenía la cafetería del Palacio de Justicia y que se la subarrendaba a un familiar. Pero no estaba contento y quería entregarla en subarriendo a otra gente.
El magistrado y el papá de Carlos eran amigos, por lo que se nos facilitó el contacto y logramos el negocio en mayo de 1985. La oportunidad era grandiosa. Figurábamos en el contrato como administradores, pero éramos propietarios. Yo me había graduado como economista. Arrancamos a trabajar con empeño y nos iba bien. El contrato decía que no podíamos cambiar el personal, de manera que las personas que estaban trabajando el día de la toma ya tenían un récord laboral allí. Las hojas de vida nuestras fueron aprobadas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.
Nuestras referencias eran idóneas. Trabajé en el restaurante hasta poco antes de dar a luz. A inicios de noviembre ya me había reintegrado porque hacía falta. De hecho, el miércoles tenía que estar allí. Un imprevisto me salvó la vida, literalmente, y al tiempo me condenó a buscarlo, sin hallarlo.
¿Qué le impidió llegar?
Mi suegra nos cuidaba a la bebé. Ese miércoles, ella me dijo que se demoraría porque tenía que hacer unas vueltas. Quedé con Carlos en llegar a las once para coordinar los menús. La mamá llegó a las once. Salí apresurada. Llegué al centro a las doce. Me bajé en la 7.ª y entré a la iglesia de San Juan a hacer una oración. Lo hacía siempre. Luego caminé y vi que todo estaba acordonado. Las vías de acceso, cerradas. La reacción del Ejército fue inmediata.
Intenté por varias calles, pero no pude avanzar. Tomé una buseta para devolverme a la casa. La Policía paró el tráfico y obligó a los que íbamos de pie a bajarnos. Vi que por la carrera trece con décima llegaban tres tanquetas. Tomé un taxi hacia mi casa. Allí, mi suegra, llorando, marcaba y marcaba el número de Carlos en el restaurante. Me dijo: “Se tomaron el Palacio. Carlos no me responde”.
A las 6 de la tarde salimos mis suegros, la niña y yo. Ingresamos hasta cierta parte del centro. Tampoco pudimos avanzar. Dimos vueltas a la redonda intentando encontrar acceso. Les dijimos a los militares quiénes éramos. No nos dejaron pasar. Vagamos por las calles buscándolo. Pensábamos que por el miedo se habría logrado salvar y estaría escondido o herido.
Yo tenía confianza en que iba a aparecer. La fe que tenía era infundada. Lo buscamos toda la noche; hacia las dos de la mañana vimos las llamaradas en el Palacio. Las ráfagas. Los cañonazos. Lo buscamos en hospitales, fuimos al Cantón Norte, a las estaciones de Policía, a la Cruz Roja. Nadie nos decía nada de él. La rutina de la primera semana fue la búsqueda; luego comenzó la persecución.
¿Volvió al Palacio?
Volví a la sede donde reubicaron a los empleados judiciales. Allí todos me daban apoyo y ánimo. Hasta que, ocho días después, algunos medios publicaron que la “colaboración de los empleados de la cafetería con los guerrilleros era un hecho”. La vida nos volvió a cambiar y para peor. Magistrados, abogados, amigos y hasta parientes nos voltearon la cara. Caímos en desgracia. El estigma nos llegaba por todas partes. Esta tragedia la vivimos en el ostracismo. Y la sobrevivimos estrictamente entre nosotros, los familiares en primer grado de parte y parte. Nadie más nos ofreció ayuda ni consuelo. Los que se decían amigos y conocidos dejaron de serlo. En el 25.º año, en una de las audiencias, por el caso del coronel Edilberto Sánchez, su abogado nos acusó de estar buscando y actuando solo por el dinero y que para ello teníamos escondidos a nuestros familiares. No éramos víctimas, ni “presuntas víctimas”. Éramos culpables, y fue así hasta hace muy poco tiempo.
Usted habla de haber recibido llamadas en las que le decían que su esposo estaba vivo…
Sí, muchas llamadas, desde el año uno hasta el tercero o cuarto. Sonaba el teléfono y nos decían que él estaba vivo y herido. Otras llamadas eran amenazantes. Nos decían que nos jodiéramos con lo de la búsqueda porque sabían donde vivíamos. Un agente del B2 que conocimos en la sede donde reubicaron el Palacio nos visitó durante seis meses. Se hizo pasar por solidario. Nos preguntaba si teníamos noticias, qué pensábamos hacer. Nosotros confiamos. Le contábamos todo lo que íbamos recolectando. En realidad nos hizo inteligencia. Quería obtener información sobre si éramos guerrilleros o sobre qué planes teníamos. Un día dejó de visitarnos y desde entonces no lo hemos vuelto a ver. En otra ocasión nos llamaron y dijeron que había un casete con la voz de Carlos y que lo habían entregado al periodista Juan Guillermo Ríos. Lo buscamos. Nos dijo que no lo tenía. En el año 20 supimos que había un retazo de transcripción en los expedientes. En él se consignó: “Si encuentran las mangas que no tengan forma de hallar el chaleco”. Hablaban de Carlos.
¿Cómo manejó la situación con su hija Alejandra?
Hasta el 7.º año solo le decía “tu papi murió”. Ella insistía en que quería llevarle flores. Le dije que no se podía. El tema de “tu papi está en el cielo” se agotó. En el 12.º año, mi suegro le contó todo. En el colegio San Fason, ella quiso hacer una exposición sobre el Palacio de Justicia y su padre. No la dejaron. Alejandra ha crecido como los hijos de los demás desaparecidos, buscando a su padre. Se volvió la mejor asistente de su abuelo, que murió a los 90 años, pero dejó instalada la demanda en la Corte Internacional.
¿Y cómo sobrellevó su propio drama emocional?
Durante muchos años conservé la esperanza de que él estaba vivo. Aferrarme a eso me daba fuerzas. Con el tiempo tuve que aprender a vivir con la idea de que estaba muerto. En el 4.º año retiramos su ropa del clóset. En el 5.º año comencé a tener sueños repetitivos con él. Me despertaba sobresaltada. No lo podía volver a abrazar ni siquiera en sueños. Me revolvía en el dolor. El trauma se quedó permanente. Todavía ahora, en el 29.º año, no puedo quedarme sola en mi casa. No lo soporto, y menos en las noches.
¿Cree en la justicia en Colombia?
La fiscal Ángela María Buitrago nos devolvió a todos la noción de ello. Ella fue quien asumió y reabrió el caso en el 20.º año. Hasta entonces solo había un fallo absolutorio de militares para militares. Ella lo asumió hasta el 25.º año; cuando iba a establecer responsabilidades, la sacaron de la Fiscalía. Desde entonces no han habido nuevos adelantos aquí en Colombia. Ella, sin ser cercana ni nunca haberse tomado un café con nosotros, dedicó su trabajo a la causa de hacer justicia.
¿Qué cambia ahora con el fallo de la Corte Internacional?
Cambia el hecho de que nunca nadie jamás podrá volver a hablar de los presuntos desaparecidos. Todos los presidentes colombianos les habían dado esa categoría a nuestros familiares; “presuntos” significó haber puesto en duda la verdad durante estas 3 décadas. Tampoco se podrá hablar de “colaboradores de la guerrilla”, como enlodaron a Carlos y al resto de trabajadores de la cafetería.
A partir de este fallo, el Estado tiene que reconocer que ellos son los desaparecidos del Palacio de Justicia y que ellos fueron desaparecidos por las fuerzas militares de Colombia. El Estado también debe reconocer que hubo una retoma “desproporcionada” del Palacio y que la responsabilidad de sus consecuencias la tiene el Estado.
La Corte avaló las pruebas presentadas y las aceptó como ciertas, por lo que el Estado colombiano no va a poder absolver a los militares implicados. Cambia que el presidente Betancur deberá asumir la responsabilidad que le cabe. El fallo de la Corte no nos remedia la pérdida ni los traumas, ni los 29 años de muerte en vida, pero sí nos regocija porque es un gran suceso a favor de la verdad, la justicia y la reconciliación.
